Varios profesionales sanitarios en una manifestación por la homologación de títulos extranjeros.
El Gobierno planea que los colegios profesionales evalúen los títulos sanitarios extranjeros antes de su homologación
Por otro lado, los especialistas foráneos proponen incorporar a los psicólogos dentro del listado de profesiones reguladas.
Más información: España es el "único país de la UE" que no exige un examen clínico ni supervisión a los médicos extranjeros
El Ministerio de Universidades, Ciencia e Innovación ha sacado a consulta pública un Real Decreto (RD) para reformar el sistema de homologaciones de títulos universitarios extranjeros. Un texto que está en proceso de alegaciones y cierra su plazo el próximo lunes 18 de mayo.
Entre otras medidas, el reglamento ha incorporado la participación de los Consejos Generales y colegios profesionales en el proceso, ya que estos sólo tenían el papel de emitir la colegiación una vez que el expediente estaba resuelto. Así, se obligará a que los títulos sanitarios extranjeros sean validados por estos órganos colegiados.
Después de conocer que las homologaciones de expedientes médicos alcanzaron las 30.303 en 2025, el colectivo español levantó la voz de alarma ante esta escándalosa cifra puesto que en años anteriores sólo se resolvían unos 7.000 títulos.
Por ello, la Organización Médica Colegial (OMC) ha pedido al Ministerio que se involucre a los colegios en este papel y que el procedimiento no "sea tan laxo" por "la seguridad del paciente".
También reclaman impulsar la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) al igual que ya se hace en otros países europeos.
En la actualidad, el trámite de homologación es puramente documental y administrativo. No se exige ningún examen de conocimientos clínicos, ni periodos de práctica supervisada, y no involucra a los médicos españoles en la verificación de idoneidad profesional previa a la habilitación para el ejercicio.
Por el momento, esta nueva normativa contempla que los colegios profesionales españoles emitan informes periódicos dentro del procedimiento.
Dicho informe "no vinculante" valorará si la formación es equivalente en lo fundamental a la requerida al mismo título para el ejercicio profesional en España.
Así, el informe deberá ser emitido en un plazo máximo de diez días hábiles y una vez recibido se incorporará al expediente.
"El órgano instructor remitirá semanalmente a la organización profesional pertinente todas las solicitudes que se hubieran recibido", señala el Real Decreto.
En los últimos días, además, la OMC y el Ministerio de Sanidad han tenido varias reuniones con respecto a este tema. En la cita, la institución ha defendido la implantación del ECOE para aquellos profesionales que no hayan realizado esta prueba en su país de origen, equiparando así los estándares a los exigidos a los egresados de las facultades de Medicina en España.
El nuevo director de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez ha informado de que el departamento ha iniciado un estudio con las comunidades autónomas para conocer el número real de médicos en esta situación, incluyendo datos específicos sobre su situación laboral y profesional en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de disponer de una radiografía precisa del escenario actual.
Como próximos pasos, la OMC mantendrá una reunión con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que será seguida de un nuevo encuentro conjunto con ambos ministerios para continuar desarrollando este trabajo.
Polémica
Esta nueva medida ha generado bastante polémica y levantado ampollas entre los facultativos extranjeros. El colectivo pide eliminar a los colegios y argumenta que aunque dichos informes sean definidos como "no vinculantes", su intervención puede generar conflictos de interés, criterios subjetivos y retrasos adicionales, como sucede actualmente.
"La evaluación debe mantenerse exclusivamente en el ámbito académico y técnico del Ministerio y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca)", reclaman desde el Colectivo Homologación Justa Ya, conformado por diferentes especialistas extranjeros.
Otra de las alegaciones que han presentado es que se elimine el requisito del empadronamiento y de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), ya que no guardan relación directa con la validación académica de una titulación universitaria.
Para el colectivo, el Ministerio de Universidades debe centrarse exclusivamente en la evaluación formativa y profesional del solicitante. Los facultativos piden, además, limitar las competencias de los Centros Nacionales de Información sobre Reconocimiento Académico (Red Naric, por sus siglas en inglés).
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"Se considera improcedente que la futura ONR-NARIC solicite o gestione información relativa a la situación legal o migratoria de las personas solicitantes. La homologación y equivalencia constituyen procedimientos académicos y profesionales, no migratorios. La incorporación de verificaciones vinculadas a residencia podría generar discriminación indirecta y vulnerar el principio de igualdad", explican.
Además, el proyecto establece que una persona con resolución desfavorable no podrá volver a presentar la solicitud hasta transcurridos 2 años.
Los profesionales extranjeros consideran que esto es una medida demasiado restrictiva y proponen reducir dicho plazo a 6 meses, "permitiendo que el profesional pueda presentar nueva documentación y corregir observaciones técnicas sin quedar excluido del sistema durante un periodo tan prolongado", aluden.
Además, los médicos extranjeros proponen ampliar de diez a treinta días hábiles el segundo plazo para la subsanación de documentos, "teniendo en cuenta las dificultades reales de obtención, legalización y apostilla de documentos".
"Actualmente, varios solicitantes manifiestan que el plazo de diez días hábiles resulta insuficiente para aportar la documentación requerida, debido a que muchos documentos se encuentran aún en trámite ante las entidades correspondientes, cuyos procedimientos suelen exceder el tiempo disponible para su obtención", añaden desde el Colectivo Homologación Justa Ya.
El nuevo RD también modifica el plazo para superar requisitos formativos complementarios. Así, solicitan mantener el periodo actualmente vigente de 4 a 6 años, conforme figura en el BOE del 5 de junio de 2025, "ya que permite a los solicitantes organizar su situación económica, laboral y académica de forma realista".
Psicólogos
Asimismo, proponen incorporar a los psicólogos dentro del listado de profesiones reguladas incluidas en el anexo del futuro Real Decreto. "La ausencia de Psicología genera inseguridad jurídica, desigualdad respecto a otras profesiones sanitarias y dificultades de integración laboral para miles de profesionales", denuncian.
Por último, piden acelerar los expedientes del Antiguo Real Decreto del 2014 (ARD) que no recibieron respuesta a su solicitud.
"Consideramos importante que sus solicitudes puedan ser igualmente vinculadas al sistema de automatización. Estas personas continúan dependiendo de comunicaciones físicas que generan aún más demoras y desigualdad del trato entre solicitantes", terminan desde el Colectivo.
