Bajo un estricto marco normativo, a cambio de este focus del sector hacia el servicio a la sociedad en general, la Unión Europea estableció unos mecanismos de apoyo y sostenimiento de las rentas, de manera que se pudiera compensar el esfuerzo realizado por agricultores, ganaderos y el resto de la cadena con una serie de transferencias presupuestarias (la PAC).

En el marco de esta política, los consumidores españoles han podido disfrutar a lo largo del último medio siglo de alimentos a precios asequibles, abundantes y sometidos a estrictos controles de calidad. Mientras, los productores, transformadores y distribuidores han repartido las rentas en función de su poder de mercado, del territorio donde operan y de los movimientos en los mercados internacionales, pero bajo un marco tendente hacia la 'soberanía productiva', es decir, reduciendo la dependencia de las importaciones de bienes agroalimentarios.

"Los consumidores han podido disfrutar a lo largo del último medio siglo de alimentos a precios asequibles, abundantes y sometidos a estrictos controles"

Este sistema que, en el fondo, podría ser considerado como un pilar más del Estado del Bienestar, afronta en los próximos años numerosos retos, siendo el más importante el cambio de prioridades por parte de las instituciones europeas. Bruselas considera que el gran asunto actual es el cambio climático y que de éste deben colgar el resto de las políticas europeas, estando entre ellas la PAC.

En este sentido, el liderazgo que Europa desea tener frente al mundo en materia de descarbonización de la economía e impulso de un modelo 'verde' y renovable, requiere de importantes inversiones que están exigiendo un rediseño de la política presupuestaria, tal como se ha puesto de manifiesto en la elaboración del Presupuesto plurianual europeo 2021-2027.

A ello se añade la recuperación macroeconómica, especialmente de los países que más han sufrido durante la crisis en el último año y medio. Dada la dificultad de España de recuperar los niveles de PIB anteriores a marzo de 2020 antes de 2023, y ante la incertidumbre en torno al comercio y las cadenas globales de valor, la agroindustria puede jugar un papel vital para mejorar la coyuntura socioeconómica y ejercer de 'tractor' de los sectores productivos que más pesan en el PIB nacional. Recordemos que en torno al 30% es la suma de turismo, construcción y automóvil, frente al 5,8% del PIB del sector primario y 11,4% del total del mercado agroalimentario europeo, según IVIE.

Por consiguiente, tanto la recuperación económica como la 'transición verde' pueden encontrar en el sector agroalimentario un poderoso aliado. Sin embargo, no es un proceso ni automático ni pasivo por parte del sector primario. Específicamente en materia 'verde' es imprescindible generar el espacio para acometer inversiones sostenibles, climáticamente neutras y que preserven la capacidad productiva agroalimentaria tanto en España como en el conjunto de Europa.

Precisamente este aspecto es el que se ve amenazado con iniciativas legislativas comunitarias como la Estrategia del Campo a la Mesa o la Estrategia Europea de Biodiversidad, las cuales pretenden instaurar una visión 'idílica' del campo en la cual la producción se focaliza fundamentalmente en lo local, ecológica, conservacionista y con limitación de actuaciones que alteren el actual medio natural.

Tanto la recuperación económica como la 'transición verde' pueden encontrar en el sector agroalimentario un poderoso aliado

Inevitablemente esta orientación llevará a una reducción de la producción agregada, más fragmentación de las explotaciones con lo que esto supone en términos de pérdidas de eficiencia y productividad (además de mayor debilidad ante situaciones de tensiones en la cadena de producción) y, por último, subidas de los precios tanto en origen como en destino de los alimentos.

Estas tensiones inflacionistas de fondo están empezando a manifestarse en los países donde más se ha avanzado en este tipo de camino conservacionista. Esto es menos notable todavía en España, la cual cerró 2020 con un superávit comercial agroalimentario un 34% superior a 2019 (17.337 millones de euros, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

Esta evolución favorable se ha mantenido en los primeros meses de 2021, cuando las exportaciones suben un 9,1% hasta mayo, con un liderazgo muy marcado de frutas y hortalizas, junto con carne, y con un peso total sobre el total español del 19%.

Ésta es la radiografía más precisa de cómo el sector agroalimentario español está evolucionando. Un sector que tiene que ser más proactivo que reactivo, articulando mecanismos de mercado que cumplan un doble objetivo: por un lado, contribuir a la lucha contra el cambio climático y, por otro lado, generar una actividad económica creadora de empleo, oportunidades y fijación de población en el territorio.

Ser competitivos y con mercados perfectamente articulados y conectados permite conseguir los objetivos climáticos, y no al revés. El sector agroalimentario español deberá reposicionarse poniendo en valor la enorme riqueza rural y natural que tiene Europa, sin la cual no es posible articular un 'Pacto Verde' económico y socialmente sostenible en el tiempo.

*** Javier Santacruz es economista y director del servicio de estudios Institut Agrícola.