Repsol, Moeve e industrias retienen sus reclamaciones por el apagón a la espera de cerrar sus peritajes y de la CNMC

Los equipos legales de las industrias afectadas están trabajando en los informes periciales para cuantificar con precisión el alcance económico de los daños. Aunque las grandes petroleras ya han dado a conocer una pérdida preliminar de unos 225 millones de euros, las reclamaciones formales se mantienen en espera hasta contar con todos los datos necesarios y asegurar su solidez jurídica.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia señalan que las empresas prefieren identificar claramente al responsable para que su acción legal sea lo más efectiva posible.

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Varios informes preliminares -el del Gobierno y el reciente de Entso-e (Red Europea de Operadores de Sistemas de Energía)- aportan información sobre las posibles causas del apagón, pero será el informe de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) el que tenga peso a la hora de determinar responsabilidades.

Las reclamaciones pueden realizarse por dos vías: la administrativa, con un plazo de un año desde el incidente (hasta el 28 de abril de 2026), y la civil, vinculada a posibles infracciones contractuales, que ofrece un margen que podría ser más amplio para presentar acciones legales.

La vía administrativa se fundamenta en la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. El plazo para reclamar es de un año desde el hecho causante del daño, es decir, hasta el 28 de abril de 2026.

El demandado en este caso es el Estado, que respondería si se demuestra una actuación negligente, una omisión en el control o una prestación deficiente de un servicio público.

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Por su parte, la vía civil permite reclamar por responsabilidad contractual o extracontractual de los operadores del sistema eléctrico. Es decir, permite reclamar daños cuando hay incumplimiento de contratos o negligencia por parte de empresas privadas responsables del suministro eléctrico.

En este caso, podrían considerarse responsables, por ejemplo, Red Eléctrica de España (REE), encargada de operar y supervisar el sistema eléctrico, si se demostrara que hubo fallos en el control o coordinación de la red, o las propias grandes distribuidoras eléctricas, si su actuación contribuyó al apagón. El plazo de esta vía es más amplio.

Responsables por determinar

El sector petrolero fue el primero en reflejar con cifras concretas el golpe económico del apagón en sus informes semestrales de 2025.

Cuando una refinería se detiene de forma prolongada, el crudo puede solidificarse en tuberías y equipos, lo que obliga a realizar costosos trabajos de mantenimiento para evitar daños.

En el caso de Repsol, estimó inicialmente un impacto de unos 175 millones de euros por lo sucedido el 28 de abril y Moeve de 50 millones de euros.

También la portuguesa Galp ha puesto algunos números al impacto. Según sus informes financieros del semestre, procesó un 10% menos de crudo en sus refinerías, lo que se cifró en un impacto de unos 80 millones de euros.

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No obstante, las reclamaciones totales por el apagón, entre las que se incluirían otras millonarias de grandes industrias, podrían superar los 1.000 millones.

Por el momento, ni Red Eléctrica, el operador del sistema, ni las grandes compañías eléctricas han hecho provisiones contables por el cero eléctrico.

Y el informe de los expertos europeos, publicado el viernes pasado, ha evitado señalar responsables. Entso-e publicará su informe final durante el primer trimestre de 2026, en el que sí se abordarán las causas y se establecerán recomendaciones concretas para evitar que el fallo se repita.

Lo que no harán en ningún momento los investigadores, según han aclarado, es señalar quiénes son los responsables del apagón. "No somos un cuerpo policial ni judicial", dijo Damián Cortinas, presidente del Consejo de Entso-e.

"Las cuestiones de responsabilidad, que sabemos que son muy relevantes, en particular dentro de España, no son el objetivo de este informe. Esto será determinado por las autoridades españolas cuando corresponda", aclaró.

El papel de la CNMC

En mayo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció en el Congreso para anunciar que el organismo iniciaría un análisis técnico exhaustivo con el fin de reconstruir lo ocurrido durante el apagón.

Fernández subrayó que el objetivo es determinar con precisión el origen del fallo y, en caso de detectarse infracciones graves, abrir los correspondientes expedientes sancionadores.

Las posibles sanciones administrativas no se limitarían a multas económicas, también la retirada de autorizaciones e incluso la inhabilitación de algunos operadores del sistema eléctrico.

En paralelo, la CNMC continúa reclamando información detallada a las compañías implicadas para completar su investigación. Según explicó Fernández, las multas que el regulador podría imponer a los operadores alcanzarían hasta 60 millones de euros.

Sin embargo, más allá del marco sancionador administrativo, el volumen económico realmente relevante se dirimirá en los tribunales a través de las reclamaciones judiciales de las empresas afectadas, que ascienden a cientos de millones de euros en pérdidas.