El Gobierno ha dado el primer paso para tomar el control de la Sareb y en los próximos meses va a llegar a un acuerdo con la banca y el resto de los accionistas privados del banco malo para establecer la vía de salida de su capital. Un proceso que coincidirá con el cierre de la adjudicación del megacontrato para gestionar más de 30.000 millones de euros en activos de la Sareb que lleva meses en marcha, en el que compiten actualmente cinco servicers y que sigue adelante pese a la futura toma de control de la compañía por parte del Estado, según informan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector.

La Sareb abrió hace unos meses un concurso para elegir a las dos o tres firmas que se encargarán de gestionar gran parte de sus activos tras el vencimiento de los contratos actuales que tiene con Altamira, Haya, Servihabitat y Solvia.

A este concurso se presentaron seis servicers (los cuatro actuales más Anticipa e Hipoges), como adelantó este periódico, si bien la compañía decició hace un par de meses excluir a Servihabitat del proceso.

En aquel momento ya se conocían las intenciones del Gobierno para hacerse con una participación mayoritaria en la compañía semipública, de cuyo capital el Estado es dueño en un 45,9% a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El resto está en manos privadas: catorce bancos -principalmente Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%) y Sabadell (6,61%)- y diez aseguradoras.

Y, con todo, el proceso de adjudicación se puso en marcha. Es por eso que en el sector se asume que el contrato seguirá adelante como estaba previsto y, de hecho, es posible que su cierre se produzca incluso antes de que la participación del Estado en la Sareb sea mayoritaria.

La elección de los futuros servicers, según ha podido saber este periódico, está prevista para este primer trimestre del año, es decir, que tendrá lugar a lo largo de febrero o marzo.

La toma de control de la compañía por parte del Estado, sin embargo, requiere de un acuerdo previo entre la banca y el Gobierno sobre la fórmula de traspaso de sus participaciones al Estado y, después, la aprobación de una norma para hacerlo posible, por lo que no es inminente y podría tener lugar después.

De momento, ambas partes están de acuerdo en permitir a los bancos computarse los créditos fiscales correspondientes a las pérdidas que les ha generado su participación en la Sareb, como contó este periódico.

Será liquidada

Que el contrato se lleve a cabo como estaba previsto y la Sareb firme un nuevo contrato con los servicers elegidos tiene sentido teniendo en cuenta que, pese al cambio legal aprobado el martes, el plan del Gobierno es liquidar la Sareb en 2027. Así se estableció en el momento de su creación, en 2012, y se acordó con las autoridades europeas.

Con todo, el Ejecutivo podría decidir extender su vida más allá de ese límite, pero para ello debería aprobar una nueva normativa en el seno del Consejo de Ministros que lo modificase y, previamente, obtener el visto bueno de Bruselas, según informan fuentes del sector. Hace unos meses, el Gobierno abría la puerta a que así fuera, pero finalmente ha decidido mantener el plazo límite.

El presidente de Sareb, Javier García del Río. Sareb Sareb

También habría que utilizar esta vía en el caso de querer convertir la cartera de suelos de la Sareb en vivienda pública, dado que la función con la que nació el banco malo, su "objeto exclusivo", es "la tenencia, gestión y administración directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que (...) le transmitan las entidades de crédito", como reza el Real Decreto que dio lugar a su puesta en marcha.

La conversión de la Sareb en una herramienta para favorecer la disposición de vivienda pública ha sido un reclamo durante años de Unidas Podemos, partido que en las últimas horas ha criticado que esta no sea la intención del PSOE con el cambio de su régimen jurídico.

Con todo, la modificación aprobada el martes sí contempla la incorporación del "impacto social dentro de los criterios de maximización de valor de la acción de Sareb", algo que refuerza "su capacidad de colaboración con organismos públicos y entidades no lucrativas con experiencia y competencias en el ámbito de la vivienda social".

Un trabajo que, realmente, la Sareb ha estado realizando durante los últimos años. En la actualidad, la bolsa de viviendas con fin social que la compañía ha decido a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Ministerio de Transportes está compuesta por unos 15.000 pisos. Y hay que tener en cuenta que la cartera de la Sareb no solo está formada por viviendas, sino también por otro tipo de inmuebles y préstamos.