La limitación de las subidas de los alquileres al 2% en aquellos contratos que se tienen que revisar desde marzo hasta final de año está pasando factura a los propietarios de vivienda en alquiler. Y no sólo por la pérdida de ingresos que les va a ocasionar dicho recorte. Ante unos menores ingresos, se están viendo obligados a pedir líneas de financiación para hacer reparaciones o comprar electrodomésticos.

Si de mayo a junio (periodo inicialmente establecido), el impacto para los arrendadores ha sido de 560 millones de euros, la prórroga hasta diciembre suma otros 1.160 millones. Es decir, 1.720 millones que han ‘volado’ de sus bolsillos, según Idealista. Una medida que, de momento, afecta a 2,6 millones de contratos firmados del total de 3,5 millones.

Un ‘agujero’ en sus bolsillos que se ha traducido en un “fuerte incremento” en la financiación tanto para obras como para compra de electrodomésticos. Así opinan en la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), que tiene con sus clientes una línea de financiación con sus arrendadores a cero intereses.

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El dato es demoledor: en 2021, ANA concedió a sus clientes 460.000 euros para pequeñas reparaciones, sustitución de electrodomésticos y reformas para poder ser alquiladas las viviendas. Se trata de un 20% más que en 2020, y un 80% más que en 2019. En lo que va de año, esa cifra está sobre los 190.000 euros. Por tanto, desde 2021 hasta junio de 2022, la cantidad es de unos 650.000 euros. La previsión es que para finales de año el incremento esté sobre el 8%.

Fruto de esta situación, no cabe otra que ‘levantarse en armas’. En una consulta llevada a cabo por Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), más de 1.000 propietarios particulares (más del 95% de las respuestas obtenidas) están a favor de reclamar compensaciones al Estado por la limitación de subidas del alquiler al 2% impuesta por el Gobierno.

Perjuicio económico

En el Consejo de Ministros, del 25 de junio, se expandía seis meses más la limitación del 2% en la revisión de precios. Sin embargo, en el real decreto se establecía que los propietarios no podrían aumentar el precio del alquiler por encima de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Según el INE, está en el 4%, y no en el 2%.

Mientras tanto, el IPC se disparó en junio hasta el 10,2%. De ahí que Asval considere injusto que el Gobierno no establezca compensaciones a los propietarios ante este perjuicio económico.

“El impacto de estos cambios supondrá una presión financiera para los propietarios independientes. Las empresas de otros sectores, como los proveedores de energía, han recibido ayudas del Gobierno para aliviar el impacto de estos cambios", afirma María Andreu, su directora general.

Y añade: "Por lo tanto, simplemente pedimos que nuestro sector sea tratado de forma justa y de la misma manera que los demás”.

Un cartel del alquiler de una vivienda.

Por eso estudian una reclamación conjunta por responsabilidad patrimonial contra la Administración cuyo montante estaría sobre los 1.700 millones de euros que están dejando de ingresar.

Y es que los propietarios también están sufriendo los rigores de la inflación en su actividad inmobiliaria. Un efecto que, según Asval, no están pudiendo trasladar a los precios aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos sí contempla esa posibilidad.

A la par, están haciendo frente a un incremento de los costes vinculados a la propiedad de sus viviendas. “No es justo que no pueda ser trasladado en parte al precio del alquiler”, se lamentan desde Asval.

La asociación tomará una decisión sobre si presenta una reclamación contencioso administrativa por pérdida patrimonial próximamente. Y a la misma se podrán adherir, además de sus más de 4.000 asociados, cualquier otro propietario de vivienda en alquiler.

Repercusiones

Desde el pasado mes de abril, cuando entró en vigor la limitación del 2% en la actualización de las rentas, el mercado del alquiler está notando “importantes repercusiones”, según ANA. Una de ellas es la subida de precios. Ante las limitaciones, los arrendadores están subiendo precios en los nuevos contratos para compensar las limitaciones con las que se van a encontrar en el futuro a la hora de actualizar las rentas.

Otra consecuencia, debido a la merma de los ingresos de los pequeños arrendadores, es que se están reduciendo los gastos de reparación y mantenimiento. Fruto de ello, las viviendas están en peor estado.

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Asimismo, se está notando “un fuerte incremento de alquileres que finalizan y no se renuevan”, según ANA. Ello se debe no sólo a la limitación del 2%, sino también a la inseguridad reinante en el sector, con un proyecto de Ley de Vivienda que no convence, o la ley catalana que ampara la ocupación ilegal. Ante este panorama, prefieren tener su vivienda cerrada o ponerla en venta.

Y son los arrendadores pensionistas, aquellos que necesitan la actualización de las rentas para complementar sus pensiones o pagar sus residencias, los que más están notando la medida del 2%. Por último, el ya citado incremento de las líneas de financiación.