La persistencia en el error del Gobierno se mantiene contra viento y marea. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Ejecutivo, Sra. Díaz ha conseguido por fin llevar su proyecto de reducir la jornada laboral al Congreso, eso sí, sin el apoyo de quienes ha aplicarla, los empresarios y en contra de la voluntad de los trabajadores.
De acuerdo con los datos de Eurostat, 1,1 millones de ocupados desearían trabajar más horas y no pueden hacerlo, el segundo porcentaje más alto de la UE tras los Países Bajos y el número de españoles que trabaja horas extraordinarias superó a finales de 2024 los 7 millones.
Al Gobierno social comunista no le importa o ignora los resultados de la disminución de la jornada en los países donde se ha aplicado. En Alemania su progresivo recorte en la década de los años 80 del siglo pasado no tuvo impacto positivo alguno sobre el empleo; en Francia, la Ley Aubrey lo destruyó y fue desmantelada casi en su totalidad por siete cambios legislativos.
Lo mismo puede decirse de las consecuencias de esa iniciativa en Italia, Bégica, Portugal y Eslovaquia. Los progresaurios patrios son inmunes a las consecuencias que producen sus políticas y tienen además el descaro de considerarlos derechos de los trabajadores.
Es bastante cansado recordar una y otra vez principios básicos de teoría económica, a saber: el trabajo puede ser sustituido por capital y su demanda depende del precio relativo de ambos factores de producción.
Si los costes laborales suben a raíz de la disminución de la reducción de jornada, la demanda de mano de obra caerá y, por tanto, se crearán menos puestos de trabajo y/o se destruirán parte de los existentes, salvo que la disminución de horas trabajadas se vea acompañada por la de los salarios lo que el Gobierno ni quiere ni va a permitir.
Esto produce efectos perversos radicalmente distintos a los esperados por la Sra. Díaz y sus socios sindicales.
Si los costes laborales suben a raíz de la disminución de la reducción de jornada, la demanda de mano de obra caerá
En este contexto es interesante hacer un sencillo ejercicio para evaluar los efectos de la disminución de jornada en la economía española.
La medida amentará el coste salarial por hora trabajada alrededor de un 6 por 100. En términos agregados esto supone un incremento de los costes laborales totales soportados por las empresas de unos 24.000 milloens. Pero para comprender el significado de esa monstruosa cifra es necesario profundizar algo más.
Conforme a las estimaciones del Banco de España, la elasticidad de la demanda de trabajo, esto es, la relación de intercambio entre la cantidad de trabajo demandado y el cambio porcentual en la tasa salarial es del 0,3-0,4, por 100 en España.
Esto implica que la disminución de horas de trabajo propuesta por el Gobierno y los sindicatos se traduciría en términos dinámicos una pérdida de empleo del 1,5 por 100 en los próximos años. Esto echaría por tierra las previsiones de crecimiento económico y de creación de puestos de trabajo proyectada por el Gobierno en su cuadro macro.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un encuentro con los responsables de la Asociación Nacional del Taxi, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 7 de febrero de 2025, en Madrid (España).
Dicho esto, esa brutal elevación de costes laborales derivada de la disminución de la jornada no opera de manera aislada, sino se complementa con otras medidas ya implementadas por el Gabinete social comunista como la subida un 4,4 por 100 del SMI para 2025.
El impacto combinado de ambas iniciativas será muy negativo sobre los colectivos con menor cualificación; es decir, sobre aquellas personas más vulnerables, termino tan grato a la retórica gubernamental.
A nivel micro, las pymes son las principales víctimas de las ocurrencias del Gabinete social comunista. Desde 2020, la productividad laboral en esa parte del tejido empresarial ha mostrado una tendencia decreciente.
Según los últimos datos disponibles, los elaborados por Cepyme, al cierre de 2024, la productividad del factor trabajo en las pequeñas y medianas empresas se situó por debajo de la registrada en 2019, acumulando tres trimestres consecutivos de caídas.
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En paralelo, los costes laborales han aumentado de manera sustancial, un 5,2 por 100 interanual en el tercer trimestre del año pasado.
En este contexto, la elevación adicional de los costes laborales unitarios soportada por las pymes tendría un efecto demoledor no ya sobre el empleo sino sobre la propia supervivencia de muchas de ellas que no se olvide constituyen el 99,08 por 100 del mapa empresarial español y el 66 por 100 del empleo total: las microempresas (menos de 10 empleados), un 30 por 100; las pequeñas empresas (10-49 empleados), el 20 por 100 y las medianas (50-249 empleados), el 16 por 100.
Pero da igual. La ceguera ideológica de la coalición gubernamental, su demagogia y su ignorancia le proporciona una coraza que la hace invulnerable ante cualquier criterio mínimo de racionalidad económica y social.
En el caso de la reducción de jornada al igual que en otros muchos hay que reconocer su coherencia igualitaria: dañan a todos si bien con distinta intensidad. Por eso, es básico que el Congreso rechace esta medida y se la devuelva, eso sí, empaquetada y perfumada a la Sra. Díaz y a los progresaurios sindicales.