Imanol Pradales y Pedro Sánchez en la cumbre bilateral entre el Gobierno y el País Vasco del pasado mes de julio.

Imanol Pradales y Pedro Sánchez en la cumbre bilateral entre el Gobierno y el País Vasco del pasado mes de julio. Europa Press

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El Gobierno vasco precipitó el acuerdo para salvar Talgo ante la inacción de Moncloa para apoyar el plan de rescate

El PNV se ha adelantado para asegurarse una operación que consideran fundamental para la industria vasca y la confianza en su empresariado.

Más información: Jainaga cierra la compra del 29,7% de Talgo por 156 millones de euros y pone en marcha el plan de rescate.

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Las claves

El Gobierno vasco aceleró el acuerdo de rescate de Talgo ante la falta de apoyo del Gobierno central y la inacción del Ministerio de Transportes para cerrar la operación con la banca y la entrada de la SEPI.

La toma de control de Talgo por el consorcio liderado por José Antonio Jainaga estuvo en riesgo debido a su imputación por presunta venta de acero a Israel y la incertidumbre generada en torno a la operación.

Talgo trasladará su sede social de Madrid a Álava, donde se ubica su principal factoría, lo que refuerza el compromiso industrial vasco y afecta directamente a unos 800 trabajadores.

La refinanciación de Talgo contempla una nueva estructura financiera con 650 millones de financiación, mientras la compañía afronta pérdidas acumuladas por retrasos y sanciones en contratos con Renfe y Deutsche Bahn.

La presión del Gobierno Vasco en la última semana ha sido definitiva para que el consorcio que lidera José Antonio Jainaga cerrara la operación de toma de control de Talgo, tres meses después de que el lehendakari Imanol Pradales y Pedro Sánchez pactaran el plan de rescate.

Fuentes cercanas al Ejecutivo vasco y al industrial aseguran que había un riesgo claro de que el proyecto no llegara a su fin, ante la inacción del Ministerio de Transportes y de Moncloa para apoyarlo y facilitar un acuerdo con la banca sobre la deuda y la entrada de la SEPI en la operación.

La imputación sobrevenida de Jainaga en la Audiencia Nacional por una supuesta venta de acero a Israel este verano, saltándose el veto del Gobierno, había acrecentado la incertidumbre que desde el sector se estaban lanzando sobre una operación que se dilataba en el tiempo.

No es la primera vez que elPNV y el Gobierno Vasco tienen que plantarse ante Moncloa para sacar adelante el plan de refinanciación de Talgo. Ya a mediados de julio, el grupo parlamentario jeltzale en Madrid tuvo que forzar el tema en la cumbre entre País Vasco y Gobierno central.

Desde entonces, las dudas se han apoderado de la negociación. La SEPI ya puso como condición sine qua non para aportar sus 75 millones a que hubiera un pacto previo con la banca sobre los más de 460 millones de deuda que arrastra la compañía.

Fuentes vascas cercanas al proceso aseguran que desde Vitoria han comprobado en estos meses que Madrid no iba a presionar más allá de lo estrictamente necesario, sobre un tema que para el PNV es fundamental.

Es más, ante los retrasos en las entregas de trenes y los fallos de algunas unidades de los nuevos Avril comprados por Renfe, el ministro Óscar Puente llegó a amagar en varias ocasiones con ir a comprar material alternativo a otros fabricantes, como Siemens.

Esta semana se han levantado de nuevo todas las alarmas sobre la "inacción" de Moncloa ante la información de que el Gobierno buscaba ya alternativas al consorcio vasco para sacar adelante a Talgo.

La reacción ha sido inmediata, incluido el apoyo expreso de Aitor Esteban, presidente del partido, y Noël d'Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. La firma de la compra se ha cerrado este viernes, casi por sorpresa, para atajar cualquier tipo de duda sobre la confianza de los nacionalistas en Jainaga.

Desde el entorno del PNV aseguran que la apuesta del País Vasco por Talgo era irrenunciable para el desarrollo industrial del territorio. El partido había comprometido buena parte de su confianza con la clase empresarial vasca en esta operación. No podía dejar que cayera en saco roto por la falta de empeño de Madrid.

Una vez en marcha el proceso, Talgo trasladará su sede social desde Madrid a Álava. Allí es donde está enclavada la factoría de Rivabellosa, en la que trabajan 800 personas, un hecho que ha pesado también en Lakua a la hora de acelerar la operación.

Junta y Audiencia

La semana que viene será también movida para el fabricante ferroviario: en primer lugar, se convocará lo antes posible la junta general extraordinaria, con un mes de plazo, para ratificar el acuerdo y certificar la salida del fondo Trilantic.

En segundo lugar, la semana que viene también vendrá a declarar a la Audiencia Nacional el propio José Antonio Jainaga. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que está deseando hacerlo para demostrar que su empresa, Sidenor, nunca se saltó la prohibición de la venta de acero a Israel.

Al contrario, la compañía ha asegurado en todo momento que canceló la relación comercial en julio, antes de que el Gobierno embargara la venta de armas al país. Incluso se llegó a retirar mercancía del puerto, dispuesta para enviar, para no correr riesgos legales.

Aunque falta por ver el orden del día de la próxima junta, es muy probable que tras la salida del fondo, se renueve la cúpula directiva de la compañía. No se descarta el relevo del actual consejero delegado, Gonzalo de Urquijo.

Esa junta es la que debe dar el visto bueno, además, a la nueva estructura financiera, es decir, al acuerdo que se ha llegado con la banca acreedora. Eso facilita una nueva situación, en la que se contará con una línea de financiación de 650 millones, 120 millones de circulante y avales por 500 millones más.

A partir de ahí, la empresa cuenta con una cartera de pedidos de más de 4.700 millones. La reciente certificación y las primeras entregas de la serie 230 para los ferrocarriles alemán y danés le han dado un poco de oxígeno para avanzar en los compromisos en cartera.

Aun así, fuentes del sector aseguran que el constructor ferroviario va a tener que buscar acuerdos y alianzas dentro y fuera de España para poder ampliar su capacidad industrial y cumplir con las previsiones de fabricación y entrega sin retrasos.

Esas demoras (en el caso de Renfe y de los ferrocarriles alemanes) son las que le han obligado a aprovisionar sanciones y descuentos de ingresos muy duros para su balance. Los 108 millones de pérdidas de 2024 y los 65 que acumula hasta septiembre se deben a esos dos contratos.