Unesid, la asociación que representa a los productores de acero y de tubos, asegura que se han producido unos 55 millones de euros menos en 2023 por importaciones "fraudulentas" de tubos de acero de China declaradas como estructuras fotovoltaicas.

Según la patronal siderúrgica, el pasado año se importaron de China 119.807 toneladas de estructuras para la construcción de este tipo de instalaciones (más de 55.000 toneladas adicionales, lo que prácticamente duplica el volumen registrado en 2022).

En 2023, se importaron 61.000 toneladas de estructuras chinas por debajo de 1.100 euros/tonelada, un importe que se asemeja más al de los tubos de acero que a las estructuras elaboradas. Por tanto, se puede estimar que la cantidad de tubos mal declarada oscila entre 50.000 y 60.000 toneladas.

[La Unión Europea extiende a 2025 la suspensión de sus aranceles sobre los productos de acero de Estados Unidos.]

"Algunos importadores declaran los tubos como estructuras solares con la intención de eludir la regulación europea de importaciones de productos de acero, lo que está distorsionado al mercado. Los derechos a pagar cuando se superan los contingentes marcados en la salvaguardia son del 25% del valor de la mercancía", ha asegurado el director general de Unesid, Andrés Barceló.

En este sentido, Barceló ha explicado que "como los tubos o los perfiles laminados en caliente están sujetos a las medidas de salvaguardia establecidas por la Comisión Europea y los contingentes chinos se suelen agotar todos los trimestres, los importadores los declaran como estructuras metálicas. Pero, cortar los tubos a medida, galvanizarlos o mecanizar cuatro taladros, no los convierten en estructura".

"Declararlos mal es una manera de eludir las medidas de salvaguardia, reducir el pago de aranceles, perjudicar a las arcas públicas y levantar estructuras sobre materiales que no son lo suficientemente consistentes y duraderos en el tiempo. No es muy coherente hablar de sostenibilidad y, al mismo tiempo, incumplir la legislación vigente", ha defendido el director general.

Unesid lleva tiempo denunciando esta situación, que puso en conocimiento de la Agencia Tributaria y solicitó que se cobrasen los derechos de salvaguardia a los que están sujetos estos materiales establecidos por la Comisión Europea desde 2019.

Asimismo, ha contactado con otros organismos competentes tanto nacionales como comunitarios porque considera que no es un asunto exclusivamente aduanero.