"Desde la eólica hasta el acero, desde las baterías hasta los vehículos eléctricos, nuestra ambición es muy clara: el futuro de nuestra industria de tecnologías limpias debe fabricarse en Europa", dijo hace unos días la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión.

El Parlamento Europeo ha votado mayoritariamente a favor de la propuesta de ley que presentó la Comisión Europea, lo que significa que las negociaciones interinstitucionales (los trílogos) ya pueden comenzar.

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"El compromiso de Suecia, durante sus seis meses en la presidencia del Consejo Europeo, y ahora de España, es que se haya llegado a un acuerdo en los trílogos antes de fin de año", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Vicente Gutiérrez Peinador, presidente de Confedem (Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalurgia) y secretario general de PRIMIGEA (Asociación de Industrias de las Materias Primas Minerales).

"La ventaja de que se tenga que cerrar un acuerdo en este semestre es que, como preside España, no puede votar aunque tenga opinión", añade.

Proyectos estratégicos

El ejecutivo de la UE sugirió establecer el objetivo de extraer al menos el 10% del consumo anual comunitario de un número determinado de materias primas. También propuso que el procesamiento fuera de al menos el 40% de su consumo (aunque finalmente se ha aumentado al 50%) y se reciclara al menos el 15% para 2030.

Los legisladores europeos no han hecho cambios a la propuesta por la Comisión, pero sí se determinará qué proyectos de minería, refinación y reciclaje pueden beneficiarse de permisos más rápidos y más financiación: los reconocidos como estratégicos.

"Sin embargo, algunos estados miembros se oponen a que Bruselas sea quien decida qué proyectos son estratégicos y lucharán para que la última palabra se tenga en el Gobierno nacional, lo que nos deja a expensas del color político", añade el máximo responsable de Confedem y Primigea.

Aún así, han introducido una serie de disposiciones destinadas a reforzar los requisitos medioambientales y sociales de los proyectos mineros, y por tanto, se escuchará a las comunidades afectadas por sus operaciones el derecho a dar o negar el consentimiento para los proyectos. Esta disposición ha sido una demanda clave de las ONG. Los legisladores también votaron a favor de incluir al aluminio en la lista de materias primas estratégicas propuesta por la Comisión, tras meses de presiones de esta industria.

El litio y la tramitación

"Hay un punto fundamental en este texto, que de aprobarse en los trílogos, sería muy positivo para nuestra industria: delimitar el tiempo de aprobar o denegar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en un plazo máximo de 12 meses y, en algunos casos, en 24 meses", explica a este diario Gutiérrez Peinador.

El tapón de la aprobación de las DIA ralentiza los proyectos que se esperan para la extracción de litio en Extremadura o los yacimientos de cobalto, coltán o wolframio en Galicia.

"El problema es que en el Consejo Europeo hay países que no quieren poner fecha límite y si se hace así, la ley no servirá de nada, porque el gran problema para la minería es la tramitación de las DIA", que deja en standby a los proyectos sine die, "no les deja avanzar".

"Hay otro problema igual de importante: la ventanilla única, es decir, que se centralice todo en un mismo organismo para que se tramiten todos los proyectos de una manera homogénea". Tanto la Comisión Europea como el Europarlamento han apostado por esa vía, pero no lo ven así en el Consejo Europeo, pues "no quieren que ese organismo tenga carácter vinculante, sino solo asesor", explica el experto.

Récord de tramitación en Andalucía

El problema de la tramitación de los permisos no sólo depende de Bruselas. En España, las competencias de esta área corresponden a cada comunidad autónoma.

"Por ejemplo, en Andalucía hay decenas de proyectos de investigación para explorar y explotar minerales (entre ellos el cobre) que ha autorizado la Junta de Andalucía en un tiempo récord con el nuevo Gobierno de Moreno Bonilla y otros tantos están en ejecución", puntualiza Gutiérrez Peinador.

"Por ejemplo, ha autorizado algún proyecto de explotación, como el de Atalaya Mining, en tan solo 18 meses, cuando antes tardaban entre 6 y 7 años, y eso es un aliciente para que se mueva esta industria, ahora esperamos que otras comunidades autónomas que también han cambiado el color político hagan lo mismo", concluye.