Pese a la tormenta, el presidente del Gobierno no ha vacilado en prodigarse estos días en sendas apariciones públicas, durante las festividades de la Semana Santa, reivindicando los éxitos de su gestión: más de 200 leyes aprobadas con las que “se han llevado al BOE las demandas de la mayoría social del país”.

Un buen número para arrancar con toda propulsión la campaña electoral y tratar de evidenciar que, pese a las críticas, las divisiones internas y lo adverso de las circunstancias, el gobierno de coalición funciona.

Ingreso Mínimo Vital, Reforma Laboral, Reforma de las Pensiones, Ley Concursal, Ley de Memoria Democrática, Ley de la Eutanasia... son sólo algunas de las iniciativas del amplio abanico que integra el portfolio de éxitos legislativos del Ejecutivo.

"Prioridades entre las que no se encuentra, sin embargo, el saneamiento de las cuentas públicas, con un déficit por encima del 4% y una deuda pública en torno al 113% sobre el PIB"

Prioridades entre las que no se encuentra, sin embargo, el saneamiento de las cuentas públicas, con un déficit por encima del 4% y una deuda pública en torno al 113% sobre el PIB, según datos del Banco de España, cifras sensiblemente superiores a los umbrales fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (3% y 60%, respectivamente).

Una ausencia de corrección fiscal de la que, a buen seguro, la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calvino disentiría, alegando que el endeudamiento del total de las Administraciones Públicas se redujo en 2022 en más de un 5%.

Lo cierto es que esa cifra, lejos de ser fruto del rigor fiscal ni mérito de un plan de consolidación presupuestaria (inexistente), se debe, en esencia, a tres factores: una inflación récord, con el consiguiente incremento en la recaudación; un robusto crecimiento, que es, en realidad, un rebote duradero (no olvidemos que España fue el país que sufrió un mayor descalabro económico por el impacto de la pandemia, y no se espera una plena recuperación hasta finales del presente ejercicio). 

Y el maná de los fondos europeos, del que todo el mundo habla, pero del que la mayor parte de los actores empresariales e industriales alegan falta de transparencia, lentitud en la ejecución y un agónico impacto de resultados tangibles. ¿Qué ocurrirá cuando esos elementos exógenos decaigan?

Así las cosas, la realidad es que el debate sobre la reactivación de las reglas fiscales europeas para 2024 está sobre la mesa (la Comisión Europea presentará su propuesta legislativa en los próximos días), y el Gobierno no tiene un plan, y lo que es peor: tampoco escucha a organismos independientes y autorizados en esta materia, tales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España.

"Según los datos presentados por la propia Airef, el Gobierno ha decidido desoír hasta la fecha 23 recomendaciones para la mejora y eficiencia del gasto público, por un importe aproximado de unos 3.240 millones"

De hecho, según los datos presentados por la propia Airef, el Gobierno ha decidido desoír hasta la fecha 23 recomendaciones para la mejora y eficiencia del gasto público, por un importe aproximado de unos 3.240 millones. Y existen otras 154 propuestas de mejora que, según los datos presentados por el organismo, aún estarían en proceso de evaluación por parte del Ejecutivo.

Del mismo modo, la institución presidida por Hernández de Cos ha pedido al Gobierno en reiteradas ocasiones la elaboración de un plan de consolidación fiscal que permita reorientar la  política económica, pues, si no hay mejoras y reformas adicionales, el regulador estima que será complicado reducir el déficit por debajo del 3,5%. A este respecto, la respuesta por parte del Ministerio de Hacienda siempre ha sido la misma: “El escenario macroeconómico es muy incierto. No es el momento”. 

¿Y acaso constituye tan “elaborada” réplica base argumental suficiente para garantizar unas negociaciones favorables frente a nuestros socios comunitarios? Mientras que Sánchez, en el marco de su gira por los países del Mediterráneo para la preparación de la presidencia semestral española de la UE, ha predicado un “férreo compromiso con la disciplina fiscal”. 

Sin desdeñar una política social fuerte (en otras palabras, máxima flexibilidad, sin grandes restricciones cuantitativas), Alemania persigue limitar la reforma de las reglas fiscales comunitarias y propone una regla de gasto y una rebaja mínima anual del 1% de deuda pública para los países con mayores pasivos.

"Nuestro país ocupa, en concreto, la cuarta posición en nivel de endeudamiento, sólo superado por Grecia, Italia y Portugal"

En este sentido, conviene recordar que nuestro país ocupa, en concreto, la cuarta posición en nivel de endeudamiento, sólo superado por Grecia, Italia y Portugal.

Junto a Alemania, países como Austria o Dinamarca están en contra de una hoja de ruta más personalizada y lapsa en el tiempo para la reducción de la deuda, pues entienden que la situación de excepcionalidad económica no se puede extender eternamente y eso sería un incentivo perverso y disuasorio para la estabilidad presupuestaria.

Y aunque, en efecto, las vulnerabilidades reveladas durante la pandemia y tras el estallido de la guerra en Ucrania evidencian la necesidad de inversiones y reformas estructurales en ámbitos estratégicos que permitan avanzar hacia la llamada autonomía estratégica de la UE. 

Se trata de potenciar la competitividad del bloque comunitario y dotarle de mayor capacidad de resiliencia ante crisis futuras. Lo cierto es que una cosa son inversiones y otra bien diferente el dispendio del gasto público para sostener el escudo social (ideológico), las hipotecas territoriales y la creación de un clima de opinión favorable a las expectativas electorales.

Veremos cómo se maneja el Ejecutivo en los próximos meses. Sea como fuere, el regreso de las reglas fiscales europeas es inminente, España no parte como alumno aventajado y el Gobierno no tiene un plan. Sólo una senda de consolidación fiscal permitirá hacer compatibles las cuentas públicas con el crecimiento económico y los retos estructurales a los que nos enfrentamos. Por desgracia, tras más de una década de policrisis, parece que no hemos aprendido nada.

***Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.