El problema radica en que buena parte de estas medidas eran reducciones de impuestos indirectos. Esto supone, de forma prácticamente automática, aumento de precios y servicios por la repercusión del impuesto. Esto, al final, se ha hecho a medias, con lo que habrá aumento de inflación, aunque menor del esperado, y aumentarán las dificultades para cumplir con el déficit.

Aunque no lo parezca, la inflación sigue siendo un problema en España. Es cierto que la tasa de inflación no está muy lejos del objetivo, y que la inflación subyacente, es decir la que excluye alimentos y energía lleva varios meses bajando. Pero, subsisten varios problemas. En primer lugar, la inflación de los alimentos sigue en el 9%. Obviamente, los alimentos son imprescindibles para vivir.

Pero, además el porcentaje de la renta que se gasta en alimentación es muy superior en una renta baja que en una renta alta. Esto quiere decir que la inflación se está cebando en las clases más desfavorecidas. Esto suele ser así, pero se intensifica especialmente por el tipo de inflación que padecemos.

Por otra parte, otro efecto secundario es que el incremento de los precios, por ejemplo, del aceite de oliva, lleva a cambios en la dieta… hacia una dieta menos sana. Y eso, a medio plazo, genera costes sanitarios.

La inflación de los alimentos sigue en el 9%

Parte del problema de inflación alimentaria lo genera un factor completamente fuera de control, la sequía. El otro factor que aumenta los costes en la agricultura y la ganadería es la repercusión del coste de la energía. En principio, no hay mucho que se pueda hacer para reducir la factura de la energía importada, el petróleo y el gas.

Sin embargo, hay que ser conscientes de que la transición ecológica tiene un coste, y que este coste es mayor en las áreas rurales. Por ejemplo, reducir las bonificaciones a la energía utilizada en la agricultura, ganadería y pesca supone simplemente incrementar costes que se repercutirán al consumidor. Si todo esto se incrementa con “normas de protección animal”, lo que tendremos es menos producción de alimentos y/o mayores costes.

En fin, todo esto se puede acometer, pero hay que ser conscientes de que los costes aumentarán en España y en Europa, aunque no en el resto del mundo. Esto supondrá, además que la producción se desplace a los países en los que estas normativas son más laxas, es decir prácticamente cualquier otro lugar del mundo.

La disminución de la competitividad es un riesgo que no sólo afronta el sector primario y la alimentación, sino la economía española en su conjunto. Esto ha pasado bastante desapercibido, pero hay tres datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) que han pasado bastantes desapercibidos.

Por una parte, el deflactor implícito del PIB estaba en el tercer trimestre en el 6,1%, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior, pero muy por encima tanto de la tasa de inflación, 3,1% como de la inflación subyacente, 3,8%. Esto quiere decir que la inflación “interna”, es decir de lo que se produce en España es superior a la de los productos importados. Traduciendo, estamos perdiendo competitividad porque estamos produciendo más caro.

Además, el coste laboral unitario sigue subiendo y se está incrementando al 6,5%. En tercer lugar, no sólo suben los costes, sino que, además, la productividad se está reduciendo tanto si se toma en relación con hora trabajada, como en puestos de trabajo equivalentes a jornada completa.

A lo largo de 2024, la previsión es que aumentará la recaudación tanto del IRPF como de las cotizaciones sociales. En ambos casos, hay incrementos reales por varias razones. En el caso del IRPF, tenemos la progresividad en frío, es decir, el aumento del tipo efectivo sin aumento real de la capacidad económica. Este efecto debería ser menor que en años anteriores, pero llueve sobre mojado. En el caso de las cotizaciones, éstas aumentan, tanto porque aumenta el tope de la cotización máxima, como por el nuevo régimen de cotización de los autónomos.

Con independencia de lo que pensemos sobre la justicia de ambas decisiones, lo que es un hecho es que suponen aumentos de costes para las empresas. Por otra parte, si se deflactase la tarifa y no aumentasen las cotizaciones sociales, el aumento de ingresos públicos sería muy inferior al necesario para reducir el déficit.

La solución a estos dilemas pasaría por una reducción del gasto público. Sin embargo, esto no es sencillo porque dada la estructura del gasto, éste tenderá a incrementarse en las partidas más importantes como pensiones, sanidad o dependencia. Por otra parte, aunque el BCE comience a bajar los tipos de interés dentro de unos meses, los efectos de las subidas de tipos seguirán ahí, especialmente en el sector público. Por una parte, los nuevos títulos de deuda se emitirán a tipos más altos que casi todos los que vayan venciendo.

Por otra parte, como seguiremos estando en déficit, seguiremos teniendo más deuda pública. Además, el BCE va a ir dejando de reinvertir los vencimientos de los títulos que tiene. Esto hará más complicado ir colocando la deuda pública, lo que llevará a pagar tipos de interés más elevados.

En el corto plazo, el deterioro de la competitividad no se suele percibir. Pero, precisamente por eso, cuando se acumula, se termina en un ajuste drástico. También nos enfrentamos a un desequilibrio fiscal, tanto en los presupuestos de cada año, déficit, como acumulado, deuda pública.

La reducción del déficit se ha basado, hasta ahora, en el aumento de ingresos por impuestos directos, con cierta reducción de los indirectos, a la vez que aumentaba el gasto público con respecto a la situación anterior a la Pandemia. Este planteamiento tiene dos problemas, uno que no ha sido suficiente para reducir sustancialmente el déficit. El otro problema que empieza a avistarse es el deterioro de la competitividad por aumento de costes laborales, cierta caída de la productividad, e inflación que no se reduce al ritmo de nuestros vecinos europeos.

En términos generales, España se enfrentará a tres dilemas. El primero, y más obvio, es el de hacer el importante esfuerzo de cumplir con el objetivo de déficit de 2024 o quedarse a medio camino. El segundo, es si al hacerlo, en 2024, eso supondrá que tendremos, temporalmente más inflación. El tercero, y más importante, es si todo eso, se hará, o no, a costa de la competitividad de las empresas españolas. Esto dependerá en parte de decisiones internas, pero también de un panorama internacional particularmente incierto, del que hablaremos otro día.

¡Feliz 2024 a todos los lectores de El Español e Invertia!

*** Francisco de la Torre Díaz. Economista e inspector de Hacienda. Autor de “Y esto, ¿quién lo paga?” (Debate 2023).