El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Europa Press
Los pelotazos inmobiliarios del Estado: ingresa 371 millones en cinco años de pleno boom del ladrillo en España
Casi el 80% del importe procede de dos operaciones, en Madrid y Barcelona. Dispara la compra de oficinas 'prime' y sufre la inflación en sus alquileres.
Más información: La compraventa de viviendas se dispara un 11,5% en 2025 y marca su mayor cifra en 18 años
Entre 2020 y 2024, en pleno ciclo alcista del ladrillo en España, el Estado acordó ventas de inmuebles por 371,5 millones de euros. La mayor parte de esos ingresos procede de oficinas y locales comerciales y se concentra en dos grandes subastas, una en Madrid y otra en Barcelona.
Al margen de estos dos pelotazos, la actividad inmobiliaria de la Administración General del Estado se basa en vender de forma recurrente inmuebles de pequeño valor repartidos por toda España, en su mayoría fincas rústicas.
En los años mencionados, mucha gente ha querido comprar vivienda pese al encarecimiento de las casas y, más tarde, de las hipotecas. Ese apetito por el ladrillo, unido a una oferta limitada en muchas zonas, ha mantenido muy activo el sector y ha presionado al alza los precios.
En ese mismo clima, no solo se han movido los pisos. También han ganado protagonismo los edificios de oficinas en buenos barrios, los locales en calles comerciales y otros activos destinados al alquiler, como residencias de estudiantes.
En este contexto, las operaciones más significativas de Patrimonio se concentran en oficinas, locales y suelos muy bien situados en las dos principales ciudades del país, mientras que el grueso de su actividad diaria se mueve en importes muy modestos.
Dos grandes operaciones
El primer gran movimiento de este último lustro se cerró en 2020. Ese año, el Estado ingresó 100,9 millones de euros por ventas, pero 93,1 millones procedieron de un único lote de 26 locales vinculados a actividades de restauración y ocio en el frente marítimo de Barcelona. Salieron a subasta por 68,3 millones y la fuerte competencia de los inversores disparó su precio.
En 2023, la estadística saltó por los aires. Las ventas alcanzaron los 217,2 millones de euros.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el lehendakari, Imanol Pradales.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/15\/actualidad\/1003744090686_260926931_320x180.jpg"])
El motivo fue la subasta de la antigua sede de Hacienda en Madrid, un complejo de oficinas conocido como Eurocis, ubicado en una manzana completa del barrio de Salamanca, delimitada por las calles María de Molina, Castelló, General Oraá y Núñez de Balboa.
Salió a la venta por 155,8 millones y fue adjudicada a Barnaby Investments (Grupo Lar) por 204,7 millones. Esta megaventa, formalizada notarialmente en 2024, monopoliza casi por completo las cuentas estatales de los últimos dos años.
Ingresos reducidos
La brutal dependencia de estas operaciones aflora al observar los ejercicios en los que no se venden activos singulares. En 2021, los ingresos por ventas en todo el territorio se hundieron a 18,2 millones de euros. En 2022 la cifra quedó estancada en 19,7 millones.
Y en 2024, una vez descontado el impacto de la venta de María de Molina, la recaudación volvió a desplomarse hasta los 15,3 millones.
Al margen de estas grandes operaciones, ¿qué vende realmente el Estado? La actividad ordinaria de Patrimonio se basa en liquidar de forma recurrente pequeñas fincas rústicas y otros inmuebles con un importe medio muy reducido.
En el último año, de los 1.148 inmuebles cuya enajenación se acordó, 1.051 fueron simples parcelas rústicas por las que Hacienda ingresó apenas 5,1 millones de euros. Son unos 5.000 euros de media por finca.
El despertar comprador
El patrón es aún más extremo en el caso de las compras. Durante los años de la pandemia y el inicio de la recuperación, la Administración llegó a cerrar por completo el grifo de las adquisiciones inmobiliarias.
Ni en 2020 ni en 2021 acordó la compra directa de un solo edificio. Sin embargo, tras una leve vuelta al mercado en 2022 y 2023, esta contención terminó abruptamente en 2024.
Fue entonces cuando el Estado adquirió el edificio de oficinas situado en el número 19 del Paseo de la Castellana por 81,6 millones de euros para unificar bajo un mismo techo todas las sedes de la Fiscalía General del Estado.
La lista de la compra de 2024 se completó con otras tres operaciones menores en Palma de Mallorca y en la provincia de Cádiz y de León.
Casero e inquilino
Más allá de comprar y vender, el Estado ejerce una doble función: actúa como casero y como inquilino.
Como arrendador, al cierre de 2024 el Estado tenía vigentes 119 contratos de alquiler. La oferta abarca desde viviendas y parcelas, hasta inquilinos ilustres como la Bolsa de Madrid, la gestora de las Salinas de Torrevieja o las fincas tabaqueras de Cetarsa.
![El presidente de EEUU, Donald Trump, durante el anuncio, el pasado 2 de abril, en el llamado Día de la Liberación, de la imposición de aranceles recíprocos amistosos a la mayoría de los países que mantienen vínculos comerciales con Washington.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/20\/actualidad\/1003744096848_261004150_320x180.jpg"])
Pero cuando le toca salir al mercado a buscar oficinas para sus ministerios, el Estado sufre la misma asfixia que el sector privado. La propia memoria patrimonial advierte de un fuerte aumento de los precios del alquiler y de una oferta cada vez más limitada.
Esta tensión hizo que los alquileres que ya tenía firmados se encarecieran de media un 2% en el último año, después de la fuerte subida, superior al 6%, registrada en 2023.
![Bankinter acuerda la fusión por absorción de Bankinter Securities](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2018\/12\/15\/invertia\/360980424_145262358_320x180.jpg"])
Para contener el coste total del alquiler de inmuebles, el Estado ha optado por recortar de forma agresiva su presencia en determinados edificios de oficinas.
Hacienda logró cerrar el último año con un ahorro neto de más de 5,6 millones de euros en rentas gracias a una cancelación drástica de contratos.
El movimiento clave que permitió este respiro fue el fin de los gigantescos alquileres que la Agencia Tributaria y el Consorcio de Compensación de Seguros tenían en los números 106 y 108 del madrileño paseo de la Castellana.
Un final pragmático para un Estado que, al igual que ingresa millones, debe hacer malabares para pagar sus propios alquileres.
