Las relaciones institucionales, clave para el éxito de los fondos europeos

Las relaciones institucionales, clave para el éxito de los fondos europeos

La tribuna

Las relaciones institucionales, clave para el éxito de los fondos europeos

Los autores aportan datos de un estudio para acreditar la calidad del diálogo entre los políticos y los profesionales de los asuntos públicos.

Iván Soto Montse Escudero
7 mayo, 2021 01:53

Con la decisión del Tribunal Constitucional alemán de rechazar el recurso presentado por sectores de extrema derecha, se sorteó uno de los últimos escollos para el desembolso de los fondos europeos de recuperación. Y, sin embargo, es poco creíble que ese desbloqueo de las ayudas y créditos comunitarios sirva para algo si las Administraciones Públicas los utilizan en proyectos diseñados exclusivamente desde los despachos de un ministerio o una consejería.

Las políticas para atajar la crisis sanitaria y el subsiguiente condicionamiento de todas las esferas de la gestión pública han puesto de manifiesto la enorme capacidad que tienen los poderes públicos de determinar la marcha de cualquier actividad empresarial, cultural o social, y por extensión, la vida de los ciudadanos.

Aunque todo apunta a que cada vez está más cerca el fin de esta situación excepcional, es evidente que el ritmo en este proceso de vuelta a la normalidad y de aprovechamiento de los fondos de la Unión Europea vendrá también marcado por las decisiones que se están tomando en estos momentos desde las instituciones.

Ante este poder que algunos podrían tildar de leviatánico, resulta tranquilizador saber que los dirigentes públicos de nuestro país, una vez son elegidos o nombrados democráticamente, procuran estar en estrecho contacto con las organizaciones que representan a los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil, atendiendo los intereses que les son propios.

Ciertamente en los momentos más duros de esta pandemia ha podido no parecer así ante la urgencia con que tuvieron que ser tomadas las medidas anticovid. Pero, tal y como un reciente estudio de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y Deusto Business School ha revelado, la inmensa mayoría de políticos tienen una relación estable y natural con los grupos de interés dentro de su ámbito competencial.

La inmensa mayoría de políticos tienen una relación estable y natural con los grupos de interés dentro de su ámbito competencial

A la luz del citado estudio los decisores públicos entienden la actividad lobista, por un lado, como un derecho de las organizaciones o colectividades con un interés legítimo para trasladar sus inquietudes y pretensiones ante la acción legislativa y de gobierno; por otro, también lo conciben como una obligación que recae sobre las instituciones, puesto que son los propios agentes involucrados quienes mejor conocen tanto la realidad en la que están inmersos como el alcance real que puede tener la intervención pública. 

Este lobby concebido como imprescindible por la clase política está muy alejado de los clichés que se han construido en el pasado en torno a esta actividad.

La gestión de los asuntos públicos hoy día está regida por altas cotas de profesionalidad, ética y transparencia.  En opinión de los más de 120 policymakers encuestados, la relación con los profesionales de los asuntos públicos es particularmente útil en la detección de necesidades en la propia sociedad, la identificación de preferencias de actuación pública, la determinación de los colectivos afectados por la misma y la medición de los efectos que puede tener para el bien común y los intereses particulares.

La relación con los profesionales de los asuntos públicos es particularmente útil en la detección de necesidades en la sociedad

Así pues, España cuenta con unas instituciones que escuchan a los representantes de la ciudadanía y tienen en cuenta su posición ante las cuestiones que les afectan –más del 98% de los políticos incorpora total o parcialmente sus puntos de vista en los proyectos de actuación-.

Y, pese a que todavía quedan pendiente importantes cuestiones pendientes –por ejemplo, todavía no hay una legislación común a todo el territorio nacional que regule el lobby-, no deja de ser un factor más para encarar con esperanza la progresiva reactivación del país y el reto de dar el mejor uso posible a los fondos europeos de reconstrucción.

*** Iván Soto es coautor del informe de Deusto Business School y Montse Escudero es vocal representante del Foro Empresarial de APRI.

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