El pasado martes el Gobierno aprobó 37,5 horas como jornada laboral máxima en España. Pero ya hay muchos convenios que están en esa hora o por debajo de la misma. Por tanto, la medida no es tan revolucionaria como quiere hacer ver la ministra.
La media de las jornadas laborales en España aprobadas por los convenios en 2024 es de 38,4 horas. Cómo aún hay convenios de 40 horas, eso significa que ya hay muchos por debajo de las 37,5 horas. Es decir, la medida no tendrá efecto en parte de los trabajadores. Para empezar los funcionarios y contratados públicos ya tienen esa jornada o menor.
Pero esta no es la única razón por la que esa medida es irrelevante a efectos prácticos.
En muchos trabajos, los de mayor valor añadido, la jornada laboral presencial no es definitoria de la productividad laboral. Es irrelevante en los que se utiliza el cerebro en todo o parte para conseguir los objetivos; y cada vez son más. La mayoría de los profesionales no desconectan al salir del lugar de trabajo. Siguen pensando en cómo hacer mejor sus tareas. Las horas de “silla presencial” no definen la productividad.
Los “servicios profesionales no turísticos” son ya el 7,5% del PIB español y el 16% de la exportación. En esos servicios la jornada laboral es irrelevante. La productividad de los ingenieros, consultores, juristas, arquitectos, periodistas, creativos, … es independiente de las horas de jornada laboral. Para todos ellos la propuesta de Yolanda Díaz es irrelevante.
En muchos trabajos, los de mayor valor añadido, la jornada laboral presencial no es definitoria de la productividad laboral
Lo mismo para los directivos de las empresas, autónomos o profesionales independientes. Para ellos el “derecho a la desconexión digital” fuera de la jornada es un brindis al sol. Y de ellos depende la productividad de las horas laborales de todos los trabajadores. Son los que aportan más valor añadido. Los claves en el crecimiento del PIB español.
Es verdad que un porcentaje de trabajadores verán reducida su jornada. La ministra habla de 12 millones. Sin embargo, la tendencia de los convenios colectivos es reducir las horas de jornada laboral. De manera que en dos años se calcula que, según esta tendencia, hubieran quedado sobre un millón de trabajadores con jornadas superiores a 37,5 sin necesidad de un decreto-ley.
En cambio, la subida salarial que supone la reducción general de jornada de golpe en esos empleos, acompañada del incremento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) expulsará del mercado laboral a parte de esos trabajadores; sus contratadores no podrán pagar esos salarios; también puede que entren en la economía sumergida.
En conclusión, la medida es propaganda. No tiene casi repercusión real. Es un ejercicio de supervivencia política de Sumar y la propia Yolanda Díaz.
Entonces ¿por qué se oponen las patronales?: por racionalidad económica.
La medida es propaganda
Muchos empresarios ya han negociado la reducción de la jornada en sus convenios colectivos. Pero lo hacen dentro de un marco (su convenio de sector o empresa) que les permite modular la jornada con la productividad. Esa es la clave.
Sólo los conocedores directos de la realidad de cada sector o empresa saben si la empresa puede competir en el mercado con 39, 38, 37,5 o menos horas de jornada manteniendo o creciendo la productividad. Esos son los directivos y representantes sindicales de cada una. A ellos hay que otorgar la capacidad de negociación.
Si esa reducción de jornada se hace sin aumentar la productividad se pierde competitividad y se genera desempleo. Por ejemplo, se puede reducir la jornada a cambio de distribuirla irregularmente en el tiempo, para adaptar la producción a la variación de demanda. Entonces se disminuye el stock almacenado y, por tanto, los costes financieros.
En resumen: la medida en general no es buena y algunos empleados lo pagarán yéndose al paro; ni es tan necesaria, como defiende la ministra.
Incluso le puede venir bien a la ministra de trabajo que el Congreso rechace su propuesta. Así podría denunciar demagógicamente a la oposición por dejar indefensos a los trabajadores manteniendo la controversia hasta las elecciones. Una manera de mantener su notoriedad en la opinión pública.
Para eso cuenta también con Junts que, con la escusa de representar a la pyme catalana (botiguers), mantendrá el suspense de su votación. Puro teatrillo.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
