El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Europa Press

Observatorio de la vivienda

El sector de la vivienda ve un “precedente muy peligroso” la tramitación de los decretos por la puerta de atrás

El mercado inmobiliario cuestiona la legalidad de la vía elegida para recuperar los decretos rechazados.

Más información: La letra pequeña de los decretos desmonta el relato de los 'fondos buitre': sólo el 8,1% del alquiler pertenece a empresas

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El Gobierno ha vuelto a aprobar los decretos de vivienda rechazados por el Congreso y los remitirá a la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes.

Alquiler Seguro y AMADEI califican la maniobra de fraude de ley o constitucional y alertan de un precedente institucional peligroso al sortear el rechazo del Pleno.

En la Diputación Permanente, PSOE y socios suman 35 de 69 miembros, una mayoría que podría permitir convalidar los textos pese al voto en contra de Junts.

El sector inmobiliario advierte de que la incertidumbre regulatoria frena operaciones y retrae la oferta de alquiler; AMADEI estima que más de 4.000 viviendas salieron del mercado a finales de septiembre.

La semana pasada, el Congreso de los Diputados tumbó los decretos de vivienda propuestos por Sánchez y sus socios, pero el Gobierno se resiste a enterrarlos.

Apenas cuatro días después del ‘no’ de la Cámara Baja, el Consejo de Ministros los ha vuelto a aprobar con tan sólo unos retoques para remitirlos a la Diputación Permanente para su tramitación. Un movimiento calculado en clave electoral que ha encendido todavía más al sector inmobiliario.

Sus representantes ven más campaña electoral que política de vivienda y acusan al Ejecutivo de buscar un atajo para esquivar el rechazo del Parlamento.

Algunas voces consideran que esta maniobra lleva al Gobierno a tratar de sortear los límites legales al rescatar unas normas que el poder legislativo acababa de dejar caer.

Así lo asegura Alquiler Seguro, que considera un "fraude de ley" que el Gobierno vuelva a utilizar esta vía para aprobar unos decretos con "prácticamente el mismo contenido" que los rechazados por el Congreso.

La compañía considera "muy grave" recuperar estas medidas en plena carrera hacia las urnas.

"Que el Gobierno utilice los decretos ley sobre la misma materia que ha sido derogada y denegada por el Congreso como unas primeras iniciativas de su precampaña electoral nos parece muy grave y muy anómalo", señalan fuentes de la empresa a EL ESPAÑOL-Invertia.

Para Alquiler Seguro, el Gobierno cruza así una línea y convierte esta maniobra en una "anomalía democrática".

La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) eleva todavía más el tono y califica la maniobra de "fraude constitucional".

La patronal denuncia una "grave situación de inseguridad jurídica" y pone el foco en el momento elegido por el Gobierno.

Las elecciones están convocadas para el próximo 29 de noviembre y las Cortes ya están disueltas. Por lo que esto cambia por completo el escenario para los decretos.

Los textos ya no tendrán que volver al Pleno del Congreso que los rechazó la semana pasada. Su convalidación quedará ahora en manos de la Diputación Permanente, el órgano que toma el relevo para mantener las funciones parlamentarias imprescindibles hasta que se constituyan las nuevas Cámaras.

Y ahí sale ganando Sánchez. En este órgano, el PSOE y sus socios suman 35 de los 69 miembros que lo conforman, frente a los 34 de PP, VOX y Junts.

Por lo que el voto de los catalanes, que fue decisivo para tumbar el texto en el Pleno, ahora dejaría de ser suficiente para bloquearlo. Si los partidos mantienen el mismo sentido del voto, Sánchez y sus socios contarían con la mayoría necesaria para sacar adelante el decreto.

La patronal considera que esta vía aprovecha la disolución del Parlamento y la distinta composición de la Diputación Permanente para intentar sacar adelante unas normas rechazadas días antes por el Pleno.

A su juicio, este movimiento "altera las mayorías democráticas expresadas en el Congreso" y crea "un precedente institucional muy peligroso".

AMADEI asegura que esto lleva a permitir recuperar cualquier norma tumbada por la Cámara y haría que, al final, el ‘no’ del Pleno sirva de poco.

Sin embargo, la batalla política no es la única preocupación. El sector advierte de que los continuos cambios en las reglas están generando inseguridad entre los propietarios y empiezan a tener consecuencias directas sobre el mercado del alquiler.

AMADEI estima que más de 4.000 viviendas salieron del mercado entre el 28 y el 30 de septiembre por la confusión y la incertidumbre que generaron los primeros decretos.

Ahora teme que la recuperación de buena parte de esas medidas aumente las dudas entre los propietarios y provoque una nueva retirada de pisos.

Por su parte, Alquiler Seguro asegura que esa incertidumbre ya está frenando operaciones. La compañía ha detectado firmas que han quedado paralizadas por la situación y propietarios que empiezan a ver el alquiler como un problema ante los continuos cambios legales.

"Ni propietarios ni inquilinos saben a lo que se van a enfrentar cuando firmen un contrato de alquiler", advierten fuentes de la empresa.

Unas dudas que han llegado hasta tal punto que la compañía asegura haber duplicado las llamadas de propietarios e inquilinos que buscan asesoramiento y seguimiento de sus contratos.

El problema es que, tal y como detalla Alquiler Seguro a este periódico, un contrato firmado hoy puede quedar sujeto a unas condiciones distintas a las de otro firmado dentro de cinco días.

Esta falta de estabilidad es lo que está provocando "un claro retraimiento de la oferta", dejando a los propietarios sin saber qué normas deben aplicar en cada momento.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) comparte esta preocupación. Su presidente, Miguel Ángel Gómez Huecas, advierte de que la sucesión de "cambios legislativos, anuncios y rectificaciones" hace cada vez más difícil tomar decisiones.

Asegura que afecta a propietarios, inquilinos, compradores, inversores y empresas. Y el resultado, explica, es un mercado con menos certezas y propietarios que dudan a la hora de poner sus viviendas en alquiler.

El problema, según la patronal, puede acabar convirtiéndose en un círculo vicioso. Si aumentan las obligaciones y las limitaciones, pero no crece el número de viviendas disponibles, algunos propietarios pueden optar por retirar sus pisos.

La oferta se reduce y los inquilinos tienen menos opciones. Además, los propietarios pueden elevar las exigencias para elegir a sus arrendatarios.

FADEI advierte de que este escenario perjudica especialmente a los jóvenes, las familias con ingresos medios y bajos y las personas con más dificultades para demostrar su solvencia.

Gómez Huecas considera que los nuevos decretos vuelven a desequilibrar la balanza entre propietarios e inquilinos. Y es que a su juicio, dar más protección a una parte sin ofrecer suficiente seguridad a la otra puede frenar la salida de nuevas viviendas al mercado.

Por eso reclama reglas que protejan a ambos y no "esta chapuza" en la que "siguen sin contar con todos los actores del sector".