Moncloa, dispuesta a renunciar a 60.000 millones en créditos Next Gen por el retraso en la recepción de fondos

Una postura con la que el Ejecutivo se arriesga a perder buena parte de los casi 60.000 millones de créditos blandos pendientes de recibir.

La estrategia de Sánchez se aleja así del método seguido por los Gobiernos de Mario Draghi primero y Giorgia Meloni después en Italia, el principal beneficiario de los fondos Next Gen. Desde el principio, Roma ha solicitado al mismo tiempo créditos y subvenciones.

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El resultado es que ya ha logrado el desembolso de siete pagos que representan el 73% de los fondos (139.900 millones de euros). En total, Roma tiene adjudicados 194.400 millones: 71.800 en subvenciones y 122.600 millones en créditos.

En contraste, la entonces ministra de Economía española, Nadia Calviño, en un primer momento solo pidió las subvenciones y demoró la solicitud de créditos hasta marzo de 2023.

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Cuando se ejecute el quinto pago, España solo habrá recibido el 44% de los fondos Next Gen (70.000 millones) y un único desembolso de créditos por valor de 16.000 millones. A España le corresponden 163.000 millones: 80.000 en subvenciones y 83.000 en créditos.

Esta baja cifra de ejecución es cada vez más preocupante porque las fechas apremian. Según el reglamento del fondo Next Generation, todas las reformas e inversiones exigidas a cambio de los desembolsos deben estar concluidas el 31 de agosto de 2026, un plazo improrrogable. De lo contrario, se perderán todos los fondos pendientes.

Subvenciones

El sucesor de Calviño, Carlos Cuerpo, admite que la prioridad absoluta para el Gobierno es ahora agotar las subvenciones -que no engordan la deuda pública- y relega los créditos a un segundo plano.

De hecho, el Ministerio de Hacienda presume de que España ya ha alcanzado el 70% de las transferencias (55.000 millones) y supera en este capítulo a Italia.

"El gran objetivo es que no quede ni un euro de las transferencias por ejecutar", dijo Cuerpo tras la reunión del Eurogrupo del pasado lunes, en la que se retiró de la carrera a la presidencia tras constatar que no tenía suficientes votos. "Vamos a pelear por ese 30% adicional, para aprovecharlo hasta el último día", subrayó.

En contraste, el ministro de Economía señaló que los préstamos Next Gen "tienen como objetivo dar continuidad a esas inversiones promovidas por las transferencias, pero son un elemento que queda a demanda de las empresas, a demanda de nuestras industrias". Es decir, da a entender que España no descarta renunciar a parte de estos créditos.

Reformas

Pero incluso si se concentra únicamente en agotar las subvenciones, el Gobierno de Sánchez va a chocar con crecientes dificultades por falta de votos en el Congreso para aprobar las reformas prometidas a la UE a cambio del dinero.

La primera muestra se ha visto con el recorte de 1.100 millones en subvenciones impuesto por la Comisión de Ursula von der Leyen en este quinto pago, cuyo valor total asciende a 23.000 millones (7.000 en transferencias y 16.000 en créditos).

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En este caso, se trataba en particular de la subida del impuesto al diésel, que el Congreso tumbó en noviembre de 2024 por la oposición de Podemos y que el Gobierno no se ha atrevido siquiera a plantear de nuevo en todo el tiempo transcurrido desde entonces.

El Ejecutivo español tampoco ha desplegado a tiempo las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales. Buena parte del recorte se justifica además por los fallos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que consideran insuficientes las reformas de Sánchez para reducir la temporalidad en el sector público.

Cuerpo confía en que las dos últimas cuestiones podrán resolverse en el plazo de 6 meses del que dispone el Gobierno para corregir la situación. Pero admite que será mucho más complicado en el caso de la subida del impuesto al diésel. "Seguiremos trabajando a nivel doméstico", se limitó a señalar. Si no hay solución de aquí a fin de año, el dinero asociado (460 millones) se perdería de forma definitiva.

A cambio de los cuatro pagos de subvenciones que quedan, el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a sacar adelante una docena de leyes, que tendrían que aprobarse en las Cortes de aquí a agosto de 2026, pero para los que no tiene garantizados los votos suficientes.

Próximos pagos

Los principales problemas corresponden al siguiente pago, el sexto, valorado en alrededor de 5.000 millones de euros de transferencias a fondo perdido.

Para recibir íntegramente estas ayudas, Sánchez tendría que aprobar en las próximas semanas la Ley de Industria, la Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, la Ley sobre el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud o la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos.

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Entre las condiciones del sexto pago figuran además la entrada en vigor de legislación para reorganizar y simplificar el sistema de prestaciones económicas no contributivas, medidas legislativas y reglamentarias para reforzar los derechos de autor y derechos conexos, la Ley del Cine y la Ley de Ordenación de Determinadas Profesiones del Deporte.

El séptimo pago de 7.500 millones de euros incluye la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, la Ley de Servicios de Atención al Cliente o la Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero.

En definitiva, aunque el Gobierno de Sánchez renuncie a una parte importante de los préstamos Next Generation y se concentre exclusivamente en las subvenciones, la falta de apoyos parlamentarios podría impedir la aprobación de estas reformas y provocar la pérdida también de estas transferencias.