Un empresario de hostelería decía que no encontraba camareros profesionales para su campaña turística; los sustituía por estudiantes o personas que tenía que formar aceleradamente y, aún así, no tenía completas sus plantillas. Otro de la construcción se quejaba de la falta de albañiles profesionales. Hay empresarios que buscan profesionales especializados en la industria o servicios informáticos y no los encuentra.

Todo ello con un 16% de desempleo registrado (3,4 millones), más de 330.000 personas en ERTE y 218.000 autónomos cobrando por cese de actividad ¿Cómo es posible? 

Hay varias explicaciones posibles:

En algunos casos el sistema de educación y formación español no prepara para determinadas profesiones que exigen una especialización determinada.

El sistema de pensiones español impide cobrar más del Salario Mínimo Interprofesional si estás cobrando la jubilación, salvo que estés en “jubilación activa”

En otros casos los salarios ofrecidos no son suficientes para movilizar a profesionales que están cobrando el paro.

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) no tiene capacidad para incitar a dejar el cobro del paro e incorporarse al empleo.

También es posible que los que reciben el subsidio prefieren agotar sus periodos de cobro antes de perder este derecho.

Muchos de los cerca de 4 millones de personas que están recibiendo algún tipo de subsidio han empezado a cobrarlo hace aproximadamente un año. Acabará su periodo de cobro a finales de este año o principios del siguiente. Incorporarse antes al trabajo exigiría salarios muy interesantes.

Además, el sistema de pensiones español impide cobrar más del Salario Mínimo Interprofesional si estás cobrando la jubilación, salvo que estés en “jubilación activa”. Jubilación activa que reduce la pensión al 50% por lo que los salarios para solicitarla deben ser bastante interesantes.

Si el Ministro Escrivá quisiera disminuir la carga de la jubilación debería permitir que los pensionistas trabajasen y que sus impuestos por rentas de trabajo pasasen a ingresar a la Seguridad Social

La situación es paradójica porque el pago de los subsidios a desempleados, trabajadores en ERTEs y autónomos en cese de actividad, cuesta mucho dinero a las cuentas estatales. Según el Presupuesto de 2021, el coste de las prestaciones de desempleo es de 25.000 millones de euros. Un 23,1% más que en 2020.

Además, si los jubilados pudieran compatibilizar el cobro de su pensión con el trabajo se reduciría la carga de las pensiones. Este año más de 160.000 millones de euros según los presupuestos.

Si el Ministro Escrivá quisiera disminuir la carga de la jubilación debería permitir que los pensionistas trabajasen y que sus impuestos por rentas de trabajo pasasen a ingresar a la Seguridad Social. Seguro que los que lo hagan, durante muchos años se autopagarían parte de su pensión, en algunos casos casi toda.

En realidad hay muchas personas que están en perfectas condiciones para trabajar unos años posteriores a su fecha de jubilación (hoy los 66 años y unos meses). Pero no lo harán si eso supone que tienen que renunciar a una parte sustancial de la pensión.

Por otra parte, nuestra formación profesional es escasa y depende de multitud de legislaciones autonómicas, amén de estar constreñida por una administración rígida incapaz de adaptar sus currículos docentes a las necesidades de la empresa.

Con el decreto Castell se dificulta que los alumnos reciban clases de profesionales de la empresa, al primar en exceso los profesores puramente académicos

Lo mismo que la Universidad. El ministro podemita Sr. Castell está empeñado en hacerla más cerrada y corporativa, olvidándose que una de sus funciones es preparar jóvenes para el trabajo profesional. Con el decreto Castell se dificulta que los alumnos reciban clases de profesionales de la empresa, al primar en exceso los profesores puramente académicos.

Con ello se separa aún más a la institución universitaria del mundo real de la empresa. Incluso se corre el riesgo que la famosas Escuelas de Negocio españolas se vean obligadas a ser excesivamente académicas para poder expedir títulos oficiales y pierdan su esencia, que tanto éxito les ha dado.

En resumen, los incentivos negativos de nuestra legislación de desempleo, junto con la ineficacia de nuestro sistema de formación y ofertas salariales insuficientes dan lugar a esta paradoja: tener 4 millones de personas viviendo de diferentes prestaciones públicas por desempleo y empresarios que no encuentran los trabajadores que quieren contratar.

Y además pagamos la luz carísima.