Después se lanzó de forma genérica contra los empresarios españoles, a los que acusó de ganar demasiado a pesar de que sus beneficios siguen por debajo de los niveles de 2019. Y, finalmente, la ofensiva propagandística del Ejecutivo se ha concentrado en los supermercados, a los que ha retratado como auténticos tiburones corporativos que solo buscan llenarse los bolsillos a base de aprovechar la subida de los precios para disparar sus beneficios.

¿Qué nos dicen los datos? De entrada, es un error pensar que los supermercados operan con márgenes abultados, puesto que las ganancias de las principales cadenas son muy moderadas en relación con sus niveles de facturación.

Repasando la información financiera disponible, el margen operativo de Carrefour en el primer semestre de 2022 fue de apenas un 0,6%. Durante el mismo periodo, el Grupo Día registró pérdidas por valor de 105 millones. Por su parte, Mercadona proyecta un beneficio para el conjunto de 2022 equivalente al 2,4% de sus ventas, mientras que los márgenes de Lidl y Eroski se pueden estimar en el 3% y 2%, respectivamente, en base a sus resultados de 2021.

El Gobierno habla de empresarios que se forran a costa de sus consumidores, pero la realidad contable describe un negocio de márgenes ajustados.

De hecho, si tomamos como referencia los costes que pagan los supermercados a los productores de alimentos y, a renglón seguido, los comparamos con los precios que soportan los consumidores en el punto de venta, encontramos un hallazgo muy interesante.

"Los supermercados han amortiguado una subida de hasta seis puntos en los precios de la alimentación"

Así, si bien los costes mayoristas se encarecen un 17% durante los doce últimos meses, el precio minorista experimenta una subida del 11%. Estos datos, facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, revelan que los supermercados han amortiguado una subida de hasta seis puntos en los precios de la alimentación.

Dicho de otro modo: aunque gastan un 17% para aprovisionarse de alimentos, solo repercuten 11 de esos 17 puntos en los precios de venta a los consumidores, amortiguando de tal forma el 35% del encarecimiento real. Si tomamos como referencia la Encuesta de Presupuestos Familiares, esto significa que cada hogar se ha ahorrado 340 euros a lo largo del último año gracias al esfuerzo de los distribuidores por amortiguar la subida de los precios.

Queda claro, entonces, que poner en la diana a los supermercados carece de justificación económica. De hecho, altos cargos del Ejecutivo como el ministro de Agricultura, Luis Planas, o el número dos de Nadia Calviño, Gonzalo García Andrés, han admitido públicamente que no hay evidencia de que los márgenes de los supermercados se estén ensanchando de forma significativa a base de elevar los precios de manera desaforada.

Costes fiscales y laborales

En tiempos de inflación, no podemos obviar una lección económica elemental: a saber, que los precios son el reflejo todos los costes asociados al proceso de producción. En este sentido, conviene recordar que el Gobierno de España ha elevado sustancialmente las cargas fiscales, regulatorias y laborales que enfrenta el sector de la distribución.

Empecemos por los impuestos. Este año entra en vigor el tributo que grava los plásticos de un solo uso. El impacto sobre la cadena de valor se estima en el entorno de los 690 millones de euros.

Lamentablemente, el nuevo gravamen no ha recibido tanta cobertura mediática como la descafeinada rebaja del IVA que se aplica desde enero a algunos alimentos. Sin embargo, el coste que tiene el nuevo gravamen sobre los plásticos no reutilizables supera en 30 millones el alivio asociado a la minoración selectiva del IVA, cuyo efecto se estima en torno a los 660 millones. Por lo tanto, el saldo neto de ambas decisiones será un incremento adicional de los costes que enfrentan los supermercados y sus proveedores.

Además de los cambios fiscales que afectan directamente a los supermercados, en los últimos años se han aprobado numerosas medidas recaudatorias que golpean a los distribuidores de alimentos y al resto de empresas de los demás sectores de nuestra economía.

"Desde que Pedro Sánchez es presidente, el gobierno de PSOE y Podemos ha aprobado al menos 54 subidas impositivas"

No hay que olvidar que, desde que Pedro Sánchez es presidente, el gobierno de PSOE y Podemos ha aprobado al menos 54 subidas impositivas. En el Instituto de Estudios Económicos (IEE) hemos estimado que el 70% de la subida recaudatoria recae directamente sobre las empresas, pero sería un error pensar que ese dinero se paga con dinero caído del cielo, porque el efecto indirecto de estos gravámenes se traduce, en última instancia, en precios más altos y sueldos más bajos, amén de una menor retribución a los inversores y accionistas.

Los supermercados no son ajenos a esta circunstancia y su capacidad de amortiguar la inflación se ve afectada por la insistencia en elevar la presión fiscal al sector productivo, hasta el punto de que tenemos máximos históricos de recaudación con un PIB que sigue un 1,4% por debajo de los niveles de 2019.

Hablemos ahora de regulación. La Comisión Europea ha advertido de la excesiva burocracia aplicada en España a los supermercados, los comercios y los puntos de vista minorista, hasta el punto de que nos considera el segundo país con más restricciones de este tipo.

Pues bien, en 2022 se han aprobado más de 20 nuevas obligaciones normativas que afectan directamente a los distribuidores de alimentos. La lista es una auténtica aberración: cambios en la normativa de atención al cliente, modificación del sistema de etiquetado en lenguas cooficiales, introducción nuevos requisitos para la rotulación de precios, reserva de al menos un 20% del espacio comercial para la venta a granel, obligación de financiar la instalación puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de los establecimientos, alteraciones del régimen de descarga de mercancías, modificación de la normativa de gestión de residuos…

El informe que hemos dedicado a esta cuestión en el IEE apunta que el IPC sería 1,7 puntos más bajo si mejorásemos el entorno regulatorio bajo el que opera el sector y apostásemos por una regulación más inteligente. Cada familia podría ahorrarse unos 470 euros anuales si los supermercados, los comercios y los puntos de venta minorista no estuviesen sujetos a la asfixia burocrática que se deriva de la imparable hiperregulación a golpe de BOE.  

"El IPC sería 1,7 puntos más bajo si mejorásemos el entorno regulatorio"

Y toquemos, por último, la cuestión de los costes laborales. Según el Instituto Nacional de Estadística, el coste bruto por hora y trabajador ha pasado de 19,01 a 22,31 euros desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Estamos ante un encarecimiento del 17,4% que, como es lógico, también presiona al alza la capacidad de las empresas de ofrecer precios más competitivos.

Política monetaria y déficit 

Desde la concesión del Premio Nobel de Economía a Milton Friedman en 1976, sabemos que la inflación es siempre y en todo caso un fenómeno monetario. Un sector puede presentar subidas o caídas de precio como resultado de las circunstancias de la producción o como producto de decisiones fiscales, regulatorias y laborales como las que hemos descrito en relación con los supermercados.

Sin embargo, cuando la subida de precios es generalizada, entonces estamos ante la constatación de que la masa monetaria ha crecido de forma excesiva, desbordando la realidad productiva y generando el consecuente desajuste.

Pues bien, el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un enorme agujero presupuestario durante el trienio 2020-2022 y ha financiado la brecha entre ingresos y gastos recurriendo al dinero de nueva creación que le ha ofrecido el Banco Central Europeo.

Sostener artificialmente la actividad económica ha generado todo tipo de distorsiones, hasta el punto de que nos hemos gastado 280.000 millones de euros que no teníamos y, a cambio, llegamos a 2023 con un PIB menor al de 2019.

Eso sí: ¿qué efecto tiene inyectar semejante cantidad de recursos en una economía que no solo no ha crecido, sino que sigue sin alcanzar los niveles de actividad previos a la pandemia?

En efecto, el desajuste entre la masa monetaria y la producción ha sido tal que hemos vivido un aumento vertiginoso de los precios. La inflación acumulada bajo mandato de Sánchez ya ronda el 15% y mi previsión es que seguirá creciendo al menos otro cinco puntos hasta que la situación se estabilice.

*** Diego Sánchez de la Cruz es analista económico. Dirige el think tank Foro Regulación Inteligente y colabora como investigador asociado con el Instituto de Estudios Económicos.