El conflicto de los bomberos de los aeropuertos se agrava. El colectivo denuncia que en la actualidad la plantilla ronda los 1.450 profesionales en España; es decir, los mismos que en 2008, pese al récord de pasajeros previsto para 2023. Algo que en su opinión, incrementa la brecha de seguridad ya afectada por el limbo jurídico en el que se encuentran.

“Las plantillas no han cambiado desde el accidente de Spanair. Siguen siendo las mismas y hay aeropuertos, como el de Barajas, que han crecido mucho”, denuncia Ruyman Capote, secretario general de la confederación de sindicatos de profesionales de aéreos. Situación que consideran alarmante de cara a un verano en el que las previsiones vaticinan la llegada de muchos turistas. “¿Qué hace el aeropuerto de Tenerife Sur, por ejemplo, solo con seis bomberos?”, se pregunta.

Esto agrava la situación de estos profesionales, que desde la privatización de Aena denuncian haber perdido competencias básicas en perjuicio de la seguridad y protección de ciudadanos y viajeros. 

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“Antiguamente teníamos un radio de 8 km de actuación en los aeropuertos”, señala Capote en declaraciones a este medio. Eso quiere decir que si hubiera un accidente en el parking del aeropuerto, probablemente un bombero ubicado a 3 minutos del lugar de los hechos no podría actuar.

En este caso, tendrían que esperar la llegada de profesionales externos, lo que supondría una demora de entre 25 y 30 minutos. Si quieren actuar, tienen que pedir permiso al aeropuerto y, una vez que lleguen los bomberos externos, podrían ser relevados por ellos. 

Tampoco están coordinados con el 112. “Hace una semana hubo un incendio en un restaurante en una terminal y llegaron primero los bomberos de la Comunidad de Madrid, luego los del aeropuerto y después los del Ayuntamiento de la capital”, comenta Ruyman Capote. “En total, 15 bomberos para una plancha quemada”, continúa. Lo que demuestra que “no hay coordinación”.

La labor diaria de un bombero consiste en revisar camiones, asistir a clases teóricas y prácticas y realizar las labores normales de cualquier parque de bomberos. Sin embargo, dentro de los aeropuertos también deben actuar en caso de derrames de queroseno, problemas de frenos en pista, averías en ascensores, accidentes de subcontratas… Y lo lógico sería que pudieran actuar ante cualquier accidente en el perímetro del aeródromo. 

Bloqueo político

El origen del problema está en que el colectivo no está reconocido como agentes de la autoridad y trabajadores públicos, tal y como consta en las propuestas que presentaron ante las leyes de Función Pública y Movilidad Sostenible. Y es precisamente ésta una de sus reivindicaciones. 

Así, los bomberos también advierten de los efectos colaterales que puede tener sobre la seguridad de los viajeros y los servicios de Protección Civil en los aeropuertos el bloqueo político de la Ley Marco, que permitiría coordinar a todos los colectivos de bomberos para que, en caso de accidente, pueda intervenir el profesional más próximo al lugar de los hechos.

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Por ello, no entienden que el Ministerio del Interior tenga paralizada la Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS). Se trata de una ley anunciada por el presidente del Gobierno durante el debate sobre el estado de la nación y cuya tramitación se encuentra en fase de enmiendas, a la espera de que se active la ponencia.

Si bien es cierto que los actuales problemas de descoordinación por culpa del bloqueo de la Ley Marco los sufren la mayoría de los colectivos de bomberos, la situación resulta especialmente alarmante en el caso de los aeropuertos.

La solución que proponen es pasar a la administración pública y depender de un organismo como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) o un organismo autónomo. También esperan que otras enmiendas al proyecto de ley de Movilidad Sostenible salgan adelante y solucionen parte del problema.

Pero si esto no ocurre, anuncian movilizaciones. La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) saldrá el 16 de mayo, antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, a manifestarse en Madrid. “Y no descartamos otras medidas”, alertan.