El impacto de la pandemia de la Covid-19, su prolongación en el tiempo y los efectos económicos de las sucesivas olas han situado al tejido productivo español en una posición de creciente vulnerabilidad, con un efecto notable en su viabilidad, en el empleo y en, definitiva, en el bienestar del conjunto de la sociedad española.

Por ello, ahora más que nunca es necesario, por un lado, desplegar una campaña de vacunación ágil y eficaz y, por otro lado, poner en marcha de manera urgente, ordenada y con una distribución equilibrada e integradora las medidas económicas (fundamentalmente, ERTES y ayudas directas) necesarias para asegurar la supervivencia de nuestras empresas. Y es que, lo que comenzó siendo un problema de liquidez, ha evolucionado hacia un problema de solvencia.

De manera adicional, debemos tener presente la importancia y la ventana de oportunidad que España tiene ante sí de la mano de los fondos europeos Next Generation que, con un presupuesto total de 750.000 millones de euros, constituye el pilar principal de la respuesta de la Unión Europea a esta crisis sanitaria, económica y social.

Lo que comenzó siendo un problema de liquidez, ha evolucionado hacia un problema de solvencia

En el caso de España, este paquete extraordinario de fondos supondrá una inyección de 150.000 millones de euros en los próximos seis años con dos grandes objetivos: por un lado, poner en marcha las reformas que nuestro país necesita y que reiteradamente nos ha recomendado la Comisión a través del Semestre Europeo; y, por otro lado, ejecutar las inversiones idóneas para la recuperación económica y la transformación del modelo productivo hacia uno más digital, verde y resiliente.

Sin duda, de la eficacia, agilidad y buena gestión de los fondos dependerá, en gran medida, el ritmo y la orientación de la recuperación a medio y largo plazo. Por ello, España no puede fallar y, entre todos, debemos trabajar lealmente para lograr el máximo impacto posible de estos fondos en nuestro país.

Por ello, en CEOE estamos trabajando intensamente en informar y apoyar a todas las empresas españolas al objeto de que puedan conocer el detalle de estos fondos y la evolución de su aplicación en España, así como en proponer al Gobierno distintas iniciativas y actuaciones orientadas a garantizar su adecuada gestión y ejecución con la máxima transparencia y eficacia.

En este sentido, el contacto estrecho con un amplísimo abanico de empresas y  organizaciones empresariales, nos permite identificar cinco grandes ámbitos, de cuya concreción y puesta en marcha dependerá la contribución de los fondos europeos a la recuperación de la economía española.

España no puede fallar y, entre todos, debemos trabajar lealmente para lograr el máximo impacto posible

En primer lugar, la entrada en vigor el 1 de enero de este año del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supone un paso importante para acelerar los plazos de ejecución de los fondos, si bien es necesario incorporar algunas modificaciones en el articulado del Proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación en las Cortes Generales para reforzar la participación del sector privado.

En concreto, es necesario desarrollar reglamentariamente la norma para dotar de mayor concreción y seguridad jurídica a una de las grandes novedades del texto: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).

De esta manera, al tratarse de una figura esencial por su componente estratégico y transformador (de momento se vislumbra un PERTE para el vehículo eléctrico y otro para el sector agroalimentario), resulta fundamental la concreción de esta figura, más allá de los cuatro artículos que recoge a este respecto el citado Real Decreto-Ley.

En segundo lugar, el éxito de estos fondos dependerá de un equilibrio entre, por un lado, la ejecución de proyectos transformadores liderados por grandes empresas y, por otro lado, la participación de las PYMES y los autónomos, ya sea dentro de iniciativas tractoras, por sí mismos o en colaboración con otros socios análogos.

Para lograr este objetivo es importante facilitar que aquellos proyectos que, sin llegar a la entidad de un PERTE, pero teniendo un mayor tamaño que los impulsados por pequeñas empresas, tengan fácil acceso a los fondos, a través de convocatorias adecuadas a sus características, para garantizar que generan un impacto transformador.

En tercer lugar, la Administración Pública debe garantizar seguridad jurídica en relación a los compromisos plurianuales para la ejecución de los proyectos de inversión, que exigen contar con un claro horizonte temporal. Sin embargo, por el momento, más allá de la previsión recogida en el artículo 41 del Real Decreto-Ley 36/2020, este extremo no se ha abordado en profundidad y podría generar problemas.

Este punto, además, puede facilitar enormemente la labor del propio sector público, especialmente en el ámbito de la planificación presupuestaria, que tantos quebraderos de cabeza y vaivenes está experimentando en los últimos tiempos ante la creciente incertidumbre política de España.

En cuarto lugar, existe un elemento que no está suficientemente presente en la agenda pública y de las empresas, pero que tiene una incidencia capital: el marco europeo de ayudas de estado. En concreto, dicho marco constituye un elemento a tener muy en cuenta tanto por la Administración Pública como por las empresas a la hora de canalizar las ayudas derivadas de Next Generation.

El concepto clave de 'intensidad de la ayuda', derivado de la zona geográfica, el tipo de empresa y el tipo de proyecto, puede suponer un freno a la capacidad de las empresas de recibir subvenciones públicas para acometer proyectos de inversión.

En consecuencia, por su relevancia, es fundamental acercar a las empresas la información sobre su funcionamiento y sus límites, que evite futuras consecuencias negativas en forma de sanciones europeas.

Por último, las empresas necesitan la máxima información y pedagogía respecto de la existencia de los fondos europeos, ámbitos de aplicación, condiciones o los plazos para presentar sus proyectos. No debemos olvidar que la mayor parte del tejido empresarial no ha participado nunca en una licitación o en una convocatoria de subvenciones.

La mayor parte del tejido empresarial no ha participado nunca en una licitación o en una convocatoria de subvenciones

Fruto de ello, en la plataforma digital CEOExEuropa, es posible acceder desde principios de marzo a un servicio de alertas que recoge todas las licitaciones de contratos públicos y las convocatorias de subvenciones con cargo a sus presupuestos y a fondos europeos ordinarios de todo el Sector Público español (desde un Ayuntamiento a un Ministerio), a la espera de incorporar las que se pongan en marcha con cargo a Next Generation durante este primer semestre de 2021.

Sin embargo, es importante que desde el sector público se refuerce la información a las empresas, especialmente a las PYMES y a los autónomos, de manera ordenada, actualizada y con un lenguaje sencillo.

En definitiva, nos encontramos en un momento muy relevante de la larga carrera de los fondos europeos, donde la precisión y concreción de algunos elementos clave contribuirá a acelerar su efecto de transformación en la economía española y en los modelos de negocio de nuestras empresas, a fin de situarnos en el vagón de cabeza de un proceso que va más allá de nuestras fronteras.

Las empresas estamos volcadas en todo ello y continuaremos contribuyendo activamente a la recuperación económica y a la transformación de nuestro modelo productivo.

*** José Alberto González-Ruiz es secretario General de CEOE.