Se abre la veda para que las energéticas extranjeras accedan al crudo venezolano al reformar la Ley de Hidrocarburos

La Asamblea Nacional del país acaba de aprobar la reforma de su Ley de Hidrocarburos que permitirá a las energéticas extranjeras y locales operar campos petroleros por su cuenta.

Y lo podrán hacer porque se crearán nuevos modelos de contrato, se permitirá la comercialización de la producción y recibir las ganancias de la venta incluso si actúan como socios minoritarios de la petrolera estatal PDVSA.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la semana pasada la propuesta de reforma a la Asamblea Nacional. Con esta reforma, la industria petrolera del país, miembro de la OPEP, modifica la histórica ley petrolera del expresidente Hugo Chávez.

Se necesita todavía una segunda votación de debate en la Asamblea Nacional antes de la aprobación final, pero no se espera oposición. "El petróleo bajo tierra no sirve para nada", declaró su presidente, Jorge Rodríguez, durante la sesión del pasado jueves.

Licencia para Repsol

Es el penúltimo escalón para que empresas, como la multienergética española Repsol, puedan reiniciar su actividad en el país americano después de años de sanciones y de las medidas aprobadas por Donald Trump en marzo de 2025.

Estados Unidos podría aprobar en los próximos días una nueva autorización específica a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés).

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También podría añadir a esa autorización o sólo aprobar una exención a los aranceles secundarios que le permita operar en Venezuela sin exponerse a sanciones ni a los aranceles del 25% ligados al crudo venezolano.

Y es que Trump no “suspendió” directamente las operaciones de las petroleras en Venezuela con una sola orden, pero sí dio dos pasos clave que asfixiaron de facto la actividad petrolera vinculada a EEUU y desincentivaron la de terceros países.

El 24 de marzo firmó la orden ejecutiva 14245, “Imposing Tariffs on Countries Importing Venezuelan Oil”, que autorizaba un arancel del 25% sobre todas las importaciones a EEUU procedentes de países que compren crudo o productos petrolíferos venezolanos, directamente o vía intermediarios.

La orden definía “petróleo venezolano” como cualquier crudo o derivado extraído, refinado o exportado desde Venezuela, sin importar la nacionalidad de la empresa, lo que abarcaba también a compañías europeas, asiáticas o latinoamericanas que operasen allí.

Paralelamente, la OFAC ajustó la Licencia General 41 para Chevron y sus joint ventures, alargando un periodo de “wind-down” (fase ordenada de cierre o reducción de operaciones), pero encaminado a terminar la autorización especial heredada de la Administración Biden, lo que en la práctica obligaba a cesar progresivamente operaciones comerciales normales.

Y como guinda, las energéticas estadounidenses, junto con las europeas como Repsol, han pedido claridad regulatoria sobre qué operaciones están permitidas (inversión upstream, swap de crudo por deuda, pagos de impuestos y royalties, etc.), porque las licencias recientes excluyen expresamente ciertos pagos al Gobierno venezolano.

Problemas legales

Los ejecutivos internacionales de la industria del petróleo y los potenciales inversores, que son parte del ambicioso plan de reconstrucción de más de 100.000 millones de dólares de Washington para el sector energético de Venezuela, están exigiendo autonomía para producir y exportar petróleo.

Piden también recibir el dinero en efectivo proveniente de cuando Chávez nacionalizó y expropió sus activos hace dos décadas.

Pero todos estos cambios legales, pueden traer problemas. Abogados independientes han advertido que la reforma radical contradice la Constitución venezolana, que reserva las principales actividades de la industria petrolera al Estado.

La reforma también requiere la derogación de muchas leyes relacionadas aprobadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

Y algunos expertos han señalado que el modelo propuesto por Rodríguez, que permite a las empresas producir y exportar petróleo de forma independiente a través de contratos con PDVSA, es contrario al modelo de empresa mixta en que se basa la ley de hidrocarburos.

Eso sin contar con las empresas chinas y rusas que ya estaban funcionando en el país, al margen de las sanciones estadounidenses y con el beneplácito del Gobierno chavista.

"Si se rompen los contratos, las empresas perjudicadas iniciarán lo que se denomina 'un arbitraje de inversión'", ha señalado a EL ESPAÑOL-Invertia el abogado Seguimundo Navarro, socio director del despacho de abogados inARB y árbitro (ArbP y MCIArb) en tribunales internacionales.