Varias personas en la terraza de un bar en Madrid.

Varias personas en la terraza de un bar en Madrid. Europa Press

Macroeconomía

La OCDE aconseja subir el IVA a bares y hoteles y que se use para compensar a los hogares con rentas más bajas

Advierte también de que los impuestos a productos como el diésel y las bebidas alcohólicas son más bajos que en otros países de nuestro entorno.

Más información: La OCDE alza al 2,9% la subida del PIB en 2025 pero pide elevar el periodo de cómputo para la pensión y reducir más el déficit

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Las claves

La OCDE recomienda a España subir el IVA en hostelería y hoteles, actualmente en el 10%, para equipararlo al tipo general y elevar la recaudación.

Propone que la recaudación extra se destine a compensar a hogares de rentas bajas mediante transferencias directas o rebajas fiscales específicas.

La organización también sugiere reducir la presión fiscal sobre salarios bajos y aumentar impuestos a productos contaminantes y nocivos para la salud.

El objetivo global es reequilibrar el sistema tributario español, gravando más el consumo no esencial y aliviando la carga sobre el trabajo y los salarios modestos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone el foco en la cuenta del bar o del hotel. El organismo recomienda a España subir el IVA que se aplica en la hostelería y utilizar esa recaudación extra para compensar a los hogares con rentas bajas.

El mensaje no es sólo pagar más por una caña o una noche de hotel, sino reequilibrar el sistema tributario: gravar más el consumo no esencial y aliviar la presión sobre el trabajo y los salarios más modestos.

El punto de partida es un diagnóstico conocido en los despachos de Hacienda: el IVA español sigue muy fragmentado, con múltiples tipos reducidos y exenciones que restan recaudación y complican la neutralidad del impuesto.

En teoría, el IVA debería tratar por igual a todas las actividades, salvo a los bienes de primera necesidad.

En la práctica, servicios como la restauración o los alojamientos turísticos disfrutan de un tipo reducido del 10%, lejos del 21% general y también por debajo de lo que aplican otros socios europeos para consumos similares.

Ese diferencial es el que la institución dirigida por Mathias Cormann invita a revisar.

El argumento técnico es sencillo, pero políticamente delicado. Desde el lado de los ingresos, equiparar progresivamente el IVA de bares, restaurantes y hoteles al tipo general elevaría la recaudación y acercaría a España al promedio de la OCDE.

Desde el lado del gasto, la clave estaría en reciclar parte de esos recursos para blindar a los colectivos más vulnerables mediante transferencias directas o rebajas específicas en otros impuestos.

Es decir, se trataría de que el turista o el consumidor con mayor capacidad de gasto asumiera la mayor parte del coste, mientras que una familia con ingresos ajustados pudiera recuperar por otra vía lo que pierde en el ticket final.

El sector aludido no es menor. La hostelería y los alojamientos son una pieza central de la economía española, tanto por facturación como por empleo, y han sido uno de los motores de la recuperación tras la pandemia.

En concreto, la hostelería factura en nuestro país 157.000 millones de euros –con un ritmo de crecimiento del 6,6%- y los hoteles, 22.000 millones. Por tanto, una subida del IVA puede suponer entre 18.000 y 20.000 millones de euros más en recaudación.

La cuña fiscal

La OCDE también advierte de que “el sistema tributario español afronta diversas deficiencias que lastran la productividad y la recaudación”.

Según sus cálculos, la ratio de impuestos sobre el PIB de España, del 37,3% en 2023, es superior a la media de la OCDE (33,9%) e inferior a la de la Unión Europea (UE) (39%).

La OCDE también advierte de otro problema: la llamada cuña fiscal. España presenta una diferencia relativamente elevada entre lo que cuesta un trabajador a la empresa y lo que este termina cobrando en su nómina neta.

Ese diferencial se alimenta, sobre todo, de cotizaciones sociales y otros gravámenes sobre el trabajo que, según el organismo, lastran la productividad, desincentivan la creación de empleo formal y penalizan especialmente a los salarios bajos.

De ahí que proponga utilizar parte de los ingresos adicionales por IVA y otros tributos para reducir la carga sobre las nóminas más modestas.

La propuesta puede resumirse como un intercambio: subir impuestos allí donde se genera menos distorsión económica y bajarlos allí donde el efecto sobre el empleo y el crecimiento es más sensible. En la práctica, esto significaría menos presión sobre el trabajo asalariado y más sobre ciertos patrones de consumo.

Fiscalidad verde y salud

La OCDE completa su paquete de recomendaciones con una agenda de “fiscalidad verde” y de salud pública.

En este sentido, el think tank advierte de que España sigue aplicando tipos relativamente bajos a productos como el diésel, algunas fuentes de energía y las bebidas alcohólicas en comparación con otros países del entorno.

La OCDE aprovecha para insistir en la conveniencia de igualar la tributación del diésel con la de la gasolina, reforzar los impuestos sobre vehículos y combustibles más contaminantes y revisar al alza los gravámenes sobre alcohol y bebidas espirituosas.

El objetivo no es sólo cuadrar las cuentas, sino orientar comportamientos: hacer menos atractivo el uso de tecnologías y productos más dañinos y acelerar la transición climática.

El Club de los países desarrollados matiza que estas medidas deberían acompañarse de compensaciones bien dirigidas para los hogares vulnerables, evitando que el coste de la transición verde recaiga desproporcionadamente sobre quienes tienen menos opciones de cambio.

En paralelo, subraya que el refuerzo de estos tributos puede financiar inversiones en transporte público, eficiencia energética y servicios sociales.

El hilo conductor de todas estas propuestas es un reequilibrio del sistema fiscal hacia figuras consideradas menos distorsionadoras del crecimiento.

Menos peso relativo de las cotizaciones sociales y otros gravámenes sobre el trabajo y más de los impuestos al consumo de bienes no esenciales, a las actividades de lujo, a la energía contaminante y a los productos nocivos para la salud.

La intención es doble: asegurar una recaudación suficiente para sostener el Estado del bienestar en un país que envejece y, al mismo tiempo, minimizar los efectos adversos sobre la creación de empleo, la inversión y la competitividad.