El Tesoro Público lanzará su primer bono "verde" soberano en septiembre, con una emisión sindicada con vencimiento a 20 años, arrancando así el programa de emisión de este tipo de deuda soberana que se destinará a la financiación de una "amplia" variedad de programas medioambientales.

Varias empresas, y de distintos sectores como Iberdrola o Caixabank, ya han realizado emisiones similares pero hasta ahora nunca el Tesoro (aunque sí el banco público ICO).

Los bonos “verdes” son títulos de deuda que se usan íntegramente en proyectos que impactan de manera positiva en el medio ambiente, entre los que destacan la construcción de instalaciones renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o una correcta gestión de residuos.

En concreto, el Ejecutivo ha identificado ya más de 13.600 millones de euros de gasto “verde” elegible para financiar dichos proyectos.

De forma específica, se financiarán inversiones en la red de transporte ferroviario eléctrico, proyectos de I+D+i para la mitigación y adaptación al cambio climático, inversiones para la mejora en la gestión del agua y gastos destinados a la prevención de incendios y a la defensa de las especies autóctonas, entre otros.

La emisión lleva meses prevista

Este plan estaba diseñado hace meses por el ex-secretario general del Tesoro Público Carlos San Basilio pero dado que aceptó un puesto en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), con sede en Londres, finalmente los llevará a cabo su sustituto, Carlos Cuerpo.

Aunque lleva en el cargo apenas tres semanas, Carlos Cuerpo era director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio y que se ha ocupado en el último año y medio de la elaboración de los indicadores económicos con los que hacer un seguimiento casi diario de los niveles de actividad durante la pandemia.

Calviño ha destacado en diversas ocasiones que esta apuesta por los bonos verdes "es un tema tremendamente importante para nuestro país, que está comprometido con la transición sostenible", y está en la misma línea de captación de recursos que los Fondos Next Generation.

Supervisión

Tanto en emisiones privadas como en públicas existe la duda de si ese dinero captado, que se supone se emitirá a una mejor rentabilidad por el destino de las inversiones que se harán con él, realmente se gastará donde el emisor anuncia que lo hará.

La semana pasada, sin ir más lejos, la SEC estadounidense y el regulador del mercado alemán, Bafin, anunciaron una investigación contra la gestora de fondos de Deutsche Bank DWS ante acusaciones de que habría etiquetado de forma errónea sus “fondos sostenibles”.

Hace apenas dos meses, BCE emitió un informe en el que denuncia el 'Greenwashing', término usado para señalar conductas que parecen ir alineadas con la nueva ola verde pero que ocultan otras que van en dirección contraria.

Para evitar este problema pedía "un marco robusto" tanto en el etiquetado de estas emisiones como verde, como en el seguimiento del destino de estos fondos.

Por lo que parece, esto no puede ocurrir con las emisiones del Tesoro español ya que, además de su propio mecanismo de control interno, el Ejecutivo se ha comprometido a que un tercero independiente verifique el destino de los fondos captados.

El elegido es Vigeo Eiris, la división especializada en rating ASG de la agencia Moody's. Es la misma casa que ha valorado la solvencia y sostenibilidad de otros bonos verdes soberanos europeos que ya están en el mercado, como los franceses, británicos e italianos.