La directora ejecutiva de Spain DC, Begoña Villacís, interviene durante el encuentro informativo Spain DC.
Los centros de datos sopesan pedir indemnizaciones al Gobierno si se aprueba una regulación tan restrictiva
La gigafactoría de IA no cumpliría con los requisitos del Gobierno.
Tres tecnológicas internacionales valoran frenar sus proyectos.
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Los centros de datos han elevado el tono de su oposición al proyecto de Real Decreto con el que el Gobierno pretende regular la implantación de estas instalaciones en España.
Sopesan acudir a los tribunales para reclamar indemnizaciones si finalmente se aprueba la norma en los términos actuales.
El sector considera que algunas de las exigencias planteadas pueden comprometer inversiones que ya están en marcha o han sido anunciadas y cuestiona tanto su proporcionalidad como su encaje jurídico.
La nueva regulación, impulsada conjuntamente por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, establece requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, además de condiciones vinculadas a la resiliencia y la soberanía digital de los centros de datos.
El borrador afecta a las nuevas instalaciones y plantea un marco especialmente exigente para aquellas infraestructuras que, por su elevado consumo eléctrico, tendrán un impacto significativo sobre el sistema energético.
Uno de los puntos que más rechazo ha generado es la obligación de que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, hora a hora, al menos el 80% de la electricidad que consuman.
El objetivo del Ejecutivo es evitar que la llegada masiva de instalaciones vinculadas a la inteligencia artificial y a la computación en la nube provoque un incremento de los costes del sistema eléctrico que termine trasladándose a los hogares y a la industria.
Sin embargo, los operadores consideran que cumplir esta condición supone un desafío técnico y económico de gran magnitud.
La exigencia de acreditar generación renovable de forma sincronizada con el consumo implica disponer de electricidad limpia también durante las horas en las que no existe producción solar, lo que obliga a recurrir a otras tecnologías renovables, almacenamiento o contratos que permitan garantizar el suministro en cada momento.
La patronal Spain DC ha advertido de que el borrador puede poner en riesgo miles de millones de euros de inversiones previstas en España.
El sector calcula que los proyectos de centros de datos podrían movilizar alrededor de 66.900 millones de euros hasta 2030, en un momento en el que España aspira a convertirse en uno de los principales polos europeos de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios en la nube.
Según las estimaciones manejadas por la industria, la regulación podría comprometer hasta 9.000 millones de euros de inversiones y afectar a unos 16.000 empleos si los proyectos terminan deslocalizándose hacia otros países europeos con requisitos menos restrictivos.
Entre los destinos alternativos aparece Portugal, que compite con España por atraer estas grandes infraestructuras digitales.
El temor de los promotores es especialmente relevante porque buena parte de los proyectos se encuentran en distintas fases de desarrollo, con terrenos adquiridos, acuerdos energéticos, inversiones comprometidas o procesos administrativos ya iniciados.
Una modificación sustancial de las condiciones regulatorias podría alterar la viabilidad económica de iniciativas que fueron diseñadas bajo un marco diferente.
Por ello, el sector está estudiando las vías jurídicas disponibles para defender las inversiones comprometidas.
La posibilidad de reclamar indemnizaciones al Estado se plantea como una de las opciones si la nueva normativa termina provocando la paralización o inviabilidad de proyectos que ya habían avanzado con unas determinadas expectativas regulatorias.
La patronal cuestiona, entre otros aspectos, la proporcionalidad de las obligaciones y advierte de posibles problemas de seguridad jurídica.
Modificar el decreto
La batalla legal, no obstante, todavía no está planteada como un escenario inevitable.
El proyecto se encuentra en fase de tramitación y el Gobierno ha recibido numerosas alegaciones de empresas, patronales y administraciones territoriales.
El plazo oficial de audiencia e información pública concluyó el 10 de septiembre.
El Ejecutivo ya ha mostrado su disposición a introducir modificaciones en el texto para facilitar la llegada de inversiones, aunque mantiene una línea roja: los nuevos centros de datos no deben generar un sobrecoste para los consumidores eléctricos.
El Gobierno quiere evitar que el fuerte crecimiento de la demanda asociado a la inteligencia artificial obligue a ampliar redes e infraestructuras que finalmente sean sufragadas por el conjunto de los usuarios.
La preocupación no es exclusiva de las empresas. Varias comunidades autónomas han presentado también alegaciones.
Aragón, una de las regiones que concentra una mayor cantidad de proyectos, ha reclamado una revisión integral del decreto y considera que algunas de sus exigencias son directamente imposibles de cumplir.
La Junta de Andalucía ha planteado igualmente que la regulación debe ser técnicamente viable y económicamente proporcionada.
El conflicto enfrenta así dos objetivos del Gobierno.
Por un lado, España quiere aprovechar el enorme ciclo inversor generado por la inteligencia artificial y atraer centros de datos de grandes compañías tecnológicas.
Por otro, pretende evitar que estas instalaciones, cuyo consumo eléctrico puede alcanzar cientos de megavatios, presionen la red, disparen las necesidades de generación o terminen encareciendo la factura eléctrica.
La decisión que adopte finalmente el Ejecutivo será determinante para el futuro de una industria que ha anunciado inversiones multimillonarias en España. Si las exigencias se mantienen sin cambios sustanciales, los promotores estudian llevar la batalla hasta los tribunales.
Si el Gobierno opta por flexibilizarlas, tendrá que encontrar el difícil equilibrio entre mantener el atractivo de España para las inversiones tecnológicas y garantizar que el coste energético de la nueva economía digital no recaiga sobre los consumidores.
