El presidente de EEUU, Donald Trump. Europa Press
Estados Unidos va a cerrar otro ejercicio con un enorme desequilibrio presupuestario: más de dos billones de dólares de déficit.
Detrás de este abultadísimo desequilibrio de las cuentas públicas están el aumento del gasto estructural, la acumulación de deuda y una factura de intereses que pesa demasiado y empieza ya a condicionar las decisiones económicas del país. Los ingresos federales crecen, pero el gasto avanza prácticamente el doble de rápido, aumentando el agujero presupuestario respecto a años anteriores.
Dos billones de dólares es una cifra descomunal, pero quizá lo más relevante es que se está produciendo fuera de las circunstancias que tradicionalmente han servido para explicar grandes déficits públicos: recesiones, guerras, pandemias o emergencias de gran envergadura.
Durante una crisis económica, que el Estado incurra en déficits presupuestarios puede ser consecuencia directa de la propia recesión y de la respuesta diseñada para combatirla: los ingresos fiscales disminuyen, algunas partidas de gasto aumentan y los gobiernos pueden aprobar programas extraordinarios para sostener empresas, empleo y familias.
Pero ahora no parece que estemos viviendo ninguna situación excepcional y la pregunta es, por tanto, cuánto déficit puede permitirse Estados Unidos y por qué la economía estadounidense necesita enormes cantidades de financiación pública incluso cuando no está atravesando una crisis.
La pregunta es cuánto déficit puede permitirse Estados Unidos y por qué la economía estadounidense necesita enormes cantidades de financiación pública incluso cuando no está atravesando una crisis
Para comprender el problema hay que entender de dónde viene la brecha. Una parte importante del incremento del gasto federal procede de partidas que difícilmente pueden modificarse de un año para otro y, menos aún, reducirse. Pensar que el balance negativo es simplemente el resultado de haber gastado demasiado en un año concreto sería simplificar en exceso el problema.
Cada presupuesto público contiene decisiones sobre el presente: cuánto gastar en defensa, sanidad, educación, infraestructuras o programas sociales. Pero cuando la deuda acumulada alcanza niveles elevados, los intereses empiezan a convertirse también en parte del problema.
Durante el ejercicio fiscal 2026, el gasto en intereses sobre la deuda pública aumentó tanto por el crecimiento de la deuda como por unos tipos de interés más elevados. Y esto es probablemente lo que permite entender por qué la discusión fiscal estadounidense está cambiando.
Si el Estado gasta persistentemente más de lo que recauda, debe financiar esa diferencia. La deuda aumenta.
Si el coste de financiación también lo hace, atender esa deuda requiere mayores pagos de intereses. Y si esos pagos no son compensados mediante nuevos ingresos o reducciones de otros gastos, contribuyen, de manera recurrente, a mantener elevado el déficit.
Si el Estado gasta persistentemente más de lo que recauda, debe financiar esa diferencia. La deuda aumenta
Nada de esto es nuevo. Lo que ha cambiado es la escala. El tamaño alcanzado por la deuda hace que movimientos relativamente moderados en el coste de financiación tengan ahora consecuencias presupuestarias mucho mayores.
Sólo el aumento de los intereses en 2026 representó más de la mitad del incremento total del déficit respecto al ejercicio anterior. Y el gasto neto por intereses fue superior tanto al gasto federal en defensa nacional como al destinado a Medicare.
Durante buena parte de los años posteriores a la crisis financiera mundial, los gobiernos pudieron convivir con grandes cantidades de deuda dentro de un entorno de tipos de interés extraordinariamente reducidos. El volumen de endeudamiento importaba, pero su coste quedaba contenido por unas condiciones financieras excepcionalmente favorables.
En el caso de Estados Unidos, la combinación de un mayor volumen de deuda y tipos de interés más elevados está incrementando el coste de financiación del Tesoro y estrechando como nunca el vínculo entre política fiscal y condiciones financieras. Un déficit persistente obliga al Tesoro a obtener financiación.
Las condiciones a las que obtiene esa financiación determinan posteriormente cuánto debe dedicar del presupuesto al servicio de la deuda. El coste de los déficits pasados depende así, en buena medida, de las condiciones financieras presentes.
Durante buena parte de los años posteriores a la crisis financiera mundial, los gobiernos pudieron convivir con grandes cantidades de deuda dentro de un entorno de tipos de interés extraordinariamente reducidos
Y ahí aparece una dinámica especialmente incómoda. El déficit genera deuda, la deuda genera intereses y unos intereses mayores dificultan, a su vez, reducir el déficit. No es un círculo inevitable, pero sí una inercia cada vez más difícil de romper cuanto mayor es el volumen de deuda acumulado.
Reducir un déficit cercano a los dos billones de dólares de manera sostenida exige actuar sobre alguna de las variables que lo producen: gastar menos, ingresar más o combinar ambas cosas. Sobre el papel parece sencillo. Políticamente, mucho menos.
Recortar gasto obliga a decidir dónde hacerlo en un presupuesto en el que varios de los grandes capítulos están vinculados a programas sociales, defensa e intereses de la deuda. Elevar los ingresos plantea, por su parte, discusiones igualmente difíciles sobre fiscalidad, crecimiento, distribución de la carga tributaria e incentivos económicos.
De ahí que la evolución del mercado de bonos haya adquirido una importancia que va mucho más allá de los resultados anuales de las carteras de los inversores. Cuanto más tiempo permanezcan elevadas las rentabilidades de los Treasuries, mayor será la presión que irán trasladando a las cuentas públicas a medida que el Tesoro tenga que financiar nuevos déficits y afrontar sus necesidades de financiación.
Pero tampoco conviene invertir la relación causa-efecto. Un descenso de las rentabilidades puede aliviar la factura, pero no puede sustituir al ajuste fiscal. Estados Unidos necesita que el mercado de deuda le dé un respiro, pero también necesita reducir la velocidad a la que genera nuevas necesidades de financiación.
Un descenso de las rentabilidades puede aliviar la factura, pero no puede sustituir al ajuste fiscal
Ahí reside quizá la gran paradoja. Durante años, los bajos tipos hicieron mucho más llevadero acumular deuda. Hoy, cuando los intereses absorben ya más de un billón de dólares anuales, la rentabilidad de los bonos empieza a convertirse en el precio que paga Washington por su pasado fiscal.
Las elecciones legislativas de noviembre introducen, por tanto, algo más que una disputa por el control del Congreso. También enfrentan distintas concepciones sobre cómo gestionar unas cuentas públicas cada vez más difíciles de cuadrar: unos pondrán el acento en contener determinadas partidas de gasto; otros, en elevar la presión fiscal sobre empresas y rentas más altas.
Pero cualquiera de las dos vías se encontrará con el mismo punto de partida: una deuda acumulada durante años cuyo coste ha dejado de ser una cuestión secundaria. Y quizá esa sea la parte más incómoda del debate.
Durante mucho tiempo, los bajos tipos permitieron que el aumento de la deuda resultara relativamente llevadero. Hoy, con los intereses absorbiendo más de un billón de dólares anuales, la rentabilidad de los bonos se ha convertido en el precio que Washington paga por decisiones fiscales tomadas mucho antes de llegar a las urnas.
La política puede decidir quién paga más impuestos, qué partidas se recortan y qué prioridades merecen financiación. Puede discutir cuánto déficit está dispuesta a tolerar en los próximos años. Lo que no puede hacer es someter a votación el coste de la deuda que ya contrajo.
En noviembre votarán los estadounidenses, pero sobre la mesa habrá también dos billones de dólares de déficit. Y esos no tienen derecho a voto, aunque condicionen buena parte del margen de maniobra de quien gane.
*** Álvaro Galiñanes Franco, soluciones de Inversión & Asset Management Director en Santander Asset Management.