Desde los albores de la ciencia económica hasta el presente, el marco institucional existente en los países ha sido considerado uno de los determinantes básicos del crecimiento de la economía y del nivel de vida de sus habitantes.
En un reciente informe del Banco Mundial se ha realizado una encuesta a 2.500 directivos de compañías multinacionales con vistas de determinar cuales son para ellos y por orden de importancia los factores que pesan mas en sus decisiones a la hora de invertir.
Los cinco más relevantes son: la estabilidad política, la macroeconómica, el entorno legal y regulatorio, el talento y las habilidades del capital humano y los impuestos.
El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un interesante informe con el sugerente título Asfixia Empresarial en el que presta especial atención a los costes y consecuencias de la sobrecarga burocrática y regulatoria en España.
Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE del País Vasco Europa Press
Si bien ambos elementos ha sido una constante en la tradición intervencionista patria desde tiempos inmemoriales, su evolución en los últimos tiempos y, en especial, durante el mandato de la coalición social comunista no tiene precedentes y habría que remitirse a los tiempos del franquismo para encontrar una situación similar.
Esto se ha convertido en un lastre brutal para que la economía crezca, la productividad se eleve y el PIB per capital de los españoles aumente.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el 73 por 100 de las empresas españolas consideran excesivas las regulaciones laborales y empresariales en España, 12 puntos por encima de la media comunitaria. España es el sexto Estado de la UE con peores resultados en ese terreno tras Portugal, Grecia, Chipre, Letonia y Malta.
El propio Ministerio de Economía considera que el 36 por 100 de la economía, valga la redundancia, soporta una sobre regulación, reconocimiento divertido cuando la política gubernamental no sólo no hace nada para solventar ese problema sino su actuación está caracterizada por una verdadera orgía intervencionista.
El 36 por 100 de la economía, valga la redundancia, soporta una sobre regulación
España no tiene sólo un exceso de regulaciones, sino éstas son de una pésima calidad. En el ranking elaborado por el Banco Mundial sobre esta materia, la Vieja Piel de Toro se sitúa en la cola de los países de la OCDE, ocupando el puesto número 27 de los 34 miembros de esa organización.
Esto no es baladí y para entender su alcance basta realizar un sencillo ejercicio. Si España tuviese una calidad regulatoria similar a la de, por ejemplo Dinamarca, el PIB por habitante sería 2.589 euros más alto y el de los hogares 7.500 euros.
Esta es una primera y sencilla aproximación al coste del intervencionismo gubernamental, a su demoledor impacto sobre el bienestar de los ciudadanos.
El gran George Stigler, Premio Nobel de Economía en 1982, realizaba una aproximación muy gráfica e ilustrativa para reflejar el grado de inflación normativa: el número de páginas ocupados por ella en los boletines oficiales de los Estados.
El caso de España es espeluznante. En 2023, las del BOE ascendieron a 238.700 y las publicadas en sus equivalentes autonómicos alrededor de 800.000.
Si un ciudadano quisiese estar al tanto de la ingente y, sin duda, apasionante producción “literaria” del Gobierno central y de los regionales debería leer 5.060 páginas por día laboral.
La economía española está atenazada por una mix burocrático-regulatoria que, en la práctica, constituye un impuesto oculto sobre la actividad productiva, sobre la renta de los individuos y sobre las empresas.
Ese brutal intervencionismo microeconómico se suma al keynesianismo fiscal-presupuestario articulando un Estado elefántico en su dimensión y tentacular como el gigantesco pulpo de 20.000 Leguas de Viaje Submarino en su penetración en la economía, que se ha convertido en un lastre insoportable para la prosperidad del país.
Si no se invierte de manera radical este estado de cosas, el declive económico será inevitable y, con el, el empobrecimiento de los ciudadanos.
España necesita una agresiva estrategia de liberalización de su economía. Es preciso acabar con la maraña burocrática y reguladora que paraliza la energía creadora de los individuos y de las empresas y cuyos únicos beneficiarios son un Gobierno cuyo objetivo es controlar la economía y reducir la libertad de los individuos y de las empresas.
Es preciso acabar con la maraña burocrática y reguladora que paraliza la energía creadora de los individuos
En un Estado moderno, la izquierda ya no necesita nacionalizar, apropiarse de todos los medios de producción para alcanzar esos objetivos. Le basta con extender cada vez más el manto regulatorio porque levanta menos oposición social y porque sus costes son menos visibles a corto plazo. Esta es la estrategia del nuevo colectivismo carnívoro, dar la apariencia de ser vegetariano.
Las políticas de oferta son imprescindibles para crecer, elevar la productividad y las condiciones de vida de los individuos pero, por desgracia, han desaparecido de la escena pública como lo ha hecho la palabra libertad.
A veces se proponen medidas parciales pero nadie plantea un paquete global y consistente de reformas encaminadas en esa dirección. Y es importante señalar algo que ha pasado al olvido: desregular tiene mayores implicaciones que las económicas. Supone devolver a los individuos y a las empresas un poder que les ha arrebatado el Estado.