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Inmobiliario

La 'due diligence' de un inmueble

22 enero, 2020 06:00

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La 'due diligence' es el proceso de investigación que se hace de un activo que se quiere adquirir o en el que se desea invertir y consiste en destripar todos los números para conocer su situación financiera. El resultado es un informe exhaustivo con los pros y contras de la operación que se lleva a cabo a través de herramientas de Project Monitoring, claves para el control del riesgo del crédito prootor.

Aplicado al mundo inmobiliario, la 'due diligence' nos permite evaluar en profundidad el inmueble y conocer los aspectos más relevantes de su estado actual para poder determinar con mayor precisión su valor. 

En este sentido, permite identificar posibles pasivos ocultos en el negocio, revisar contingencias que hayan podido darse, identificar sinergias que puedan desarrollarse y planificar una estrategia adecuada y tendente a lograr el mayor beneficio económico posible tras la adquisición. “Si se encontraran aspectos nuevos o que estaban ocultos, sería necesario volver a retomar las negociaciones en aras de acotar la transacción a la nueva realidad apreciada”, explica Antonio Rodríguez, director de Proyectos de Alia Tasaciones.

Para ello, “necesitamos intervenir en ese activo para poder recopilar toda la información posible desde múltiples aspectos: contable, laboral, fiscal e incluso urbanístico, el más relevante en activos inmobiliarios”, afirma.

El objetivo de una 'due diligence' inmobiliaria es “reducir riesgos y conocer la realidad de aquel activo en el que vamos a intervenir, bien desde la adquisición o desde la inversión”, aclara Rodríguez. Así, por ejemplo, se pueden evitar imprevistos como anticipar algún problema de liquidez de la contrata y, en consecuencia, ayudar a evitar su quiebra. 

De haber utilizado esta herramienta durante el boom inmobiliario, se “habrían evitado muchos de los problemas de liquidez derivados del pinchanzo de la burbuja”, reconoce el directivo de Alia Tasaciones. Las ventajas de esta herramienta van más allá de la protección al inversor, promotor, constructor y cliente final, sino también para la sostenibilidad del propio modelo de negocio del sector inmobiliario.