La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el Senado.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el Senado. Europa Press

Macroeconomía

El coste de las medidas antiapagón restará más de 3.200 millones de euros al PIB de España hasta 2026

Los cálculos son de BBVA Research. Estima un recorte de una décima en el crecimiento de este año y el próximo.

Más información: Los costes del sistema eléctrico se incrementan casi un 34% en noviembre por el modo reforzado tras el apagón

Publicada

Las claves

Las medidas antiapagón aprobadas tras el apagón eléctrico de abril restarán más de 3.200 millones de euros al PIB español hasta 2026, según BBVA Research.

El precio de la electricidad ha subido un 8% desde abril, encareciendo la factura y siendo el principal motor de la inflación energética reciente.

El Real Decreto-ley 7/2025 refuerza la supervisión y seguridad en el sistema eléctrico, lo que ha incrementado los costes operativos y la factura de la luz.

BBVA Research prevé que España siga creciendo por encima de la eurozona, aunque con una inflación media del 2,6% en 2025 y una moderación gradual en los próximos años.

BBVA Research ha cifrado el impacto del encarecimiento de la electricidad en la economía española. El repunte del precio de la luz registrado desde el apagón restará algo más de una décima al crecimiento de 2025 y otra al de 2026.

Traducido a euros, con un producto interior bruto (PIB) nominal cercano a 1,59 billones en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada décima de crecimiento equivale a unos 1.600 millones.

De este modo, el coste agregado de las medidas antiapagón supera los 3.200 millones en dos años respecto a un escenario sin ese aumento de precios.​

BBVA Research subraya que el IPC de la energía se ha elevado un 8% desde abril, es decir, desde que tuvo lugar el apagón. La cifra coincide con las estadísticas oficiales.

El INE publica el índice de precios de la electricidad. Si se toma el valor del índice en abril y se compara con el de octubre, la variación acumulada ronda ese 8% que menciona el servicio de estudios de la entidad.

En el mismo periodo, el índice general del IPC apenas ha avanzado en torno a un 1,1%. Por tanto, la cesta media de precios casi no se ha inmutado en estos últimos meses.

Eso significa que buena parte de la inflación adicional que España acumula desde la primavera no viene del conjunto de bienes y servicios, sino del encarecimiento específico de la luz y del resto de costes energéticos, que se han disparado tras el apagón y la entrada en vigor de las nuevas medidas de refuerzo del sistema eléctrico.

Fue el 28 de abril cuando millones de hogares y empresas se quedaron sin suministro eléctrico, lo que obligó a Red Eléctrica a cambiar la forma de operar el sistema.

A partir de ese momento, el operador empezó a trabajar con un modo seguro mucho más exigente, con más reservas de potencia, más servicios de ajuste y más restricciones técnicas para evitar que una perturbación similar volviera a tumbar toda la red.​

El Gobierno respondió al apagón con un paquete normativo específico. El núcleo es el Real Decreto‑ley 7/2025, de 24 de junio, que aprueba “medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico”.

La norma refuerza la supervisión del sistema por parte del operador y del regulador, endurece las obligaciones técnicas de los agentes en materia de protección y control, y da más instrumentos a Red Eléctrica para gestionar la red en situaciones críticas.

También impulsa el despliegue de almacenamiento, flexibiliza la planificación de la red de transporte y ajusta el marco de potencia y acceso de algunas instalaciones, con el objetivo de aumentar la resiliencia ante eventos similares al del 28 de abril.​

Todas estas decisiones tienen un coste, aunque acotado. Redeia ha estimado que el impacto directo de las medidas antiapagón sobre la factura de un consumidor tipo acogido a la tarifa regulada de la luz ronda los 0,04 euros al día.

Se trata, por tanto, de más de un euro al mes, derivado del incremento de costes de operación y reservas.

A esto se suman otros cambios regulatorios y fiscales que han influido en el recibo en 2025.

En este apartado se incluye la vuelta del IVA de la electricidad al tipo general del 21% tras los recortes temporales aplicados durante la crisis energética, y el ajuste al alza de algunos cargos y peajes del sistema eléctrico.

El resultado es una factura que sube por una mezcla de factores: mayor coste mayorista tras el apagón, refuerzo de la seguridad del sistema y reversión de medidas fiscales extraordinarias.​

En este contexto, BBVA Research ha revisado su escenario macroeconómico.

Sus últimas proyecciones sitúan el crecimiento del PIB español alrededor del 2,9% en 2025 y del 2,4% en 2026. Para 2027, espera una expansión del 2%.

Para los economistas de BBVA, el encarecimiento de la electricidad no cambia el diagnóstico general de la economía española.

Prevén que España crezca claramente por encima de la media de la eurozona gracias al tirón de la demanda interna y a la creación de empleo.

El consumo privado continúa siendo el principal motor del crecimiento y que la generación de puestos de trabajo permite absorber parte del impacto de la inflación energética sobre las rentas de los hogares.

Al mismo tiempo, sus previsiones de inflación apuntan a una moderación gradual de los precios en los próximos años, lo que debería facilitar la recuperación del poder adquisitivo, siempre que no haya nuevos shocks en los mercados de energía.

BBVA Research prevé que la media de la inflación española se sitúe en el 2,6% en 2025, y que se modere al 2,5% en el 2026 y al 2,2% en el 2027.

Según los datos más recientes, España se sitúa por encima de la media de la eurozona en términos de IPC.

El INE sitúa la tasa en el 3% en noviembre. En el conjunto del área del euro fue del 2,2% debido a una contribución energética menor que en el caso español.