Las comillas corresponden a portavoces de grandes grupos con presencia en España, quienes consideran que los socialistas han elegido dinamitar el mercado de la vivienda a cambio de aprobar los Presupuestos. Esas mismas fuentes lamentan que el Ejecutivo haya decidido ser "el único en Europa que discrimina entre propietarios". 

Lo dicen en referencia a la distinción que hace la norma entre grandes tenedores personas jurídicas o físicas. A su juicio, eso "atenta contra el derecho a la propiedad" y podría llegar a ser "inconstitucional" si eso se aprueba como tal. Es por ello por lo que confían en que la letra pequeña del texto suavice el contenido de la Ley conocido hasta ahora. 

Escisión autonómica

Pero lo que más preocupa a estas empresas es la diferencia regional que establece. Dado que deja a las Comunidades Autónomas la decisión de poner en marcha los topes a los precios del alquiler, se va a producir una escisión autonómica, advierten. Las Comunidades gobernadas por el PP ya han dicho que no lo aplicarán, lo que "provocará que la inversión se vaya a Madrid y abandone otras regiones como Cataluña y Valencia". 

Aunque todavía queda mucho para que se apruebe la normativa, las empresas ya han comenzado a estudiar cómo les puede repercutir. En especial porque nadie en el sector se esperaba una Ley como la que se ha anunciado. ¿El motivo? El compromiso de Pedro Sánchez en Nueva York sobre el respeto a la propiedad privada y a la garantía de las inversiones en nuestro país. 

Las fuentes consultadas creen que el Gobierno "cruza las líneas rojas" que expuso Sánchez en Nueva York ante inversores, pero también las mantenidas por distintos miembros del Ejecutivo en reuniones privadas con los fondos de inversión. 

De lo poco que se conoce del texto, a los grandes propietarios también se les obligará a una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de este 30%, la mitad para alquiler social). Y de un impuesto a la vivienda vacía a través de un recargo del IBI de hasta el 150%.

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

La ley de vivienda es la puntilla para un sector que ya estaba muy nervioso por lo que ocurre en España en torno al mercado de la vivienda. Recuerdan que en Cataluña se protegen las ocupaciones, algo que es "motivo de preocupación". 

Por si fuera poco, creen que los tiempos que maneja el Ejecutivo para la aprobación del texto van a sembrar de inseguridad jurídica el mercado inmobiliario. Según ha podido confirmar este periódico en fuentes de la negociación, la medida estrella de la ley de Vivienda, en realidad, no entrará en vigor hasta dentro de tres años. Como mínimo.

Como cualquier anteproyecto, tendrá que pasar por la primera lectura del Consejo de Ministros, deberá ser sometida a audiencia pública, luego ser informada por los órganos asesores (el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial), y finalmente pasar su trámite parlamentario, en ponencia y comisión, con periodos de enmienda prorrogables.

Por si fuera poco, una vez que la norma tenga luz verde, habrá que esperar otros 18 meses hasta que se lleve a cabo el índice de precios por el que se llevará a cabo la actualización de los precios. Esto es lo que hace que estemos hablando de una norma que no entre en vigor hasta 2024 como pronto. 

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en la convención del PP.

Más allá de las reacciones del sector inmobiliario, las políticas también se han producido en las últimas horas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha anunciado que su partido llevará la norma al Tribunal Constitucional. También ha vuelto a insistir en que sus autonomías no aplicarán la norma, algo que beneficia especialmente a los pequeños inversores. 

Para los de Casado, "no se puede intervenir por las malas un mercado fijando precios". Y aunque aseguran que estudiarán jurídicamente la norma, admiten que "la pinta de lo que van contando es que puede ser anticonstitucional, porque tiene la misma música e incluso la misma letra que la ley que aprobó el Parlamento de Cataluña".