El Senado declara como "responsables" del apagón al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC

Así lo indica el informe que este jueves aprueba la Cámara Alta y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En él, "la Comisión de investigación del Senado de España sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las telecomunicaciones del día 28 y 29 de abril de 2025 (...) declara responsables al Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Redeia / Red Eléctrica de España, de la interrupción del citado suministro eléctrico y de las telecomunicaciones".

La Comisión, tras analizar la documentación, las intervenciones en el Senado y los audios, considera que el Gobierno "incurrió en responsabilidad supervisora por incumplimiento de su función de tutela sobre el operador del sistema establecida (...) al no haber exigido a Red Eléctrica la comunicación formal de los incidentes previos de los días 16, 22 y 24 de abril ni las medidas adoptadas frente al riesgo sistémico identificado".

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El ente también responsabiliza al Gobierno por su "responsabilidad política por haber diseñado y ejecutado una política de transición energética que no incorporó los mecanismos de seguridad sistémica proporcionales al riesgo que el propio operador supervisado tenía documentado desde 2020, contribuyendo causalmente al colapso mediante una política de priorización de renovables sin el acompañamiento normativo, técnico y de infraestructura necesario para su integración segura".

Por su parte, según la Comisión, Red Eléctrica ha incurrido "en responsabilidad operativa directa por omisión antijurídica de sus obligaciones de garantía del suministro (...) al haber identificado y documentado internamente la vulnerabilidad estructural del sistema desde el 31 de enero de 2025 sin adoptar medidas preventivas proporcionales durante los tres meses siguientes, al no haber activado protocolos formales de emergencia ante la inestabilidad creciente que precedieron al colapso del 28 de abril pese a disponer de diagnóstico preciso de máxima gravedad".

También acusa a Red Eléctrica de "haber obstaculizado el control parlamentario negándose a aportar sus registros de comunicaciones al requerimiento formal de esta Comisión, conducta que puede constituir desacato a la autoridad parlamentaria".

Finalmente, la Comisión también ve responsabilidad de la CNMC por el "funcionamiento anormal del servicio público al haber mantenido sin actualizar el Procedimiento de Operación 7.4 desde el año 2000 hasta junio de 2025, pese a conocer desde 2020 la necesidad de su revisión y disponer de datos propios que mostraban el aumento exponencial de las sobretensiones en el sistema en los años previos al apagón".

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El Senado carga contra Competencia por "haber decidido no publicar un informe público sobre las causas del evento, sustituyendo su función de transparencia democrática por expedientes sancionadores opacos que preservan la opacidad sobre su propia corresponsabilidad en el retraso regulatorio y desatender las obligaciones de supervisión, inspección y sanción":

En cambio, no ve responsabilidad ninguna en el caso de las empresas privadas del sector eléctrico. Asegura que de la documentación que ha podido examinar "no se evidencia ni acredita ninguna responsabilidad en la producción del colapso, siendo su conducta, la de quien informó, advirtió, ofreció recursos a REE y colaboró con la investigación de esta Comisión.

El Senado también lanza una serie de recomendaciones para implementar en el futuro y prevenir nuevos apagones tanto en materia operativa como legislativa.

Así, reclama a Red Eléctrica que la operación del sistema se haga con "prudencia" y operando "con márgenes de seguridad" para minimizar la inestabilidad en el sistema hasta que se hayan puesto en marcha las reformas necesarias en el sistema para prevenir nuevos ceros energéticos.

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Recuerda, además, que el sistema de operación reforzada que viene manteniendo REE debe ser "estrictamente provisional" y que debe ser sometido a "proporcionalidad, fiscalización y temporalidad" porque "no puede convertirse en una solución permanente ni en un estado de excepción técnico indefinido".

Además, el informe del Senado reclama a la CNMC que fiscalice el modo de operación de la compañía que preside Beatriz Corredor y que se publique "mensualmente" la cuantificación del sobrecoste generado por esta fórmula de operación de emergencia.

Considera recomendable también que se revisen los umbrales y protocolos de actuación referidos a la tensión de la red de transporte, y que se implemente un sistema de alertas "más exigente" y que no se limite a verificar que la tensión se mantiene dentro de un rango formal. Lo mismo ocurre con los protocolos de actuación, pues asegura que la experiencia del 28 de abril demostró que "maniobras eficaces para amortiguar oscilaciones de frecuencia pueden agravar simultáneamente los problemas de tensión".

Asimismo, desde el Senado solicitan que se revisen los criterios de activación de recursos de respuesta rápida.

Cambios regulatorios

En cuanto a cambios regulatorios, el informe de conclusiones asegura que buena parte de lo ocurrido tiene su origen en que ha habido una "falta de acompasamiento del marco regulatorio" a la nueva configuración física y económica del sistema eléctrico.

Por ello reclama que se habilite "sin demora" que la generación renovable pueda contribuir al control dinámico de tensión en tiempo real.

Por ello solicita también dotar de medios materiales y económicos suficientes al regulador energético.

Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado, ha exigido en rueda de prensa la "dimisión inmediata" de la vicepresidenta Sara Aagesen y el "cese fulminante" de Beatriz Corredor.

Alicia García, portavoz en el Senado del PP. PP

Durante la presentación del informe, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "ocultar pruebas" y buscar "culpables ajenos" para "tapar su responsabilidad".

"El gran apagón no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida, fue el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes", ha añadido Alicia García.

Bajo punto de vista del PP, el Gobierno "ha intentado instalar en la opinión pública un relato": "La vicepresidenta Aagesen defendió públicamente que había sido un fenómeno multifactorial, inédito e impredecible".

La portavoz popular considera que Aagesen es culpable del apagón "por mantener las políticas radicales y sectarias de Ribera", además de por "cruzarse de brazos ante las evidentes y constantes avisos de riesgo" y "por mentir a los españoles e intentar ocultar la verdad".

Negligencia

"Esto tiene un nombre: gestión negligente", ha denunciado Alicia García.

Por su parte, cree que Beatriz Corredor también es responsable "porque conocía la vulnerabilidad del sistema" y porque "no adoptó con suficiente antelación medidas preventivas".

También porque "reaccionó tarde el mismo día del colapso y porque ha habido opacidad y falta de colaboración".