Ahora que la campaña electoral madrileña entra en el mes decisivo, los competidores de Ayuso se centran en los temas sanitarios. No entran en los económicos porque tendrían el debate perdido. Menos aún en el fiscal, donde Ayuso tiene las de ganar.

No es un debate únicamente madrileño; es un debate mundial. Por ejemplo, en lo relativo al Impuesto de Sociedades es un debate incluso de Estados. La secretaria del Tesoro estadounidense,  Janett Yellen, ha hecho números y se ha asustado.

El Impuesto sobre Sociedades vigente en USA es del 21%. Biden quiere subirlo al 28% para financiar la post-pandemia. Hay innumerables países que lo tienen menor. La tasa media en Europa no llega al 20%. ¿Qué teme Yellen? Que algunas grandes empresas estadounidenses trasladen sus sedes corporativas a otros países; por ejemplo, a Irlanda cuyo tipo impositivo es del 12,5%.

Dentro de Europa, Irlanda atrae a muchas empresas que ponen sus centrales o las filiales fiscales en este país. El inglés como idioma local/global y esa tasa la hacen atractiva.

¿Qué teme Yellen? Que algunas grandes empresas estadounidenses trasladen sus sedes corporativas a otros países

La preocupación de Yellen es tanta que ha hecho un llamamiento al G-20 para acordar una tasa mínima para ese impuesto (sobre el 20%) en todo el mundo. Irlanda no está por la labor. Su política fiscal es un arma competitiva. Cobra menos por empresa, pero al atraer muchas, la recaudación total es mayor.

Además, tener centrales en el país le produce efectos económicos beneficiosos: trabajos bien remunerados, impuestos locales por inmuebles, IVA por el consumo de los empleados de esas empresas, puestos de trabajo indirectos por proveedores de todo tipo… Un negocio redondo. Pongo el ejemplo de Irlanda para evitar entrar en la polémica de los paraísos fiscales como Gibraltar cuya tasa es aún más baja (10%) y los que la tienen del 0%.

Por otra parte, Irlanda tiene un déficit público bajo (en muchos años ha habido superávit y en 2019 era del 0,5% del PIB, envidiable). Por tanto no puede decirse que el bajo tipo de Impuesto de Sociedades impida el buen funcionamiento de su Administración Pública.  

No es probable que el G-20 acepte la propuesta Yellen. Y, aunque lo apruebe, hay siempre mecanismos para zafarse de este tipo de resoluciones mediante la aplicación de mecanismos como amortizaciones aceleradas, desgravación por inversión, exportaciones, etc.

El llamado dumping fiscal no lo es tal. Es una decisión por la que un Gobierno decide competir para atraer inversiones extranjeras y fijar las nacionales. En democracia, es la voluntad de los ciudadanos que deciden si quieren unos gobernantes que apliquen estas políticas o no.

El llamado 'dumping' fiscal no lo es tal. Es una decisión por la que un Gobierno decide competir

El desarrollo del Estado autonómico, de la Constitución de 1978, ha permitido un cierto juego en materia fiscal. Además del tramo autonómico del IRPF, hay otros impuestos como el de Patrimonio, el de Sucesiones, y el de Transmisiones y Donaciones que caen bajo la competencia de los gobiernos autonómicos.

En el caso del País Vasco todavía hay mayor discrecionalidad. Tanta que la UE ha llamado la atención a su Gobierno por las llamadas "vacaciones fiscales" que gozaban ciertas empresas durante sus primeros años de funcionamiento.

Igualmente, dentro de ciertos márgenes, y según estime el mercado, las autonomías pueden endeudarse más o menos. Con esta deuda financian sus presupuestos, incluidos las cargas de intereses que suponen.

De manera que la competitividad fiscal entra dentro del juego económico entre las autonomías. Así lo han visto los diferentes gobiernos y, en especial, los de la Comunidad de Madrid.

Ahora algunos expertos de la izquierda se alzan contra esta diversidad. Son los que luego hablan de "nación de naciones" y cosas por el estilo. La principal soberanía de un colectivo es la fiscal. Navarros y vascos lo entendieron así desde el principio. No parece que les haya ido mal.

Otra cosa es que el Estado, que debe velar por el equilibrio territorial, tenga fondos para compensar diferencias de renta entre autonomías. Lo mismo que la Unión Europea hace con multitud de programas de desarrollo como, por ejemplo la PAC (Política Agraria Común). Pero intentar castigar a los que utilizan sus competencias fiscales para ser más competitivos es evitar la sana competencia; motor del verdadero progreso.

*** José Ramón Pin es profesor del IESE.