Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso anunciaba el lunes una nueva bajada de impuestos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Bajo su mandato, se han aprobado un total de 20 disminuciones a través de seis leyes, cuyo resultado ha sido una rebaja de medio punto el tipo aplicable en todos los tramos de la escala autonómica del IPRF.

Además, se ha deflactado dicho impuesto y se han puesto en marcha o ampliado 13 deducciones. A esas medidas, que supone un enorme ahorro ciudadano, hay que añadir que se han equiparado a los menores acogidos y tutelados con los descendientes y adoptados. Se ha ampliado y unificado al 25% la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos.

Quienes hemos tenido la desgracia de vivir un fallecimiento cercano sabemos lo que implica poner en orden las cuentas paternas y el alivio que supone tener, al menos, una preocupación menos, en esos momentos tan terribles. Finalmente, se han suprimido todos los impuestos propios. Como era de esperar, Ayuso ha sido acusada de desmantelar el Estado de bienestar, los servicios públicos y de favorecer a los ricos. 

"Ferrovial quiere mejorar su situación y, para ello, busca trasladarse, legalmente, a un lugar donde la carga impositiva sea menor. Reducir costes se ha convertido en el octavo pecado capital"

En ambos casos, da la sensación de que el ciudadano cae seducido por cantos de sirenas y, por el camino, se deja conceptos muy importantes que algunos expertos y medios parecen querer esconder bajo la alfombra.

Ferrovial quiere mejorar su situación y, para ello, busca trasladarse, legalmente, a un lugar donde la carga impositiva sea menor. Reducir costes se ha convertido en el octavo pecado capital.

¿No es la esencia del empresario la búsqueda del lucro en el proceso de producción y distribución de bienes y servicios? ¿No es el objetivo del consumidor la obtención de bienes y servicios con la mejor relación calidad-precio posible? ¿Desde cuándo querer ajustar los costes fiscales es sinónimo de inmoralidad?

Por lo que leo, parece que la diferencia está en la cantidad de ingresos que obtiene el empresario. Algún grupo iluminado con acceso al dinero ajeno va a decidir, o peor, va a designar una comisión de expertos que señalen, cuál es el umbral a partir del cual los empresarios deben olvidar del porcentaje que los costes fiscales suponen en sus costes totales, y no moverse del país. La razón última es casi perfecta: por solidaridad patriótica. Podía ser mejor. Podría ser por mandato divino.

"¿Es tarea de los gestores públicos gastar más? No, su mandato es gastar mejor, es decir, lo necesario y de la manera más eficiente posible"

¿Imaginan que aplicamos esa lógica al consumidor? A partir de un nivel de renta determinado, el consumidor no debe reparar en la relación calidad-precio y ha de adquirir los bienes y servicios más caros, por patriotismo.

¡Así se activaría la demanda interna! ¿Suena raro? Las críticas al traslado de Ferrovial por exceso de cargas fiscales suenan igual de absurdas. Luego están los añadidos: quieren privilegios, quieren saltarse la ley, todo se lo deben al gobierno… Lo de siempre.

El tema de las bajadas de impuestos de Ayuso es casi peor. Porque la lógica de la crítica se centra en una falacia muy peligrosa. Si Ayuso deja más dinero en el bolsillo de cada ciudadano, entonces, necesariamente, va  a dejar descubiertas las necesidades de financiación del Estado de bienestar, básicamente, la educación y la sanidad, en la Comunidad de Madrid. Detrás de esa idea está el mantra según el cual, más gasto implica mejor servicio.

¿Es tarea de los gestores públicos gastar más? No, su mandato es gastar mejor, es decir, lo necesario y de la manera más eficiente posible. Los bienes y servicios públicos no son aquellos provistos por el Estado, sino provistos al público, por el mejor proveedor. De manera, que lleguen a todos los ciudadanos, con la mejor calidad posible.

"Durante la pandemia quedó claro. Donde no llegaba el sector público, llegaba el privado"

No es como una carrera entre el sector privado y el público. No son dos caballos que compiten por llegar primero para obtener un premio. Es una situación muy diferente. Dos mensajeros deben entregar un mensaje urgente. Da igual quién llegue primero, se trata de que llegue el mensaje lo antes posible. La provisión de bienes y servicios a la comunidad es un esfuerzo conjunto, de forma que, el que mejor lo consiga debe ser el sector que se ocupe de suministrarlos. Durante la pandemia quedó claro. Donde no llegaba el sector público, llegaba el privado. 

Pero ¿los proveedores privados de servicios destinados al público tienen afán de lucro? Por supuesto. Y yo, que me dedico a la enseñanza, también. Se puede tener vocación de servicio y afán de lucro a la vez.

Porque lucro significa ganancia o provecho, y todos, quienes trabajamos para el público desde el sector privado o desde el sector público, buscamos obtener una ganancia, sin que eso signifique rapiñar, estafar o abusar de nadie. Todo lo demás son unicornios volando y propaganda electoral. 

Quienes defienden la provisión pública del 100% de los bienes y servicios, financiado con impuestos a los ricos, redistribuyendo, además, con subvenciones y ayudas directas, quieren lo mismo que yo aunque el procedimiento es radicalmente diferente y genera efectos secundarios de mayor gravedad.

A eso hay que sumarle que su método solamente funcionaría si se forzase a los ricos disidentes para que no pudieran irse. Y, además, habría que obligarles a invertir en España, lo quisieran o no. Ese escenario no tiene en cuenta que la riqueza de los ricos no proviene del Estado, sino de la actividad privada. 

Por suerte, estamos en la Unión Europea, donde hay libertad de movimientos de capitales. Por eso merece la pena fomentar la creación de riqueza, de actividad económica, y mirar cada euro ciudadano recaudado con mucho cuidado, para dedicarlo a lo que haga falta, en vez de derrocharlo. Y esto, que parece una verdad de perogrullo, es anatema en un año doblemente electoral.