Nuclenor, la compañía participada al 50% por las dos multinacionales españolas, dueña de la central, ha solicitado financiación pública para el mantenimiento de las piscinas de combustible, y ha advertido al Ministerio dirigido por Teresa Ribera de la "difícil situación financiera" de la compañía. 

El Ministerio ha autorizado el desmantelamiento y clausura de la central de Garoña así como la transferencia de la titularidad de la planta de Nuclenor a Enresa, en una Orden ministerial publicada el lunes en el BOE.

La central de Garoña, en una imagen de archivo.

La central nuclear de Santa María de Garoña, situada en un meandro casi cerrado sobre el río Ebro, en el Valle de Tobalina, junto al embalse de Sobrón, cercano a la localidad de Miranda del Ebro, comenzó a funcionar en 1971. El permiso original para seguir operando expiró en julio de 2009; en diciembre de 2012, la central fue desacoplada de la red eléctrica.

A finales de julio de 2019 finalizaron los trabajos de acondicionamiento de los residuos generados durante la explotación y se confirmó el enfriamiento del combustible gastado y almacenado en la piscina, para cargarlo en contenedores de almacenamiento temporal.

Los elementos de combustible nuclear gastado, una vez descargado el reactor, deben permanecer almacenados un mínimo de cinco años en piscinas de agua situadas en el mismo edificio que alberga el reactor, explica el Consejo de Seguridad Nuclear.

El 7 de julio de 2021, Nuclenor y Enresa (la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radioactivos) solicitaron al Ministerio de Transición Energética que se repercutieran al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos "determinados costes asociados al mantenimiento de la piscina de combustible" de la central de Garoña, informa la empresa de Endesa e Iberdrola en sus cuentas de 2021, consultadas por este periódico.

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A finales de ese mismo año, Nuclenor requirió al Ministerio respuesta a su solicitud informando "de la difícil situación financiera" en la que se encontraba la empresa "una vez agotada la provisión para el predesmantelamiento dotada inicialmente para tres años y transcurridos ya más de cuatro sin que se haya producido la transferencia de titularidad", explica la compañía.

El Ministerio para la Transición Ecológica se negó ya hace dos años a cumplir las pretensiones de Nuclenor. Fuentes del Ministerio explicaron el lunes a EL ESPAÑOL-Invertia que se trata de costes "que son sólo imputables a Nuclenor", y no a Enresa o a otra tercera empresa.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ayer lunes en un acto en Coca (Segovia). Europa Press.

Ni Endesa ni Iberdrola han querido comentar esta información, ni estimar el coste del mantenimiento del combustible en la piscina. El Diario de Burgos publicó el mes pasado que los retrasos en la decisión del desmantelamiento de la central han supuesto un gasto adicional de unos 100 millones de euros para Nuclenor.