Periodistas de investigación, en contra de que los jueces puedan 'pinchar' sus dispositivos para identificar a las fuentes

Una propuesta de ley que se ha encontrado con el recelo y crítica frontal de los periodistas de Investigación y Tribunales de los principales diarios españoles, dado que permitiría que los jueces puedan identificar las fuentes de información en casos excepcionales.

Periodistas del sector como el veterano Antonio Rubio Campaña (El Confidencial); así como Esteban Urreiztieta (El Mundo), Carlota Guindal (La Vanguardia), Rafa Méndez (El diario.es), Cristina Gallardo (El Periódico), Ketty Garat (The Objective) y Jorge Calabrés, subdirector de Investigación de EL ESPAÑOL se muestran críticos en este aspecto.

Este anteproyecto fue propuesto a instancias de parte del sector, con la implicación y consenso de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y su presidente, Miguel Ángel Noceda; la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), liderada por Anabel Díez; así como también con la Federación (FeSP), con Agustín Yanel como secretario general.

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Sin embargo, bajo el argumento de "evitar un daño grave e inminente que afecte a la vida o la integridad física de las personas" o "para la seguridad nacional o afecte a los elementos esenciales del sistema constitucional", podrían identificarse las fuentes.

Para ello se contempla que puedan emplearse medidas de "vigilancia intrusiva", que permitan acceder al nombre y apellidos de las personas que filtren datos o documentos a los periodistas. Se haría sin avisar al profesional.

La normativa, tal y como está redactada, deja a la libre interpretación de los jueces medir cuáles son las excepciones.

Libre interpretación judicial

“Lo que me parece más preocupante es el apartado en el que se faculta a los tribunales a realizar diligencias de investigación para identificar a las fuentes de los periodistas”, comenta Esteban Urreiztieta, subdirector de Investigación de El Mundo, a EL ESPAÑOL.

“Se utiliza como argumento que existe un grave riesgo o riesgo inminente para la seguridad nacional o para elementos fundamentales del sistema constitucional", prosigue.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una imagen de archivo. Jesús Hellín Europa Press

"Pero todo lo que sea realizar diligencias por parte de un juez para identificar las fuentes de información de un periodista, en términos generales, es intolerable”, manifiesta.

“Me parece peligrosísimo que sea bajo el paraguas de la defensa de la seguridad nacional y que se puedan llevar diligencias o intervenciones por orden judicial”, continúa.

“Pienso directamente en los grandes escándalos que ha destapado la prensa durante la última década vinculados a la Corona y el papel que han desempeñado durante los últimos años en su protección algunos aparatos del Estado. Es decir, me refiero a Juan Carlos de Borbón y en el CNI”, recuerda.

Asuntos de Estado

En 2018, cuatro años después de su abdicación, EL ESPAÑOL desveló que, en 2012, cuando aún era Jefe de Estado, Juan Carlos I transfirió a Corinna Larsen 65 millones de euros, procedente de una donación del rey de Arabia Saudí, almacenado en una cuenta en Suiza. En 2021, el asunto se archivó.

“Es un buen ejemplo de este supuesto. Ahí se podría haber alegado que esas informaciones estaban afectando a la seguridad nacional, porque se referían al Jefe de Estado”, advierte Urreiztieta.

El rey Juan Carlos y Corinna Larsen, en una imagen de archivo.

“Ha habido otras informaciones que, según este anteproyecto, hubieran tenido dificultades para ser publicadas, como el pago de fondos reservados durante los gobiernos de Felipe González. Ahí se podría haber aludido perfectamente a la defensa de la seguridad nacional para identificar a las fuentes de los periodistas”, argumenta.

“En lo referente a la seguridad nacional, ¿qué es un tema que afecte a la seguridad nacional? ¿Qué amplitud le puede dar cualquier juez a esos términos?”, opina Cristina Gallardo, periodista de Tribunales de El Periódico.

Antonio Rubio, doctor, director del Máster en Periodismo de Investigación de la URJC/El Confidencial y presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación (API), se pregunta “qué ocurriría si aparece un corrupto en la Policía Judicial o en el Ministerio Fiscal”, que son dos de los poderes que pueden establecer los límites al ejercicio del derecho del periodista

Rubio es una voz autorizada para hablar de este tema, pues fue uno de los periodistas que destaparon el caso de los GAL, así como la fuga de Luis Roldán, el caso Zabalza o las escuchas y papeles del CESID, entre otros.

“En esas investigaciones me acogí al secreto profesional porque todas ellas se convirtieron en notitia in criminis”, argumenta.

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"Es muy preocupante este anteproyecto de ley para la democracia, atenta contra la libertad de prensa", declara Jorge Calabrés, subdirector de Investigación de EL ESPAÑOL, a quien le inquieta que "un juez pueda 'pinchar' los dispositivos de un periodista para identificar a las fuentes que revelan secretos".

"Si ponen grilletes al periodismo, la que queda inmovilizada es la sociedad. ¿Qué hubiera sido de España con esta ley? Muchas de las grandes exclusivas no habrían visto la luz", advierte.

"No se hubiera podido descubrir el patrimonio oculto de Juan Carlos I o Pedro J. Ramírez no habría podido dirigir las investigaciones sobre los GAL", argumenta el periodista.

"Es demasiado amplio que cualquier juez pueda investigar las fuentes de los periodistas", considera. "Si esta ley sigue adelante, ¿qué fuente hablaría?", reflexiona.

“Amordazar al periodismo”

Para Ketty Garat, adjunta al director en The Objective, los apartados en referencia a la “seguridad nacional” son para "amordazar al periodismo de investigación, que ha sido el que ha permitido destapar muchas informaciones, como la relacionada con los informes de UCO”, expresa.

“Es el mismo debate que hubo con el plan de regeneración democrática o los famosos días de reflexión de Sánchez cuando saltó el caso de su esposa”, prosigue Garat.

“Nos abocan al taquígrafo, a las fuentes oficiales. Falta saber cuál es el límite. Hoy comenzamos con esto y podemos terminar prohibiendo informaciones extraoficiales”, advierte.

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“Apenas ha habido problemas en los juzgados con periodistas que se negasen a revelar sus fuentes porque ya lo protege la Constitución [el artículo 20]”, recuerda Rafa Méndez, periodista de El Diario.es.

“Si se hace una ley con excepciones se abre la puerta a que puedan aplicarse dichas excepciones, lo que podría acabar bajando la protección”, advierte Méndez. “Puedo equivocarme y estoy dispuesto a cambiar de opinión, pero no veo necesidad de que se regule por ley".

"Y mucho menos de que lo impulsen los propios periodistas”, añade en referencia al apoyo que la FAPE dio al texto del Gobierno.

Este debate no es único de España ni tampoco actual. Por ejemplo, en Estados Unidos, se ha planteado varias veces si era necesaria una Shield Law para la prensa o si es mejor quedar en manos de los tribunales y apelar a la Primera Enmienda.

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Garat señala que duda que la ley llegue a buen puerto. “No me preocupa el anteproyecto, porque no saldrá adelante. Nada sale en esta legislatura", expone. "Eso es una buena noticia. Pero lo preocupante es la contra-pedagogía que se aplica a la ciudadanía”, apostilla la periodista de The Objective.

Del apoyo al recelo

Tanto Carlota Guindal como Cristina Gallardo se mostraron receptivas inicialmente a este anteproyecto de ley.

“El anteproyecto viene a reforzar un derecho que, por doctrina, cada vez está más claro (el secreto profesional). En España, los periodistas estamos bastante protegidos”, expresa Guindal, periodista de información jurídica de La Vanguardia.

“En el aspecto de la exposición de motivos y la idea del anteproyecto, recuerdo que tanto la FAPE como distintas asociaciones comentaron que ya era hora y que era importante regular”, expone la periodista de Tribunales de El Periódico.

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Sin embargo, cuando se llega al apartado relacionado con las excepciones al ejercicio del derecho a informar, es donde surgen también las suspicacias.

“Ahí están las líneas difusas, que se deberían proteger”, comparte Guindal, recordando la famosa filtración de los Papeles del Pentágono. Un documento secreto que señalaba las implicaciones de Estados Unidos en Vietnam entre los años 1945 y 1967.

Daniel Ellsberg hablando ante una rueda de prensa no oficial de la Cámara de Representantes que investiga la importancia de los Papeles del Pentágono, el 28 de julio de 1971 Gtres

“Parecía que se estaba yendo contra la seguridad de un estado, pero era el derecho de los ciudadanos en saber lo que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos”, expone Guindal.

“Entre derechos constitucionales, al final es un juez el que tiene que calibrar, pero es un riesgo, a priori, marcar demasiadas excepciones. [...] Por eso, que lo haga per se una ley, lo veo peligroso”, advierte.

Guindal remarca que está en la "ética periodística" el saber cuando un profesional publica o no una información sensible. "Hay que trabajar más con ella, que a veces se pierde", reflexiona.

"Todo lo que sea avanzar en el camino de la transparencia, del conocimiento de lo que ocurre en los medios, me parece que es positivo y digno de apoyar", declara Jan Martínez Ahrens, director de El País, al ser consultado ante esta cuestión en el Foro de la Nueva Comunicación celebrado este lunes 13 de octubre.

"Pero todo lo que sea utilizado por parte de los poderes para intentar cercar la libertad editorial, la autonomía de un medio, nos parece dudoso. Está bien que se legisle, pero que se haga con transparencia y diálogo", añade.

Alegaciones

El pasado 19 de septiembre, las asociaciones de la prensa de Andalucía presentaron alegaciones al anteproyecto.

“El texto, en su actual redacción, contiene imprecisiones que pueden derivar en una mayor desprotección de los periodistas”, denunciaba el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA).

El Colegio andaluz contó con el apoyo de las facultades públicas de Comunicación de Sevilla, Málaga y Granada, así como con la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC).

Un aspecto que han comentado ejecutivos de prensa es que la Constitución Española también contempla regular el derecho a la huelga. Sin embargo, ningún sindicato ha pedido regularlo. “La mejor ley es la que no existe”, concluye Rubio.