Cientos de personas se manifiestan en las inmediaciones del Congreso durante la votación de los dos decretos de vivienda.
Ocho años de política errática y decretos atascados meten a la vivienda en un callejón sin salida y disparan la tensión social
La Ley de Vivienda de 2023 nació abocada al fracaso y al enfrentamiento.
La ideología ha bloqueado cualquier solución a la subida de precios.
Más información: PP, Vox y Junts tumban los decretos de vivienda entre improperios de la izquierda y empujan a Sánchez a las urnas.
El fracaso de los dos decretos de la vivienda sobrevenido en apenas cuatro meses no es fruto sólo de un enconamiento político del momento. Es el resumen final de una política de vivienda desacertada desarrollada en los últimos años.
La prórroga de los contratos cada cinco años y los primeros límites a los arrendadores y los desahucios vienen de 2019, en un decreto que está aún en vigor y que se ha ido modificando sin éxito durante demasiado tiempo.
Tras la pandemia, fue la Ley de Vivienda aprobada en abril 2023 la que puso un punto de inflexión en la regulación estatal de la vivienda. Curiosamente en la antesala de unas elecciones, como ahora. Apenas dos meses antes de las municipales y autonómicas, y a tres meses de las generales de julio.
Se aprobó con una mayoría justa, de 176 votos. Y ya contó con el rechazo de PP y Vox, junto a los grupos nacionalistas del PNV, Junts, Ciudadanos, PDeCAT, CUP y Coalición Canaria, por entender que era una intromisión en una competencia exclusiva de las CCAA.
Esa fue la norma que puso los primeros límites del 2% y el 3% a la subida de los alquileres. Pero también definió los grandes tenedores, acotó la justificación de los desahucios, creó las zonas tensionadas, y dio paso a una guerra política de tres años que ha estallado este viernes.
De hecho, ni siquiera los socialistas estuvieron en la presentación oficial de la Ley a los medios, que corrió a cargo de ERC y Bildu, los dos principales grupos nacionalistas de izquierda que la apoyaron.
Ya en las autonómicas de mayo de ese año, el PP se hizo con el control mayoritario de once comunidades autónomas y el PSOE se quedó sólo con dos. La nueva legislatura partía con muy malas perspectivas para una ley que ninguna comunidad popular estaba dispuesta a aplicar.
Tres años después y con el decreto de vivienda presentado también justo antes de un año electoral, hay cinco CCAA con zonas tensionadas declaradas. El 90% están en Cataluña, que ya las incluyó en su propia norma en 2019, y el resto en Asturias, Navarra, País Vasco y Galicia (Santiago de Compostela).
Desde su nacimiento, la Ley de Vivienda estuvo abocada al fracaso, no sólo por no convencer a las CCAA. Dejaba además la puerta abierta a saltarse el control de las rentas de los alquileres mediante los arrendamientos temporales y los pisos turísticos, en plena ebullición.
Eso es precisamente lo que ahora se incluye como gran novedad en el primero de los decretos tumbados en el Congreso, acotar los plazos y condiciones para determinar qué es un alquiler temporal o habitacional, crear un registro, poner un IVA del 10% a los turísticos y dispararles el IBI.
El rechazo de Junts, PP y Vox no ha permitido aprobar los decretos, que generaban gran incertidumbre entre los pequeños propietarios y amenazaban con hacer caer la oferta de alquiler más de un 20%, como ocurrió hace tres años con la Ley de Vivienda.
Giro ideológico
Desde esa Ley de Vivienda de 2023 y con la nueva legislatura de coalición PSOE-Sumar en minoría en el Congreso, ha habido una decena de iniciativas legislativas sobre vivienda, casi todas ellas centradas en desahucios, protección de inquilinos e intervención de precios.
La mayor parte de ellas, sobre todo las que proceden de grupos parlamentarios minoritarios, están pendientes de toma en consideración en el Congreso o atascadas eternamente en el periodo de enmiendas.
Sólo una proposición salió del Gobierno, en junio de 2024, para alargar el plazo de los lanzamientos de vivienda, y sigue en prórrogas de enmiendas desde entonces. Otra del PSOE para impulsar alquileres asequibles está en toma en consideración.
El Grupo Mixto (Podemos) se ha centrado en el control de las referencias de las hipotecas a tipo variable y en atajar la especulación, mientras que desde Sumar han optado por regular los alquileres temporales y el pago por habitaciones entre otras cuestiones.
![Felipe VI saluda al expresidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, este jueves en La Toja, ante Mariano Rajoy, Felipe González, Alfonso Rueda y Pedro Sánchez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11367937.jpg?p=w:320\/h:240&h=bgP032zN"])
De alguna manera, los dos decretos se han acelerado desde principios del verano, como caballo de batalla electoral del Ejecutivo, son un resumen de todas esas iniciativas, pero con un tinte ideológico mucho más marcado que tras la Ley de Vivienda.
La tasa de referencia para subir alquileres, los pisos de los grandes tenedores o las causas determinantes de los desahucios, han dado paso en el último año a una defensa ideológica del valor social de la vivienda, como un derecho, más que como un producto del mercado inmobiliario.
El propio portavoz socialista, Patxi López, lo dejaba claro en el debate de este viernes: “En el caso de la vivienda, la ideología está más presente que nunca”.
Y las acampadas y manifestaciones surgidas por toda España son la imagen de la fuerza que desde el ala izquierda de la política se le quiere dar a ese concepto.
![Acampada en la Puerta del Sol.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11363964.jpg?p=w:320\/h:240&h=loMHX8UU"])
El problema es que esa carga ideológica se ha ido a los extremos y se ha convertido en un debate sin salida entre quienes se supone que apoyan a los supuestos fondos buitre, y quienes están con la población vulnerable que necesita un piso o un alquiler baratos. A nadie le interesan las soluciones intermedias.
La subida de precios de la vivienda en más de un 70% en cuatro años y del alquiler en más de un 45% han dado alas a un debate ideológico que, por otra parte, siempre ha estado en la doctrina jurídica al analizar el derecho a una vivienda digna como uno de “los principios rectores de la política social y económica”.
Sin soluciones
La caída de los dos decretos de la vivienda en el Congreso ha generado un debate político y social grave, en el que se ha hablado de pequeños propietarios, grandes fondos de inversión, caída de la demanda del alquiler o el valor social de la vivienda.
Pero las grandes cuestiones de mercado, que deben ponerse sobre la cuestión para solventar el problema que el exceso de demanda y la falta de oferta de pisos, se salen de esa parte ideológica que se ha instalado en las protestas y los partidos.
El Gobierno de coalición no ha tenido la fuerza suficiente como para aprobar una Ley del Suelo que podría haber solventado en gran medida la situación. Hay capacidad para hacer siete millones de pisos, aunque con poner en marcha el equivalente a 1,2 millones frenaría los precios.
El PP metió en el Congreso su propuesta propia para modificar la Ley del Suelo y promover vivienda, pero también está bloqueada en el Congreso para su consideración, sin ánimo de ponerla en marcha.
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La apuesta por hacer vivienda protegida choca también con las trabas administrativas que Estado, CCAA y Ayuntamientos se ponen entre sí para liberar el suelo, agilizar licencias y generar mercado.
El ICO debe tomar una parte protagonista en la vivienda social para alquilar y la VPO. El fondo España Crece, creado con Fondos Next Generation, está empezando a andar para financiar este tipo de procesos y buscar inversores, a los que hay que convencer primero de que su apuesta a largo plazo es rentable.
Como recuerdan desde el sector constructor, España ya fue capaz de construir casi medio millón de pisos al año, tanto protegidos como en el mercado libre. Sólo se necesitan las condiciones administrativas y económicas necesarias para ello, que nunca llegan.
Esa ha sido una de las asignaturas pendientes del Gobierno socialista en todos los años que lleva en Moncloa. Pero también frenar el exceso de impuestos que gravan la construcción primero, y la compraventa de pisos.
El negocio de la vivienda soporta más de diez impuestos distintos hasta que un inmueble sale al mercado, de las distintas administraciones. Se estima que hasta la tercera parte del precio de un piso viene de costes fiscales al constructor y al promotor.
La incapacidad política para llegar a acuerdos, unas regulaciones erróneas que no atajaban el problema de raíz (hacer más pisos), la carga ideológica que contamina un problema puramente económico y la cercanía de las elecciones, han dejado sin soluciones al principal problema que tiene España en la actualidad.
