Un edificio de Muface, en Madrid.

Un edificio de Muface, en Madrid. Ricardo Rubio Ep

Observatorio de la sanidad

La crisis de Muface se agrava con otros 24.157 funcionarios que se van a la sanidad pública

Se ha pasado de 1.011.834 funcionarios a 987.677 entre el 31 de enero de 2025 y el de 2026.

Más información: Inquietud entre los mutualistas por la caída de funcionarios de Muface: alertan del rechazo de pruebas y cirugías

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Las claves

Muface ha perdido 24.157 funcionarios en un año, quienes han optado por la sanidad pública, dejando a las aseguradoras con 987.677 mutualistas a cierre de enero de 2026.

La salida de DKV, la falta de especialistas y las demoras en las citas han impulsado el traslado de funcionarios a la sanidad pública, que ahora suma 595.196 mutualistas.

CSIF denuncia problemas como negación de pruebas, déficit de médicos y diferencias de trato, lo que genera inquietud sobre la viabilidad del modelo Muface.

Muface ha constituido comisiones con aseguradoras para vigilar la atención sanitaria y trabaja en mejorar el sistema, incluyendo la implantación de la receta electrónica a nivel nacional.

En un año, Muface ha perdido un total de 24.157 funcionarios que se han decantado por la sanidad pública. Así, las aseguradoras se han quedado con 987.677 mutualistas a cierre de enero de 2026 (datos más recientes).

Después de afrontar una crisis sin precedentes en 2024 tras la firma del nuevo concierto y perder una compañía (DKV) por el camino, la institución parece no terminar de recuperarse.

De esta manera, se ha pasado de 1.011.834 (a 31 de enero de 2025) a 987.677 hasta el 31 de enero de este año. En concreto, Adeslas concentra un total de 571.882 adeptos y Asisa 415.795, según los datos publicados por la entidad este pasado miércoles.

Mientras tanto, la sanidad pública suma un total de 595.196 mutualistas (con datos netos) frente a los 552.297 que había en enero de 2025.

Tras la marcha de DKV, los funcionarios tenían que elegir entre Adeslas o Asisa o decantarse por la pública. De esta manera, CSIF considera que la salida de esta compañía del nuevo concierto 2025-2028, sumado a la incertidumbre generada y la falta de especialistas y demoras en las citas, han propiciado esta fuga a la pública.

De hecho, enero no ha empezado con buen pie. Sólo en este mes 30.711 titulares han ejercido el derecho al cambio de entidad y, de estos, 4.281 han decidido pasarse a la sanidad pública.

Como ya contó este periódico, hay cierta inquietud por la viabilidad del sistema. CSIF ha recibido numerosas quejas por la negación de pruebas, intervenciones y dispensación de fármacos. La organización sindical denuncia un déficit de especialistas como los médicos de Atención Primaria, la desaparición de cuadros médicos en determinadas ciudades, problemas para dar primeras citas o discriminación territorial entre localidades.

Los funcionarios también señalan "diferencias de trato, reducción de la oferta y concentración de especialistas en centros propios, así como trabas burocráticas".

Por su parte, Muface asegura que estos cambios no sólo obedecen al ejercicio del derecho de cambio de entidad de los mutualistas, sino también al propio movimiento del colectivo, al ingreso de nuevos funcionarios o la disminución constante del número de beneficiarios por titular.

Extremar la vigilancia

Además, en el Consejo General de este miércoles, el órgano dirigido por Miriam Pallarés explicó que se ha constituido una comisión de prestaciones con las aseguradoras para extremar la vigilancia ante posibles problemas que puedan surgir en la atención sanitaria.

Después de Semana Santa está prevista la constitución de un grupo de trabajo para la mejora del mutualismo administrativo, asegura CSIF en un comunicado.

Todo esto se enmarca dentro del Acuerdo para la Mejora de las Condiciones Laborales firmado con Función Pública el pasado mes de noviembre.

La institución también informó durante la cita que las tres mutualidades de funcionarios -Muface, Mugeju e Isfas- han sido invitadas a participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para asegurar que las políticas de Salud Pública con las comunidades autónomas no discriminen a la población mutualista en la realización de cribados de cáncer y vacunación, entre otras materias.

Se trata de garantizar una correcta atención de los mutualistas ante problemas de coordinación y de información que han surgido en este tipo de campañas, entre las aseguradoras y los diferentes sistemas de salud autonómicos.

Durante el encuentro, el órgano también informó de que se va a buscar una solución para establecer un criterio estatal sobre la Atención 112 al colectivo.

Todo esto surge tras las denuncias de varios problemas burocráticos que suelen producirse en la gestión de este servicio vital. Esto supone que el mutualista tiene que asumir el coste de los servicios sanitarios que se derivan del uso de Atención 112.

Por último, Muface aseguró que va a agilizar los trabajos para la implantación a nivel nacional de la receta electrónica, trabajando para solventar los actuales problemas por la falta de implicación del personal facultativo y de las clínicas concertadas