El PNV exige al Gobierno otra 'operación Talgo' para que la SEPI rescate por segunda vez a la vasca Tubos Reunidos

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, esto supone exigir al Ejecutivo central un nuevo rescate similar a la operación de entrada de capital público en Talgo en diciembre. Son movimientos financieros distintos, pero que responden a la misma filosofía: una empresa vasca no puede caer.

Esta solución también debe tener protagonismo del Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y si es necesario también con ayuda del Gobierno del País Vasco.

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Y al igual que en Talgo, la situación de Tubos Reunidos podría desembocar en un conflicto político porque el PNV vuelve a amenazar con condicionar su apoyo a futuras leyes del Ejecutivo central, si no se garantiza la viabilidad de la compañía.

La crisis de Tubos Reunidos estalló en 2025 con el aumento del 50% a los aranceles al acero por parte de Estados Unidos. Una situación que les hizo cerrar el año pasado con pérdidas de 71,3 millones y una deuda insostenible que se disparó hasta los 263,2.

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Esto les ha obligado a poner sobre la mesa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con más de 300 despidos, el mayor de la historia reciente del País Vasco y precisamente la principal baza del PNV para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez.

La SEPI es además el principal tenedor de deuda de Tubos Reunidos con unos 130 millones que la compañía debe pagar en 2028. En la pandemia se le concedieron 113 millones mediante el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), cifra que ha aumentado por el pago de intereses.

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Un rescate que además está en el punto de mira porque la justicia investiga un pago de 114.950 euros que la compañía habría realizado al ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, para supuestamente desatascar la ayuda concedida en julio de 2021.

Los gestores de Tubos Reunidos piden a la SEPI que flexibilice las condiciones del préstamo participativo, lo que supone suspender el pago de intereses por un tiempo y alargar la vida del pago. Aunque las fuentes consultadas indican que la solución que se necesita es mucho mayor y que requería un plan de viabilidad necesariamente con apoyo público.

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En el caso de Talgo, el Gobierno del País Vasco aportó capital a través de sus fondos de inversión públicos para entrar en un consorcio que lideró la compra del 30%, mientras que la SEPI participó en la ampliación de capital tomando el 7,8% de la compañía, con posibilidad de subir por encima del 10% si convierte un préstamo participativo otorgado.

En cuanto a Tubos Reunidos, las fuentes consultadas creen que no sería necesaria la entrada de la SEPI en el capital, por el momento, aunque sí podría aportar avales o garantizar créditos si fuesen necesarios. Y eso es lo que quiere el PNV, una solución integral.

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Esta semana, el senador de EAJ-PNV, Luke Uribe-Etxebarria, pidió al ministro de Industria, Jordi Hereu, un "compromiso convencido y activo" para "aportar soluciones concretas" para superar la crisis de Tubos Reunidos.

En la sesión de control al Gobierno reclamó al ministro abordar "de manera urgente" soluciones "de diverso tipo" para evitar que la empresa entre en concurso de acreedores.

"Esta empresa industrial, estratégica, necesita de la implicación de todos para encontrar un proyecto industrial viable y sólido de futuro, que asegure el empleo", dijo.

Talgo y Duro Felguera

Hereu le respondió que el Gobierno tenía la "mano tendida" hacia Tubos Reunidos para encauzar la crisis que atraviesa mediante un "proyecto viable", aunque insistió en que corresponde a la compañía asumir el "liderazgo" de la solución.

Un posicionamiento similar al de la SEPI. Tubos Reunidos negocia desde hace un par de semanas la flexibilización del crédito público, pero la sociedad estatal no se fía porque -al igual que en Talgo y en Duro Felguera- exige que se agoten antes todas las opciones privadas y de los propios accionistas.

En el caso de Tubos Reunidos sus mayores accionistas son un grupo de empresarios históricos de País Vasco. Y la SEPI insiste en que todos participen incluso aportando capital si fuese necesario. O en su defecto que sea también el Gobierno vasco el que pueda avalar algún tipo de operación.

Pradales y Sánchez

En principio en la SEPI no hay demasiado interés en involucrarse lo que nuevamente lleva la operación al terreno político. A finales del año pasado una reunión de Imanol Pradales con Pedro Sánchez en la Moncloa desatascó la participación pública, pese al rechazo del holding industrial dependiente del Ministerio de Hacienda.

Y de momento, el devenir de los acontecimientos augura que la solución de Tubos Reunidos se decida también en los despachos, pero no en los de la compañía, ni de la banca acreedora, sino que en la Lehendakaritza y en Moncloa.