El FMI alerta de que el gran rearme propuesto por la OTAN exigirá duros recortes sociales si se financia reasignando el gasto

En un clima de renovada tensión geopolítica, los miembros de la Alianza Atlántica han dado un salto cualitativo al acordar que elevarán su gasto anual en defensa y seguridad hasta el 5% del PIB para 2035.

Se trata de más del doble de la antigua directriz del 2% y llega en un momento en que las cuentas públicas ya soportan el coste del envejecimiento, la transición verde y las facturas pendientes de la pandemia.

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Para evaluar qué significa ese giro en términos económicos, el FMI ha estudiado el comportamiento de 164 países desde 1946 en episodios de grandes auges de gasto militar.

Su diagnóstico es que gastar más en ejércitos obliga a recortar por otro lado y que el Estado de bienestar sale especialmente perjudicado cuando ese aumento en defensa se financia quitando dinero a otras políticas públicas.

A primera vista, el gasto militar funciona como un potente acelerador económico. Cada vez que un gobierno aumenta de forma significativa el presupuesto de defensa, inyecta miles de millones en contratos industriales, nóminas de militares y proyectos tecnológicos.

Esa oleada de dinero tira del consumo, mejora los pedidos de las empresas y eleva el producto interior bruto (PIB).

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Según los cálculos del FMI, en tiempos de paz un gran repunte del gasto en defensa puede lograr que el PIB real de un país crezca algo más de un 3% frente a su trayectoria habitual al cabo de unos dos años.

Esa es la cara aparentemente más favorable del rearme, la que los gobiernos tienden a subrayar cuando quieren mostrar resultados rápidos.

Esa es la cara aparentemente más favorable del rearme, la que los gobiernos tienden a subrayar cuando quieren mostrar resultados rápidos.

Pero el organismo advierte que ese impulso es temporal y que su reverso es incómodo, porque el mayor gasto tira del consumo y la inversión en economías que a menudo ya están cerca de su capacidad, genera cuellos de botella y presiona los costes.

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El resultado es un repunte de la inflación, con precios al consumo más altos que encarecen la vida diaria de los ciudadanos y obligan a los bancos centrales a extremar la vigilancia sobre los tipos de interés.

Además, no todos los países se benefician por igual. Aquellos que carecen de una industria armamentística propia y dependen de importar buena parte de su equipo militar ven cómo su balanza por cuenta corriente se deteriora rápidamente.

El impulso de gasto se filtra al exterior: el dinero público acaba financiando fábricas y empleos en otros países, mientras el déficit externo se ahonda.

El verdadero coste macroeconómico aparece cuando se responde a la pregunta incómoda de quién paga los tanques. La respuesta histórica es que casi nunca se pagan al contado. Los gobiernos, reacios a subir impuestos de golpe, suelen recurrir a la deuda.

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Tal y como calcula el FMI, en un proceso típico de incremento de gasto en defensa el déficit público empeora en torno a 2,6 puntos porcentuales del PIB en el plazo de tres años. Es decir, se suman 2,6 puntos extra al agujero que el país ya arrastrara.

El desvío se traslada a la deuda y la carga total aumenta unos 7 puntos porcentuales del PIB en ese periodo. En los casos ligados directamente a guerras, el salto puede acercarse a los 14 puntos.

Recortes

Para evitar que la deuda pública se desboque con el rearme, muchos gobiernos exploran una vía que preocupa especialmente al Fondo: financiar la defensa reasignando el presupuesto existente. O lo que es lo mismo, recortando unas políticas para alimentar otras.

Según las estimaciones del organismo, cuando el aumento del gasto militar se costea recortando otras partidas, el presupuesto civil o no militar del Estado puede hundirse más de un 20% en términos reales en apenas tres años.

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Ese descenso equivale a unos dos puntos porcentuales del PIB menos dedicados a políticas civiles. Dentro de ese ajuste, el gasto social se reduce alrededor de un punto de PIB, con recortes significativos en protección social, sanidad y educación.

El FMI matiza que en las economías avanzadas —como las de la Unión Europea— el golpe directo al Estado de bienestar es algo menor, con caídas cercanas al 7% en términos reales.

Pero la advertencia se mantiene. El vigilante de la estabilidad financiera global subraya que si la OTAN culmina su objetivo del 5% del PIB y los gobiernos deciden lograrlo reasignando gasto en vez de subir impuestos o asumir más deuda, el coste se trasladará a la red de seguridad que protege a los hogares más vulnerables.

La institución dirigida por Kristalina Georgieva no discute la necesidad estratégica del rearme, pero sí lanza una advertencia inequívoca sobre el método de financiación: si se hace a base de reasignar gasto, el precio se pagará en forma de duros recortes sociales.