España podrá redirigir hasta un máximo de 4.200 millones de euros de los fondos estructurales europeos que tiene asignados para el periodo 2014-2020 a medidas de emergencia para aliviar la factura energética de pymes y hogares vulnerables. La UE flexibilizará las reglas para facilitar que las ayudas regionales puedan reprogramarse con el fin de ayudar a los Estados miembros a hacer frente a la crisis energética, según ha anunciado este martes la comisaria de Política Regional, Elisa Ferreira.

El cambio de reglas pondrá a disposición de los países de la UE un total de 40.000 millones de euros para dar una respuesta a corto plazo a la subida imparable de precios del gas y la electricidad. No se trata de dinero nuevo, sino de ayudas regionales que cada Estado miembro ya tenía adjudicadas pero que todavía no ha gastado, ya que el plazo para hacerlo no caduca hasta 2023.

Bruselas permitirá redirigir hasta un máximo del 10% de los fondos estructurales 2014-2020 a amortiguar el impacto de la crisis energética. El dinero puede destinarse a apoyar a las pequeñas y medianas empresas afectadas por los altos precios de la energía; al consumo energético de los hogares vulnerables; y a financiar expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE). Los fondos europeos podrán cubrir el 100% de las ayudas, sin necesidad de cofinanciación nacional.

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España es ahora mismo el Estado miembro más retrasado en la ejecución de los fondos estructurales del periodo 2014-2020. Apenas ha gastado el 49% de los 42.400 millones de euros adjudicados, cuando sólo queda poco más de un año para que acaben los plazos. La flexibilización decidida por Bruselas permitirá a las comunidades autónomas reprogramar hasta el 10% de los fondos pendientes (los mencionados 4.200 millones) en medidas de emergencia para la crisis energética. El gasto elegible puede remontarse hasta el 1 de febrero de 2022.

La financiación extra de 40.000 millones para la crisis energética es una de las medidas incluidas en el paquete adoptado este martes por la Comisión de Ursula von der Leyen, que incluye también un primer paso para establecer un tope al precio el gas importado, así como la obligación para los Estados miembros de comprar conjuntamente al menos el 15% del gas destinado a rellenar las reservas.

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Con esta iniciativa, Von der Leyen intenta acallar las voces que reclaman crear un nuevo fondo anticrisis para salir al rescate de los países más golpeados por la crisis energética. Una medida reclamada por Francia, Italia y España, así como por miembros de su propio equipo, como Paolo Gentiloni o Thierry Breton. Sin embargo, Alemania, el país de procedencia de la presidenta, se opone frontalmente a cualquier iniciativa que signifique emitir de nuevo deuda conjunta europea.