Paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio nacional. Ámbitos caracterizados por la escasez de oferta y, en consecuencia, subida de precios. Bajo esta premisa, el entonces ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, presentaba a mediados de 2019 el conocido como “Plan 20.000” que sería financiado por el ministerio y gestionado por Sepes con la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Dicho plan, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, suma 26.640.000 euros. Y se reparten de la siguiente manera: para el ayuntamiento de Barcelona, 11.740.880 euros; y para entidades locales, 13.899.120 euros. El millón restante es para la renovación urbana de Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria).

En estas entidades locales están el área metropolitana de Barcelona (5.399.120 euros); el ayuntamiento de Sevilla (4 millones); el de Ibiza (1 millón); el Consell Insular de Mallorca (tres millones); y el Consell Insular de Menorca (500.000 euros). Falta Madrid. "Madrid es un ámbito sin duda tensionado. Sin perjuicio de otras medidas, MITMA está trabajando para desarrollar el ámbito de Campamento, sin que a la fecha conste falta de acuerdo alguno entre las Administraciones implicadas", señalan desde el ministerio.

“En los Presupuestos Generales del Estado 2022 se han propuesto dos subvenciones nominativas: en primer lugar, una subvención cuyo destinatario es el Ayuntamiento de Barcelona y el objeto es la promoción de viviendas en alquiler asequible o social; y, en segundo lugar, con el mismo objeto que la anterior y cuyos destinatarios son otras entidades locales”, se puede leer en el apartado de los presupuestos referido al ministerio de Raquel Sánchez.

“El plan de vivienda de alquiler social quiere activar más de 100.000 viviendas”, afirmó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante la presentación de los números referidos a su departamento. En la misma, hizo referencia a los convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y Sepes, como uno de los grandes paquetes para activar un fondo público de vivienda en alquiler. El otro, operadores privados como Sareb, entidades financieras y fondos de inversión. “Con Sareb se van a movilizar 15.000 viviendas. Ya se han conseguido 10.000”, concretó Raquel Sánchez.

Mercado tensionado

El plan se va a desarrollar en los suelos residenciales de Sepes y en suelos de titularidad pública de las administraciones autonómicas y locales correspondientes. “Con esta dotación se atenderá al coste del suelo, la urbanización, la posible colaboración público-privada mediante la constitución de derechos de superficie y las partidas complementarias que se establezcan en los estudios de viabilidad”, concretan en los PGE.

Y añaden: “Esta dotación es una aportación que se antoja escasa para promover el alquiler de vivienda social o asequible. No obstante, con ella se financiarán convenios en suelos de Sepes en zonas tensionadas. Se posibilitará la adquisición por Sepes de otros suelos de Adif o Invie con el mismo objetivo”.

La previsión de ejecución de dicha aportación es del 100%. “En caso de un incremento de la dotación existiría capacidad para ejecutarlo”, sostienen en los PGE.

Cuando se presentó el “Plan 20.000”, se hizo hincapié en que se trataba de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para personas con ingresos limitados. Sobre todo en aquellos ámbitos donde el mercado estaba “especialmente tensionado”: Madrid, Barcelona, Valencia, y sus respectivas áreas metropolitanas. También las Islas Canarias, las Islas Baleares Málaga, Sevilla, Ceuta y Melilla.

El Gobierno cede a promotoras y constructoras parte del suelo público a coste cero durante un periodo que ronda los 75 años. Además de construir, tramitan y gestionan los alquileres asequibles o sociales. Pasado el tiempo acordado las viviendas, y el suelo, vuelve a ser de titularidad pública.

En un principio, la idea era invertir 471 millones de euros en el periodo 2018-2021. En su primera propuesta, el plan sí incluyó a Madrid. Concretamente, la zona de Campamento. Las viviendas de alquiler previstas eran 1.800.