La SEPI vuelve al mercado después de 30 años para captar 1.000 millones en pleno asalto del Gobierno a empresas

El anuncio -que ha pasado desapercibido a nivel político- busca "diversificar" las fuentes de financiación del holding estatal que agrupa empresas públicas como Correos, Tragsa, Navantia, la Agencia EFE y participaciones en cotizadas como Telefónica, Indra, Redeia, Talgo o Airbus.

Una decisión que es sorprendente. No sólo porque es la primera vez en tres décadas que la compañía recurre al mercado, sino porque lo hace con su deuda en máximos y en pleno asalto del Gobierno a empresas.

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Hace sólo unas semanas que se consumó un nuevo asalto a Indra, tras forzar la salida de su hasta entonces presidente, Ángel Escribano. El Gobierno temió perder el control de la cotizada y presionó para ejecutar un cambio y designar a un equipo directivo de su confianza liderado por Ángel Simón, ex consejero delegado de Criteria Caixa.

Pero Moncloa lleva varios años intentando influir en grandes empresas y para ello no ha dudado -cuando ha sido posible- en comprar participaciones de control para (dicen) dar estabilidad en la gobernanza y proteger los intereses estratégicos de España.

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Respecto a este movimiento de la SEPI, desde el organismo indican que estamos ante una forma de buscar financiación alternativa para solucionar puntuales tensiones de liquidez. Pero en el sector empresarial recelan del elevado montante definido en esta estrategia.

Hablamos de nada menos que 1.000 millones, cerca de la mitad de los 2.200 millones que se gastó la propia SEPI en 2024 para comprar hasta un 10% de las acciones de Telefónica.

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Muchos ven este movimiento como una forma de obtener liquidez ante posibles operaciones de similar calado.

El Gobierno nunca ha ocultado su interés por controlar empresas y más si son grandes compañías estratégicas del Ibex, como Telefónica o Indra.

Pero en los últimos dos años se ha encontrado con el problema de la financiación, sin poder aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE) y con una SEPI con grandes problemas de endeudamiento.

Es así como la compra de Telefónica se utilizó acomodando partidas presupuestarias de los PGE prorrogados, una estrategia que es difícil de sostener en el tiempo si es que surgen nuevas oportunidades en nuevas empresas.

De hecho, la entrada en Talgo de finales del año pasado fue ampliamente resistida desde el propio holding, entre otras cosas por la falta de liquidez del Gobierno para ejecutar estas operaciones con recursos propios.

Las intenciones del Ejecutivo desde hace varios años pasan por energéticas o empresas de infraestructuras. Pero hasta la fecha no ha vuelto a poner sobre la mesa ninguna operación concreta. Quizás por falta de financiación.

Programa de pagarés

En este sentido, la SEPI registró hace dos semanas un programa de pagarés en el mercado de Renta Fija de BME y AIAF.

Los pagarés están dirigidos a inversores institucionales, tendrán una unidad nominal de 100.000 euros y plazos de vencimiento de tres hasta 364 días. Esto implica que no necesariamente se optará por captar la totalidad de estos 1.000 millones, pero la opción está sobre la mesa.

Del mismo modo, a través de este programa admitido a cotización, la SEPI podrá emitir pagarés de forma flexible durante los próximos 12 meses. En principio se hará de manera periódica y paulatina.

La operación contará con Banca March como Arranger y Agente de Pagos. La colocación de las emisiones se llevará a cabo por varias entidades financieras y J&A Garrigues es el asesor legal del emisor y de los dealers.

Deuda de la SEPI

La SEPI cuenta con ratings A-1 a corto plazo y A+ a largo plazo, en ambos casos con perspectiva estable, por la agencia de calificación Standard & Poor’s Global Ratings.

Un ranking que se explica, no por su solvencia ni la de sus empresas participadas (que llevan varios años acumulando millonarias pérdidas), sino porque el aval que responde en último término es el Estado español.

Es así como sus últimas cuentas registran un elevado endeudamiento, la mayoría de las veces solventado por aportaciones extraordinarias del Ministerio de Hacienda, la cartera de la que depende directamente.

A falta de conocer los resultados de 2025, en 2024 la deuda con entidades de crédito se disparó hasta los 3.510 millones de euros, un 5% más en un año.

Navantia y la Agencia EFE

En 2025tuvo que abonar 730 millones de euros de deuda, tras tener que abonar otros 1.000 millones en 2024 y 57 millones en intereses.

El problema de la SEPI no es su gestión directa, sino que tiene que estar frecuentemente haciendo aportaciones de capital a sus empresas participadas mayoritarias, las que controla por encima del 51%.

De esta manera, en 2024 tuvo que aportar 560 millones de euros a Navantia, su segunda mayor empresa por tamaño y facturación tras Correos.

Pero es que además tuvo que aportar, otro año más, 21 millones a la Agencia EFE para que no entrara en desequilibrio patrimonial. Y otros 3,5 millones a ENSA.