El 'hachazo' que aprobó el Gobierno el pasado 14 de septiembre a las grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, podría ser recurrido por ser discriminatorio e inconstitucional, según ha explicado a EL ESPAÑOL/Invertia un socio experto en energía del despacho de abogados Cuatrecasas. Por eso, los equipos jurídicos de estas eléctricas están preparando la batalla judicial: "Es evidente, no hay mucho espacio para la creatividad".

En el Real Decreto Ley 17/2021 de medidas urgentes para bajar la luz se puede interpretar que "distingue el KWh de cada empresa y tipo de manera diferente, perjudicando solo a dos empresas del sector, en este caso Iberdrola y Endesa", señala. 

"Si solo se aplica la ley según quién esté firmando los contratos eléctricos, hay una diferencia de trato". Por eso, en su opinión, el primer concepto para recurrir el RDL es la "discriminación o trato discriminatorio cuya prohibición está recogida en el artículo 14 de la Constitución", y como solo se puede recurrir un RD Ley si infringe dos normativas, la Constitución y el derecho comunitario, en este caso está más que justificado. 

Pero es que, además, también se puede alegar arbitrariedad, que aparece en el artículo 9.3 de la Constitución. “Existen fundamentos de que el Real Decreto Ley albergue más de una arbitrariedad que pueda situar a determinadas instalaciones en una situación de producción a pérdidas”.

"Es una normativa que puede tener efectos distorsionadores del precio, y que son medidas de carácter público. Volvemos a tener una limitación desde el punto de vista del derecho de la UE, porque tiene que ser objetiva y no discriminatoria". 

"Pocas normas en los últimos años han suscitado tanto interés y controversia” como esta normativa, cuestionada “tanto por el tipo de instrumento elegido, como por su contenido y por la forma en que el Ministerio ha querido aclararlo”.

Nuevas medidas del Gobierno

Precisamente este martes, el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para 'suavizar' la tensión con las eléctricas, junto a un paquete de 100 millones de euros adicionales para ayudar, frente el incremento del precio de la luz, a los 1,2 millones de hogares vulnerables que existen en el país, ante la llegada del invierno.

"Es muy importante resolver tres aspectos a la vez", señaló la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a preguntas de EL ESPAÑOL/Invertia en un encuentro con los medios. "La primera que haya precios eléctricos razonables para la industria, y la gran industria en particular. La segunda garantizar que los consumidores vulnerables cuenten con todas las garantías para poder pagar su factura de la luz. Y la tercera es precisar quiénes son los que la Administración considera que se han beneficiado con el incremento del precio del gas".

Cuatrecasas sugiere que si es así, y se adaptan medidas para corregir esta situación, se puede solucionar el problema. "Hay un principio en el sector jurídico: más vale un mal acuerdo que un pleito. Todos quieren poner de su parte para evitar problemas a largo plazo". 

Calendario judicial

Si se recurre, al ser un Real Decreto Ley, no se puede reaccionar directamente contra él, sino que "cada medida debe ser recurrida tribunal por tribunal", añade el experto jurídico. "Mientras tanto no se deroga, continúa en vigor".

La fecha en la que se podría dar el pistoletazo de salida a la batalla judicial es a mediados de noviembre, que es "cuando comienzan las liquidaciones". Es la fecha en la que las eléctricas que estén obligadas a hacer los pagos deben hacerlo.

"Primero se recurrirá bajo el concepto de conflicto de gestión económica en la CNMC, que ratificará la normativa del Gobierno". A partir de ahí se verá si compensa seguir adelante. "Ahora hay que ver si con las nuevas medidas que se aprueban para concretar el RDL 17/2021 merece la pena continuar".