El Gobierno presume de haber convocado 260.000 plazas para funcionarios, pero 1 de cada 3 aún tiene contrato temporal

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el martes un total de 36.588 plazas, incluyendo a la Administración General del Estado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

La oferta es casi un 9% inferior a la del año anterior, cuando se aprobó una oferta récord de 40.146 plazas.

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Pero sí engorda la convocatoria total aprobada por el Gobierno hasta las mencionadas 260.000 plazas. Así, se encargó de reiterarlo el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el anuncio de la oferta.

La cifra se traduce, como también reiteró López, en una oferta media de 32.522 plazas al año. Es el triple de lo convocado en el anterior Gobierno del PP, que ofertó en total 64.000 plazas. O lo que es lo mismo, 10.566 al año de media.

Los primeros años de la Administración popular, marcados por la crisis económica y la elevada deuda pública, destacan por el reducido número de plazas convocadas.

En 2012, el primer año de Rajoy en La Moncloa, no alcanzaron ni las 3.000. Aunque ligeramente por encima, los siguientes dos años no fueron mucho mejores.

No fue hasta 2015 cuando las ofertas de empleo público empezaron a remontar, creciendo año a año, hasta las 20.911 de 2017. En total, entre 2012 y 2017, se convocaron 63.394.

La oferta del año siguiente, con unas 2.000 plazas más, siguió esa tendencia, aunque ya con los socialistas en el Gobierno, una vez Pedro Sánchez salió victorioso de la moción de censura.

En 2019 y 2020 el Ejecutivo aprobó más de 28.000 plazas. En 2021 fueron más de 30.000 y en 2022 más de 34.000. En 2023 la oferta se quedó por debajo de las 40.000, una barrera que rebasó en 2024.

A pesar de que la oferta de empleo público no ha parado de crecer, la temporalidad en el sector sigue disparada. Y ello a pesar de que España se comprometió con la Comisión Europea a embridar esta situación antes de que acabara 2024.

La temporalidad, disparada

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en torno al 28% de los empleados del sector público tiene un contrato temporal. En cifras absolutas, supone que 979.000 de los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en España sufren la temporalidad.

Esta proporción agrupa a todos los asalariados del sector público con contrato temporal, independientemente de la administración en la que trabajen.

Es decir, incluye a trabajadores de la Administración Central (Estado y Seguridad Social), de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y diputaciones.

La cifra supera en 20 puntos lo que se prometió a Bruselas: un 8% máximo de temporalidad. Una meta clave para acceder a los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Además, el 13% de estos trabajadores temporales en la Administración (unos 132.000) tienen contrato temporal desde hace más de tres años. Es decir, por encima de lo que marca la legislación.

Las Administraciones no salen bien paradas en la foto si la comparación se hace con el sector privado. Tomando como referencia la última Encuesta de Población Activa (EPA), sólo un 12% de los ocupados en este ámbito tienen un contrato temporal.

El escrutinio de Bruselas

Esas son sólo las cifras más recientes, pero el problema de la interinidad en el sector público español se extiende en el tiempo. Para intentar paliarlo, y también cumplir con los compromisos asumidos con Bruselas, el Gobierno aprobó la Ley 20/2021.

El objetivo principal de esta norma era reducir de manera drástica el elevado porcentaje de contratos temporales en las administraciones y situar la tasa de temporalidad por debajo del mencionado 8% antes de finales de 2024.

La Comisión Europea exigía que la reforma incluyera mecanismos sólidos para prevenir la reincidencia y sancionar eficazmente las prácticas abusivas en todas las administraciones públicas.

Inicialmente, Bruselas aceptó como válidas las garantías ofrecidas por el Ejecutivo, que defendía que la legislación preveía sanciones “efectivas, proporcionales y disuasorias”.

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Sin embargo, la postura del Ejecutivo comunitario cambió debido a varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestionaron la adecuación y suficiencia de las medidas recogidas en la norma.

El TJUE apuntó que las fórmulas previstas –como los procesos extraordinarios de estabilización y compensaciones económicas– no resultaban del todo proporcionales ni disuasorias frente al abuso de temporalidad.

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Tras estos dictámenes del tribunal europeo, la Comisión ha decidido suspender el desembolso de 626 millones de euros del quinto pago de los fondos Next Generation asignados a España. La cifra se eleva hasta los 1.100 millones si se tienen en cuenta otras cuestiones como la imposibilidad de elevar los impuestos al diésel.

Bruselas ha señalado específicamente que la normativa española, incluida la Ley 20/2021 y los procesos extraordinarios de estabilización, no cumplen las exigencias europeas de sancionar el abuso de temporalidad con medidas realmente disuasorias.

Rechazo sindical

A la recriminación de la Comisión Europea a la interinidad se suma el rechazo sindical a la oferta pública de empleo de 2025. Recriminan, entre otras cuestiones, que los puestos aprobados “impedirán solucionar los problemas estructurales”.

Es lo que advierten desde CSIF, sindicato que también señala que se mantiene la tasa de reposición, lo que "impedirá reforzar ámbitos deficitarios conforme a las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad" en la Administración del Estado.