Es la historia de una compañía minera, Berkeley Energy, que cotiza en Sidney y Londres, que lanzó al estrellato una mina de uranio en Retortillo, Salamanca, hace justo este mes 10 años.

La compañía se creó en 2007 al mismo tiempo en el que se comenzaban los estudios sobre el terreno salmantino. Prometía un brillante futuro a la comarca de la mina, pero no parece que vaya a llegar ese momento. Incluso se llegó a invertir 70 millones de euros. Ahora ese dinero, si la justicia no lo dice lo contrario, se perderá en la noche de los tiempos. 

Y es que la historia de este proyecto, una mina con una planta de fabricación de concentrados de uranio y un almacén de residuos radiactivos, ha sido una montaña rusa de triunfos y derrotas tanto para los que lo apoyaban como para sus contrarios. 

Berkeley Energy creó la filial de Berkeley Energía, para poder centrarse en el desarrollo de este proyecto. En 2018, se estrenó en el mercado bursátil español. 

El 93% de su capital está en los mercados y tres fondos con sede en EEUU afloran con mayor participación: Global X Uranium ETF (4,37%), North Shore Global Uranium Mining ETF (2,50%) y DFA Asia Pacific Small Company Series (0,01%).

Berkeley Energy

Su matriz, Berkeley Energy, está centrada en España, aunque se define como una empresa con gran experiencia en energía renovable e ingeniería energética, construcción e inversión en mercados en desarrollo.

Tiene oficinas en Londres, Singapur, Nairobi, Mauricio, Delhi y Manila y también desarrolla una cartera de proyectos de energía renovable con un enfoque principal en la energía solar fotovoltaica. 

Sin embargo, se dedica a la exploración y desarrollo de minerales y su principal objetivo es la mina de uranio de Salamanca en la que tenía prevista una inversión de unos 250 millones de euros y la creación de unos 450 empleos, y hasta 2.000 puestos de trabajo indirecto.

Según Noticias de Castilla y León, todo empezó cuando la población de la comarca se puso en contra por arrancar 1.800 encinas, entre 2017 y 2018, con el objeto de preparar los terrenos para las instalaciones mineras previstas en Retortillo. Según la plataforma vecinal "necesitaba de licencia urbanística de la que carece la empresa minera, por lo que el Ayuntamiento de Retortillo debería haber paralizado la tala y haber restaurado la legalidad urbanística".

El vaivén de su cotización

A partir de ahí, han seguido los infortunios. Cuando salió a bolsa, en España, Berkeley Energía era una mina (también de uranio): se disparó su precio un 90% en seis sesiones. No tardaría en caer y volver a subir y así durante estos tres años. El espectacular rally alcista continuó hasta cerrar en los 3,270 euros pero a cierre del viernes, 3 de diciembre, apenas levanta de los 0,1006 euros.

Las noticias sobre las licencias concedidas por las administraciones autonómica, central y europea animaban su valoración, pero en su contra estaba el litigio de Singapore Mining, subsidiaria del fondo estatal de inversiones de Omán, en relación con el contrato de inversión y pagaré convertible celebrados en 2017.

"Aunque no lo quiera, esta cotizada se ha convertido en un blanco perfecto para los especuladores de turno", coinciden en definirla así varios expertos en mercados. 

Omán y el CSN

El Ministerio para la Transición Ecológica puede haberle dado el golpe de gracia con la denegación del permiso para construir la planta de tratamiento del uranio tras tener en cuenta el informe desfavorable del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear).

O quizá sea el Estado de Omán. Singapore Mining Acquisition, una filial de Omán Investment Authority, el fondo estatal de inversiones de Omán, se va a hacer con gran parte de su capital.

Pero Berkeley no da la batalla por perdida. Para cubrir su deuda con Omán, va a emitir un total de 186 millones de nuevas acciones, por valor de 65 millones de dólares. Esas acciones suponen en torno al 41% del capital de Berkeley.

Y para no perder hasta las botas, la compañía ha advertido que pedirá daños y perjuicios al Gobierno no solo por las inversiones realizadas hasta ahora, sino también por el lucro cesante de la paralización del proyecto. La cuantía a reclamar podría exceder ampliamente los 400 millones de euros.

Si le sale bien la jugada judicial, sería la última oportunidad de Berkeley para saldar sus deudas y dejar atrás, limpio de polvo y paja, una trayectoria llena de sinsabores.