El Gobierno ha lanzado el anzuelo perfecto para que los propietarios de viviendas reduzcan el precio del alquiler a sus inquilinos: conseguir una rebaja de hasta 500 euros en el IRPF si lo disminuyen en más de un 5% y beneficiarse de una bonificación fiscal del 90%.

El pasado jueves 20 de abril la Ley de Vivienda se aprobó en Comisión con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu y la abstención del PNV. El próximo 27 de abril se votará en el pleno del Congreso.

Este beneficio se suma a los otros tantos que Pedro Sánchez ha anunciado de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28M, como la puesta en alquiler de 50.000 pisos de la Sareb a un precio asequible y la financiación de otras 43.000 viviendas de alquiler.

El Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas pone varios ejemplos para explicar cómo sería esa rentabilidad para los caseros. Señala que una persona que alquile una vivienda de 300.000 euros por 1.000 euros al mes —lo que se traduce en 12.000 euros anuales—  y haga una rebaja del 6%, percibiría unos ingresos de 11.280 euros, es decir, 720 euros menos.

Pero si las rentas son de 60.000 euros y aplica la bonificación máxima, debería 15.096 euros, 1.240 euros menos que con la bonificación del 50% y sin la rebaja del alquiler.

Otro ejemplo: el propietario con ingresos de 26.000 euros al año, estaría abonando 4.032 euros al beneficiarse de la bonificación del 90% que permite la nueva Ley de Vivienda. Es decir, que se estaría ahorrando 1.005 euros y lograría así un saldo positivo de 285 euros.

Y el tercer y último caso: un casero soltero, sin hijos, menor de 65 años y con rentas de 18.000 euros, se ahorraría 795 euros en el IRPF, consiguiendo un resultado neto positivo de 75 euros al año.

Sin embargo, estas deducciones se realizarán cuando las propiedades que tengan los arrendadores se sitúen en áreas declaradas como tensionadas, es decir, donde el precio del alquiler esté disparado.

Otras claves de la Ley de Vivienda

— Tope de alquiler del 2% en 2023 y del 3% en 2024.

— Alquileres regulados y topados en zonas tensionadas.

— Eliminación del IPC como índice de referencia en la actualización de los contratos.

— Prohibición de los desahucios sin predeterminar.

— Los honorarios de inmobiliaria y de formalización del contrato siempre correrán a cargo del arrendador, y no del inquilino, como hasta ahora.

— Prohibido para los caseros cobrar la comunidad y la tasa de basura a sus inquilinos.

— Si el propietario cuenta con cinco o más inmuebles se le considerará gran tenedor. Antes pedían diez o más viviendas.

— Prórroga extraordinaria de un año en caso de vulnerabilidad social o económica en los contratos de alquiler.

— Las viviendas protegidas aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.