Venezuela está más cerca del ‘default’ que nunca. El gobierno de Nicolás Maduro negocia estos días con sus acreedores un aplazamiento de los vencimientos. Las deudas alcanzan los 130.000 millones de euros, si se suman las del Gobierno y las de la petrolera pública PDVSA.

Sobre la mesa está el incumplimiento de pago (a principios de noviembre) de un bono de mil millones de euros correspondiente a la petrolera y con vencimiento en 2017, que podría hacer que en los próximos días se activen los seguros de impago (CDS); lo que conllevaría un ‘default’ automático.

Una situación que está “en consideración”, según ha reconocido la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA). En ella se reúnen los principales bonistas globales, y este martes podrían decidir si ha existido un impago o no, lo que podría abocar al abismo no sólo a PDVSA; también al país.

El propio Maduro reconoce que está en fase de cerrar acuerdos con algunos de sus principales acreedores; sobre todo con China (24.000 millones) y con Rusia (siete millones). Sin embargo, buena parte de sus bonos está en manos de acreedores estadounidenses y canadienses; lo que complica las negociaciones ya que los embargos de Estados Unidos les imposibilitan llevar a cabo cualquier tipo de renegociación.

Las negociaciones, en marcha

Sea como sea, en Caracas se ha celebrado este lunes una reunión con los principales bonistas (cerca de 400 confirmados, según el Ejecutivo venezolano -y que Bloomberg, tras hacer consultas, ve una cifra imposible de alcanzar). Al cierre de esta edición el encuentro no había terminado; por lo que es complejo saber cuál ha sido el resultado.

Lo que está claro es que buena parte del futuro de esa negociación dependerá -también- de que los bonistas hayan cobrado los 69,5 millones de euros en intereses que vencían el pasado viernes correspondientes a un bono con vencimiento en 2027 de PDVSA. Habrá que analizar también si Venezuela ha sido capaz de abonar este lunes otros 200 millones en rendimientos de distintos bonos.

Si no fuera capaz de cumplir con sus compromisos, algo que el Gobierno de Maduro niega por activa y por pasiva, las agencias de calificación y los acreedores podrían declarar el ‘default’. Una situación que complicaría todavía más la coyuntura económica de Venezuela. Un Estado en hiperinflación, que supera el 2.000% y en el que la escasez de productos cada vez es mayor.

'Guerra' comercial

Maduro achaca a dos problemas esenciales a situaciones exógenas a su gestión: la caída de los precios del petróleo y la “guerra económica” declarada por las principales potencias del mundo, lideradas por los Estados Unidos.

Sobre la mesa está el ‘default’ de Venezuela, pero también el negocio de más de un centenar de empresas españolas que operan en la región, según datos del ICEX. La inversión supera los 5.000 millones de euros en los últimos años. De hecho, España es el segundo inversor del país por detrás de Holanda.

El comercio vivió una etapa dorada hasta el año 2012, cuando llegó su punto álgido con algo más de 5.000 millones de euros en transacciones; sin embargo, desde entonces la cifra no ha hecho nada más que caer.

Empresas españolas

La mayor parte de las empresas de nuestro país que operan en la región ya se han protegido con distintos seguros. Además, según explica el economista, Javier Santacruz, la mayor parte de ellas ya han provisionado todas las inversiones en bolívares y en Venezuela a cero. 

Sin embargo, el roto puede ser tremendo si Venezuela cae, por mucho que ya esté provisionado. Especialmente para Repsol. Su director financiero (CFO), Miguel Martínez San Martín, reconocía en la última presentación de resultados que la exposición a Venezuela era de 2.131 millones de euros. Un aumento de 75 millones en los últimos tres meses.

Una cifra que corresponde a distintos créditos que mantiene con su filial Petroquiriquire, de la que es socia junto a PDVSA. Una alianza reforzada en 2016 cuando se concedía una línea de crédito de algo más de 1.000 millones de euros; una ayuda que aportaba los recursos necesarios para mantener con vida a la compañía durante el próximo quinquenio. Aunque también hay créditos con otras filiales como Cardón IV; Petrocarabobo o Quiriquire Gas.

En cualquier caso, Martín no considera que Venezuela vaya a quebrar; de hecho, reconoce que es un país en el que Repsol debe estar a medio o largo plazo. Especialmente porque hablamos del país que tiene las mayores reservas petrolíferas con más de 296.000 millones de barriles. De hecho, el CFO de Repsol se mostraba “confiado” en que pudiera recuperar su capacidad de pago en un corto espacio de tiempo.

Meliá

Repsol es la más expuesta; pero otras como Meliá también están notando el efecto de la coyuntura económica venezolana. En la última memoria de resultados reflejaba cómo su hotel en Caracas es el que peor desempeño tiene en la región. La ocupación ronda el 47%, frente a la media de ocupación del 68,9% que tiene toda la región ‘América’ que engloba a Latinoamérica y Estados Unidos.

La propia empresa que lidera Gabriel Escarrer reconoce en su memoria que el edificio en Venezuela ha tenido una “peor ocupación” debido a la situación que se vive en Venezuela. Especialmente por la fuerte inflación, que cercena notablemente su uso por las empresas locales; pero también a quienes visitan el país. Además, el tipo de cambio artificial que se mantiene con el dólar está afectando negativamente al normal desarrollo de las operaciones.

Algo que también afecta a Telefónica que ha visto cómo en los primeros nueve meses del año sus gastos por operaciones en Telefónica Hispanoamérica se incrementaron en un 18% por la fuerte hiperinflación venezolana. No sólo eso. La cifra de negocio caía un 62% hasta 88 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Una situación que podría agravarse si Venezuela cayera en una situación de impago.

Estas son algunas de las compañías con una mayor exposición a Venezuela. Pero hay un centenar de empresas con sede o filiales operando en aquel territorio. BBVA o Mapfre, por ejemplo, han minimizado en los últimos meses su impacto al país; pero también -según el ICEX- se encuentran otras empresas como Acciona, ACS, Air Europa, Duro Felguera, Inditex, Técnicas Reunidas o Santillana.

Todas ellas se ven afectadas, además, por la congelación de autorizaciones de divisas para poder repatriar dividendos. Una prohibición que lleva vigente desde el año 2007, y que supone un duro escollo para las empresas que operan en la región.