Joe David, CEO de Elementos, ante los terrenos en los que se desarrollará el proyecto Oropesa. Cedida.
Elementos afronta los últimos detalles en busca del permiso clave para volver a abrir una mina a cielo abierto en España
El último en intentar abrir un yacimiento a cielo abierto en el país fue Berkeley, ahora sumido en un litigio internacional contra el Estado.
Más información: Bienvenidos a Oropesa, la mina australiana en Córdoba que quiere evitar que la nueva euforia del estaño afecte a la UE
Elementos Resources, la empresa australiana que quiere abrir en Córdoba una mina a cielo abierto para surtir de estaño –un material clave para los microchips e increíblemente escaso– a la UE, afronta estos días los últimos ajustes para lograr su permiso clave para empezar a operar.
Es decir, la autorización ambiental. Se la debe proporcionar la Junta de Andalucía, que en las últimas semanas le ha transmitido nuevas 'peticiones adicionales de información', como se conoce en la jerga del sector a comentarios que normalmente acaban en ajustes del proyecto.
Con este pedido, son ya cinco los comentarios recibidos desde el Gobierno andaluz en escasos dos años, incluidos requerimientos, más una veintena de reuniones para revisar soluciones; el celo es máximo por su condición de yacimiento a cielo abierto, y en el entorno de Elementos se da por hecho que este es el último fleco y no habrá más que afinar para cumplir el calendario previsto.
O sea, que la autorización ambiental llegue este año. Previsiblemente a finales, y entonces tramitar la luz verde que falte. Pero nada es tan clave como esta autorización ambiental, porque con ello no habrá obstáculos serios a la primera nueva mina a cielo abierto en muchos, muchos años, en España.
Tanto, que casi no se tiene memoria de cuál fue la última vez que se abrió la tierra para inaugurar una operación de este tipo. Sí hay eco reciente del último intento, lanzado hace una década y polémico por su actual paralización: el proyecto de Retortillo, en Salamanca.
Litigio de 1.000 millones
El conflicto entre Berkeley, la empresa que pretendía explotar el yacimiento de uranio, se inició en 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado entonces por Teresa Ribera, denegó la autorización para construir la mina.
La decisión se basó en un informe negativo y vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que señaló incertidumbres y falta de fiabilidad en los análisis de seguridad, sobre todo en aspectos geotécnicos e hidrológicos.
Cinco años después, la minera aspira a resarcirse con una demanda formal por 1.000 millones de euros contra España presentada ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial.
Mientras tanto, Elementos avanza, seguro de que su proyecto en Córdoba se hará realidad. Cogería, si logra todos los permisos, el testigo a ese intento fallido de Retortillo y se alzaría como el primer nuevo yacimiento a cielo abierto de esta etapa de resurgimiento minero de España.
Celo del Gobierno andaluz
Esta es, precisamente, una cuestión que ven con extremo cuidado en la Junta de Andalucía. 'A cielo abierto' es un apellido que hace que todo se revise más veces incluso de lo habitual en una comunidad que en el último año ha desbloqueado el resurgimiento de la mina de Aznalcóllar, un proyecto que ha tenido una fuerte oposición por parte de ecologistas durante años.
Sus temores se disiparon con las características técnicas del proyecto para revivir el yacimiento, muy diferentes a las que se tenían en el momento del célebre desastre de 1998: ahora será mina subterránea y hay una fuerte inversión para mantener y recuperar el entorno.
Minería del futuro, se ha venido repitiendo no sólo en Aznalcóllar, también en Cobre Las Cruces –que cambió de dueño la pasada Navidad y pasará asimismo a desarrollar su operación bajo tierra– y en ello se insiste cuando se habla de lo que se espera con la nueva carrera minera abierta en el sur de España.
Porque en los últimos 30 meses se han lanzado concursos para conceder permisos de exploración en las ocho provincias andaluzas, con la idea de aprovechar al máximo la demanda de minerales críticos de la UE.
La región tiene bajo su suelo 17 de los 29 minerales críticos de la lista de la UE, lo que ya supone un aliciente por sí mismo, pero también esa llamativa apertura normativa está atrayendo a juniors como Elementos, que no se ajusta exactamente a la demanda de Bruselas dado que el estaño no está en esa lista de minerales críticos.
Aun así, planean invertir unos 160 millones para poner en marcha el proyecto, con un tiempo estimado de vida de al menos 12 años. Buena música en la que solo una nota sobresale: "a cielo abierto".
'No dar un paso en falso' es la expresión más repetida en el Gobierno andaluz, estos días en funciones y a expensas de unas inminentes negociaciones entre PP y Vox.
Foco internacional
En el entorno de Elementos están lejos de preocuparse por el clima político o por despertar temores entre colectivos ecologistas.
Casi incluso desean que llegue el debate para exponer que son una opción completamente segura, y así se promocionan también estos días, en los que ha logrado un salto de atención internacional.
Porque la compañía australiana ha ejercido de anfitriona en Sevilla ante actores globales del sector en la Conferencia Mundial del Estaño. Más de 250 delegados de 35 países han acudido a la capital andaluza, que no había acogido antes una cita de este tipo, y han viajado hasta los terrenos de Córdoba donde esperan pronto operar el bautizado como proyecto Oropesa.
Ahora todo el mundo sabe que se gesta otro foco mundial del estaño, del que se estima puede haber un déficit de 13.000 toneladas en 2030 si no se invierte más en nuevas minas, en el sur de España. Los trámites van llegando a su etapa final.
