La Ley de Movilidad Sostenible suprime vuelos cortos, potencia trenes y coches eléctricos y modifica las etiquetas de la DGT

Electrificación de los trenes

La norma contempla la electrificación total del transporte ferroviario, así como la implantación de autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del territorio español.

Para ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible elaborará un plan de autopistas ferroviarias en aquellos corredores donde sea viable y exista interés empresarial para su desarrollo.

Una medida que ha sido criticada debido a la falta de propuestas claras sobre cómo garantizar la electrificación y la modernización efectiva de infraestructuras ferroviarias, así como sobre cómo financiar las inversiones necesarias.

De hecho, organizaciones ecologistas y sindicatos han exigido la incorporación de métricas obligatorias y un calendario vinculante, así como fondos específicos para proyectos de electrificación.

Reducción de vuelos cortos

Transportes y Movilidad Sostenible impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

Esta medida ha sido criticada por el sector aéreo, que avisa de que resta flexibilidad a los pasajeros y genera competencia desleal.

Pero también alegan que se ataca la rentabilidad de las rutas internas y, en algunos casos, se compromete la conectividad de zonas menos utilizadas por el tren.

Asimismo, el sector señala que algunas propuestas no contemplan del todo el impacto en el tejido empresarial vinculado a la aviación, como los contratos de servicio, la logística o el turismo.

Planes de movilidad

La norma también recoge que las empresas con más de 200 trabajadores deberán disponer de planes de movilidad sostenible.

Esta tarea habrá de acometerse 24 meses después de la entrada en vigor de la ley.

La medida fue criticada en su día por organizaciones como Transport & Environment que alegan que deja fuera a la mayoría de compañías al no adaptar la medida a empresas más pequeñas.

Pero algunas compañías también consideran que la ley impone cargas administrativas adicionales, como la obligación de designar un gestor de movilidad.

Renovación del parque automovilístico

Por otro lado, la Ley de Movilidad Sostenible contempla renovar el parque automovilístico español. Y para ello plantea un plan de incentivos.

Cabe recordar que España cuenta con uno de los parques más antiguos de la Unión Europea, con una edad media que se sitúa en los 14,5 años.

De hecho, el texto contempla que, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley, "el Gobierno desarrollará reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español".

El último Plan Renove que aprobó el Gobierno, sin contar el Moves 3, fue en 2020 tras la salida del confinamiento por la pandemia de Covid-19. Entonces se destinaron 250 millones de euros a renovar el parque. Pero sólo se consumieron 50 millones.

A falta de conocer cómo se desarrollará este plan de incentivos, el objetivo pasa por la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), dado el riesgo que representa para la seguridad vial y por su efecto contaminador.

De hecho, este Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico también incluirá a los vehículos usados cuya motorización sea Euro 6d.

Modificación de las etiquetas de la DGT

En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno presentará un estudio que analizará la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Se tendrá en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes, e incluirá las emisiones de CO2 como criterio adicional.

Así, se creará un grupo de trabajo interministerial conformado por el Ministerio del Interior, el de Transportes y Movilidad Sostenible, el de Industria y Turismo, el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el de Economía. El estudio también incluirá una consulta a las comunidades autónomas.

Los vehículos que están en el disparadero son los híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés). Estos modelos se benefician de la etiqueta CERO de la DGT y sus autonomías eléctricas rara vez alcanzan los 90 kilómetros.

Entre los más afectados se encuentran los modelos premium, los cuales tienen grandes motores de combustión y van acompañados de motores eléctricos con poca autonomía.

Y es que el sistema actual no tiene en cuenta las emisiones reales de CO2, sino sólo la tecnología y la antigüedad del vehículo. Esto permite que modelos híbridos o de gas reciban los distintivos (como ECO o CERO) que no reflejan su verdadero impacto ambiental.

Señalización de puntos de recarga ultrarrápida

Entre otras muchas medidas, la norma también recoge la señalización progresiva de las estaciones de recarga eléctrica ultrarrápida, en autopistas, autovías y carreteras convencionales de la Red de Carreteras del Estado.

Para ello, el Ministerio de Transportes contará con un año para impulsar la actualización de las normas e instrucciones técnicas necesarias para incluir en las señales de preseñalización.

Cabe tener presente que los puntos de recarga ultrarrápida, aquellos postes con potencias superiores a los 150 kW, escasean. En los nueve primeros meses del año, España contaba con 5.119 puntos con estas potencias, es decir, el 9,8% de la red que está operativa.