Trabajadores en una obra en el centro de Teruel. Efe
El 80% del empleo sumergido en España lo ocupan trabajadores extranjeros, medio millón de ellos de fuera de la UE
Fedea y BBVA Research prevén que la regularización extraordinaria aflore miles de empleos no declarados de trabajadores extranjeros.
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Más del 80% del empleo irregular en España lo ocupan ya trabajadores extranjeros. La economía sumergida se apoya cada vez más en mano de obra migrante, sobre todo de países de fuera de la Unión Europea (UE), y deja atrás la imagen del empleado nacional cobrando en 'B'.
Solo en 2024 se estima que hubo 546.000 trabajadores extracomunitarios con un empleo que no cotiza, uno de cada cuatro ocupados de este colectivo.
Para llegar a esa conclusión, el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo que elaboran Fedea y BBVA Research recurre a un indicador muy concreto. Mide el empleo irregular a partir de la diferencia entre la gente que dice trabajar en las encuestas oficiales y quienes figuran dados de alta en la Seguridad Social.
Esa diferencia existe de forma estable desde 2013, pero su composición se ha transformado. Hasta 2018, la mayor parte del desfase se explicaba por trabajadores de nacionalidad española.
A partir de entonces la tendencia se invierte y la población extranjera pasa a concentrar el grueso del empleo no declarado.
Tras la pandemia, la diferencia, que se había ido reduciendo hasta 2020, volvió a ampliarse de forma sostenida, impulsada sobre todo por el aumento del empleo extranjero sin afiliación.
En el bienio 2024‑2025, más del 80% de ese diferencial de empleo irregular se concentra ya en la población extranjera, mientras que el empleo sumergido entre españoles cae con fuerza y se sitúa muy por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.
Fuera de la UE
Aunque los extranjeros acaparan ese 80% del empleo irregular, el Observatorio no ofrece una cifra cerrada para todos los colectivos.
Para afinar la cuantificación, los autores se centran en un grupo concreto: personas con nacionalidad de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE), excepto el Reino Unido.
![Blas Herrero, empresario y dueño de Kiss FM.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2019\/03\/27\/espana\/386473172_118942270_320x180.jpg"])
Dentro de ese perímetro, el salto ha sido brusco. El empleo irregular de origen extracomunitario se ha duplicado en términos absolutos desde 2021, con un avance especialmente intenso en 2022 y 2023.
Los autores estiman que, en 2024, uno de cada cuatro trabajadores de fuera de la UE tiene un empleo irregular, lo que suma unos 546.000 ocupados.
Mujer, latina y empleada del hogar
Más allá de las cifras agregadas, el informe traza un perfil muy nítido. La irregularidad laboral en España afecta sobre todo a mujeres de origen latinoamericano empleadas en tareas domésticas y de cuidados.
El documento constata una “concentración creciente en trabajadores originarios de Centro y Sudamérica”.
A su vez, el componente de género es claro. La incidencia de la irregularidad entre mujeres no comunitarias alcanza el 20%, frente al 14% de los hombres, lo que apunta a una mayor exposición femenina a trabajos sin alta.
Entre todos los trabajadores de fuera de la UE en situación irregular, casi nueve de cada diez son asalariados, pese a no figurar dados de alta en la Seguridad Social.
El corazón del fenómeno se sitúa en las actividades de los hogares como empleadores, que reúnen el 27% de todo el empleo irregular de trabajadores de fuera de la UE.
Les siguen la hostelería (19%), la industria manufacturera (17%) y la construcción (16%), sectores todos ellos intensivos en mano de obra y con elevada rotación.
![José Bogas, consejero delegado de Endesa, en la presentación de los resultados de 2025.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/24\/actualidad\/1003744143650_261599372_320x180.jpg"])
En el plano territorial, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran aproximadamente la mitad de los trabajadores extracomunitarios en situación irregular estimados en 2024.
Si se analiza el peso relativo sobre el total de ocupados de cada región, la incidencia es especialmente elevada en la Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura.
Regularización extraordinaria
El informe subraya un matiz central: trabajar de forma irregular no equivale necesariamente a residir sin autorización en el país.
Entre los 546.000 trabajadores de fuera de la UE que figuran como empleo irregular hay tanto personas en situación administrativa irregular como extranjeros con permiso de residencia que trabajan sin cotizar.
Los autores del informe enmarcan este patrón en el modelo migratorio español, caracterizado por entradas sin autorización plena, inserción laboral inicial en la economía informal y posterior regularización por arraigo.
En paralelo, el Observatorio compara sus cifras con las de Funcas, que calcula que en 2025 habrá unos 840.000 residentes extracomunitarios en situación administrativa irregular en España, trabajen o no.
![Pleno del Senado, en una imagen de archivo./](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/24\/actualidad\/1003744143511_261597837_320x180.jpg"])
Ambos estudios apuntan en la misma dirección. Desde 2021 se ha disparado tanto el número de personas sin papeles como el de trabajadores que están empleados al margen de la economía formal.
Esta radiografía del empleo irregular llega en pleno despliegue del proceso de regularización extraordinaria que el Gobierno ha puesto en marcha mediante real decreto.
La medida permitirá conceder residencia con permiso de trabajo a extranjeros que ya estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar cinco meses de permanencia continuada sin antecedentes penales.
El objetivo es integrar a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en el país, pero sin cobertura legal ni acceso pleno a derechos.
![José Antonio Jainaga, presidente de Talgo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/23\/actualidad\/1003744141654_261574739_320x180.jpg"])
Según Fedea y BBVA Research, la masa de trabajadores extracomunitarios ocupados sin alta laboral constituye el principal colectivo potencialmente afectado por esta regularización.
El Ministerio de Inclusión calcula que el proceso podría beneficiar en torno a medio millón de personas, que obtendrán una autorización inicial de un año renovable y podrán trabajar desde la admisión a trámite de su solicitud, sin esperar a la resolución definitiva.
El Observatorio anticipa que la aplicación de la reforma debería traducirse en una reducción parcial de la brecha entre ocupados y afiliados, en la medida en que parte de estos empleos pasen a formalizarse.
El alcance real dependerá de cuántos expedientes se resuelvan favorablemente y del ritmo de tramitación, con un plazo máximo de tres meses por solicitud. También de la capacidad de la economía para absorber a estos trabajadores en condiciones regulares sin reactivar la bolsa de empleo en la sombra.
