Trabajadores en la planta de baterías para los vehículos eléctricos que Stellantis produce en su factoría de Figueruelas (Zaragoza), en una imagen de archivo.

Trabajadores en la planta de baterías para los vehículos eléctricos que Stellantis produce en su factoría de Figueruelas (Zaragoza), en una imagen de archivo. Efe

Fiscalidad

España grava más el empleo que la media de la OCDE: el Estado recauda un 21,5% del PIB en cotizaciones sociales e IRPF

Las cuentas públicas se apoyan sobre todo en las cuotas laborales, mientras que el consumo y los beneficios empresariales aportan menos.

Más información: El Gobierno estima que la Seguridad Social ingresará la cifra récord de 189.800M en 2026 tras subir las cotizaciones

Publicada

Las claves

España recauda un 21,5% del PIB en impuestos sobre el trabajo, significativamente por encima del 17% de la media de la OCDE.

Las cotizaciones sociales en España alcanzan el 12,6% del PIB, frente al 8,8% en la OCDE, y la mayor parte recae sobre las empresas.

El IRPF aporta un 8,9% del PIB en España, también por encima de la media de la OCDE, que es del 8,2%.

El sistema fiscal español recauda más que la media de la OCDE, pero se apoya especialmente en los impuestos ligados al empleo y menos en el consumo o sociedades.

España castiga más el empleo que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Estado recauda un 21,5% del PIB en impuestos ligados al trabajo, frente al 17% obtenido en el conjunto de los países ricos.

Esa diferencia refleja que trabajar y contratar en España soporta una carga fiscal sensiblemente superior a la que se observa de media en las economías avanzadas, según los datos de 2023 –los últimos disponibles- de la OCDE.

Los impuestos relacionados con el trabajo se dividen en dos grandes bloques: las cotizaciones a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyo componente principal suele ser el salario, aunque también grava otros tipos de ingresos.

Ambas figuras se cargan de forma directa o muy mayoritaria sobre los sueldos y sobre los costes laborales, por lo que, aun siendo el IRPF un impuesto general sobre la renta, en la práctica son la referencia central para medir cuánto se grava el empleo en cada país.

Las cotizaciones sociales, por su parte, son las aportaciones obligatorias que realizan empresas, trabajadores y autónomos para financiar el sistema de protección social.

Con ellas se pagan las pensiones, las prestaciones por desempleo, las bajas por enfermedad, ciertas políticas de familia y buena parte de la sanidad pública, entre otros servicios.

En España, estas cotizaciones alcanzaron en 2023 el 12,6% del PIB, frente al 8,8% de la media de la OCDE.

Se trata de un diferencial muy amplio, de casi cuatro puntos del PIB, que sitúa a España entre los países que más apoyan su Estado del bienestar en las cuotas vinculadas al empleo.​

Dentro de esas cotizaciones, el peso recae claramente en las empresas. Las contribuciones de los empleadores representan alrededor del 9,4% del PIB, mientras que las cuotas que se descuentan a los empleados suponen cerca del 1,9% y las de los autónomos en torno al 1,3%.

A su vez, en 2023, el IRPF aportó a las arcas públicas un 8,9% del PIB, una cifra ligeramente superior al 8,2% que, de media, recauda la OCDE por este mismo tipo de tributo.

Si se suman ambos bloques —cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta de las personas físicas— se obtiene la medida operativa de “impuestos sobre el trabajo” que permite la comparación internacional. En España, esa suma alcanza el citado 21,5% del PIB.

En la media de la OCDE, la combinación equivalente de cotizaciones e impuestos sobre la renta se queda en torno al 17% del PIB.

La diferencia, de unos 4,5 puntos, indica que España concentra una parte significativamente mayor de su recaudación total en el trabajo que el conjunto de los países ricos.

En otras palabras, en España el peso del Estado se apoya de forma más intensa en las nóminas y en los costes laborales.​

El reparto de los otros impuestos ayuda a entender mejor el modelo español. Los tributos sobre bienes y servicios —que incluyen el IVA y los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco, carburantes y otros productos— suponen en España alrededor del 9,7% del PIB. La media de la OCDE se sitúa en el 10,4%.

El IVA aporta en torno al 6,4% del PIB, unas cuatro décimas menos que el 6,8% que marcan de media los socios, lo que indica que, en términos comparados, el consumo aporta algo menos a la recaudación que en otros países.

Algo parecido ocurre con el impuesto de sociedades, que recauda en España aproximadamente un 2,9% del PIB, frente al 3,8% de la media de la OCDE.

Pese a que los tipos nominales son similares a los de otros países europeos, los ingresos obtenidos en relación con el tamaño de la economía se sitúan por debajo del promedio internacional.

En cambio, los impuestos sobre la propiedad sí están por encima de la media, con un 2,3% del PIB frente a un 1,7% en el conjunto de la OCDE, lo que refleja una mayor intensidad en la fiscalidad inmobiliaria y patrimonial.​

El resultado global es un sistema fiscal que recauda algo más que la media de la OCDE en términos de PIB, pero que lo hace apoyándose con especial fuerza en el trabajo.

En 2023, la presión fiscal total española fue del 36,4% del PIB, frente al 33,7% del promedio de la organización, y las previsiones apuntan a que en 2024 seguirá en torno al 36,7%.